El Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes volvió a emitir su citación para acceder a los registros financieros del presidente Donald Trump, según una presentación judicial.
La citación renueva la petición a la empresa de contabilidad de Trump, Mazars USA, para que entregue ocho años de registros financieros relacionados con el expresidente y sus negocios, como parte de una investigación sobre las acusaciones sobre los estados financieros del presidente.
Trump acudió al tribunal federal para impugnar la citación original para bloquear su aplicación poco después de que se emitiera en abril de 2019. Esa citación expiró en enero cuando los nuevos legisladores asumieron el cargo.
Los abogados de cada una de las partes en el caso informaron al juez el martes de que la citación había sido reemitida por el nuevo panel de Supervisión a Mazars el 25 de febrero. También presentaron un calendario sobre cómo procederían las partes en el caso, al mismo tiempo que pedían al tribunal que fijara una fecha para la audiencia.
La citación muestra un plazo de respuesta hasta el mediodía del 11 de marzo, pero los abogados dijeron que el panel de Supervisión «está de acuerdo en suspender voluntariamente la fecha de entrega de la citación en espera de la resolución de este Tribunal sobre la aplicabilidad de la citación».
Los abogados de Trump y Mazar no respondieron inmediatamente a la solicitud de The Epoch Times para hacer comentarios sobre la citación renovada.
La presidenta del Comité de Supervisión, Carolyn Maloney (D-N.Y.), dijo en un memorando el 23 de febrero que el comité continuará durante el 117º Congreso dirigiéndose a Trump para su investigación sobre los conflictos de intereses presidenciales, diciendo que sus documentos financieros son cruciales para «verificar los hechos clave y adaptar las reformas legislativas para que sean lo más eficaces y eficientes posible».
«Las acciones sin precedentes de Donald Trump como presidente —incluyendo su negativa a desprenderse de sus ‘complejas y opacas participaciones financieras’— han puesto al descubierto varias debilidades y lagunas aparentes en las leyes y regulaciones que rigen la divulgación financiera presidencial, los conflictos de intereses y los emolumentos», escribió Maloney.
Trump por su parte calificó repetidamente las investigaciones que buscan sus registros financieros como una prolongación de una «cacería de brujas» política, mientras que sus abogados y el exprocurador general Noel Francisco plantearon en los tribunales dudas sobre la existencia de propósitos legislativos legítimos para emitir las citaciones. En cambio, los abogados dijeron que la Cámara buscaba los registros para acosar al presidente, «exponer asuntos personales y llevar a cabo actividades legislativas más allá de su autoridad».
El caso relacionado con la citación del comité de supervisión pasó por meses de litigio antes de llegar a la Corte Suprema en 2020. Se combinó con un caso separado en el que Trump impugnaba una citación diferente emitida por los comités de Servicios Financieros y de Inteligencia que buscaba registros financieros de dos de sus bancos.
En ambos casos, los tribunales de distrito denegaron sus solicitudes para bloquear las citaciones, y las decisiones fueron confirmadas en apelación. Trump pidió entonces a la Corte Suprema que revisara los casos.
En julio de 2020, el máximo tribunal devolvió el par de casos a los tribunales inferiores para que los revisaran de nuevo porque esos tribunales no habían tenido en cuenta las «preocupaciones especiales relativas a la separación de poderes».
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que escribió la opinión mayoritaria, dijo que los tribunales inferiores deberían «realizar un análisis cuidadoso que tenga en cuenta adecuadamente los principios de separación de poderes en juego, incluyendo tanto los importantes intereses legislativos del Congreso como la ‘posición única’ del Presidente».
El análisis debe incluir la consideración de si el propósito legislativo afirmado justifica la necesidad de la información del presidente, si el alcance de la citación es lo suficientemente limitado como para que siga apoyando el objetivo legislativo, y examinar la evidencia que el Congreso ha proporcionado para «establecer que una citación promueve un propósito legislativo válido», dijo Roberts.
En otro caso, el fiscal del distrito de Manhattan Cyrus Vance Jr. consiguió las declaraciones de impuestos de Trump después de que la Corte Suprema dictaminara que no bloquearía la entrega de los documentos a la oficina de Vance. Vance había buscado los documentos como parte de una investigación criminal.
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