El organismo de control interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no encontró ninguna irregularidad por parte de los funcionarios de inmigración en la muerte de dos niños inmigrantes que murieron el año pasado.
Los dos niños murieron en diciembre pasado bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza (CBP) después de haber hecho el peligroso viaje a través de México para cruzar a los Estados Unidos ilegalmente. Jakelin Maquin murió el 8 de diciembre de sepsis causada por una infección bacteriana a la edad de 7 años, mientras que Felipe Gómez Alonzo murió el 24 de diciembre a la edad de 8 años también de sepsis causada por una bacteria. El departamento inició investigaciones después de su muerte.
En ambos casos, el organismo de vigilancia declaró que «la investigación no encontró ninguna mala conducta o malversación por parte del personal del DHS».
La muerte de los niños se produjo en un momento en que Estados Unidos se enfrentaba a un flujo de inmigración ilegal sin precedentes en la frontera sur que había desbordado las instalaciones fronterizas, los recursos y el sistema de inmigración. Hubo 977,509 aprehensiones o personas consideradas inadmisibles a lo largo de la frontera suroeste en el año fiscal 2019, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de la Frontera de Estados Unidos.
«Todavía estamos tristes por la trágica pérdida de estas jóvenes vidas, y continuamos reforzando los exámenes médicos y la atención en las instalaciones del DHS en la frontera», dijo a Associated Press una portavoz de Seguridad Nacional. «Los hombres y mujeres de la Patrulla Fronteriza están comprometidos con los más altos estándares de profesionalismo y cuidado».
Ambos niños viajaban con uno de sus padres en el momento de su muerte. Maquin fue aprehendida con su padre en Antelope Wells, Nuevo México, el 6 de diciembre de 2018. El examen inicial no reveló ninguna evidencia de problemas de salud, dijo el departamento en ese momento. Durante un viaje en autobús de 90 millas (145 km) a otro centro de CBP, la niña se enfermó con fiebre y vómitos. También comenzó a tener convulsiones.
Al llegar al centro, la niña fue tratada por el personal médico y luego fue trasladada en avión a un hospital donde fue declarada muerta al día siguiente.
Mientras tanto, el otro niño, Alonzo, fue detenido con su padre cerca de El Paso, Texas, y transportado a un puesto de control del CBP en Alamogordo, Nuevo México, para esperar la colocación de la familia. El niño comenzó a mostrar signos de enfermedad el 23 de diciembre y fue transportado al hospital más cercano para su evaluación y tratamiento.
Se le diagnosticó una infección de las vías respiratorias superiores, se le prescribieron medicamentos y se le dio de alta. La condición del niño mejoró brevemente y luego bajó en espiral. Fue transportado al hospital donde no respondió y fue declarado muerto.
El número de cruces fronterizos hacia los Estados Unidos desde México ha disminuido en los últimos meses debido a una serie de políticas de la administración Trump, como la expansión de los Protocolos de Protección al Migrante. Esta semana, la administración Trump anunció otro impulso para controlar el número de solicitudes de asilo mediante la expansión del número de delitos que descalificarían a un inmigrante de buscar asilo en una regla propuesta.
La propuesta, anunciada el miércoles por el Departamento de Justicia y el DHS, tiene como objetivo ayudarles a «dedicar más recursos a la adjudicación de los casos de asilo presentados por extranjeros no criminales». También parece ser el intento de la administración de abordar el atraso de los casos activos que se están procesando actualmente en el sistema.
La regla propuesta añade siete categorías adicionales de crímenes que harían a los inmigrantes inelegibles para recibir protección en los Estados Unidos. Algunos de los crímenes incluyen un delito grave bajo la ley federal o estatal, contrabando de extranjeros, reingreso ilegal y otros delitos menores. La propuesta todavía tendrá que pasar por un período de comentarios públicos —que terminará el 21 de enero del próximo año— antes de que pueda ser implementada.
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