El Comité del 6 de enero publicó el esperado informe sobre su investigación de la irrupción del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, en el que los autores apuntan contra el expresidente Donald Trump, culpándole de haber participado en una «conspiración de múltiples pasos» para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
El informe completo de 814 páginas (pdf) se publicó días después de que el panel diera a conocer un resumen (pdf) del informe y apuntara contra Trump votando a favor de emitir una recomendación para que el Departamento de Justicia (DOJ) estudie al menos cuatro cargos penales en su contra, entre ellos de obstrucción e insurrección. La remisión es un acto simbólico y el Departamento no está obligado a actuar de acuerdo con las recomendaciones del panel.
El comité del 6 de enero, que tiene nueve miembros, ha sido criticado durante mucho tiempo por su aparente partidismo, en parte porque los dos únicos republicanos en el panel —el representante Adam Kinzinger (R-Ill.) y la representante Liz Cheney (R-Wyo.)— son conocidos por su fuerte oposición a Trump.
«La causa central del 6 de enero fue un hombre, el expresidente Donald Trump, al que muchos otros siguieron», concluyeron los autores del informe, indicando que «[n]inguno de los acontecimientos del 6 de enero habría ocurrido sin él».
El informe final del grupo representa la culminación de 18 meses de investigación y se basa en las entrevistas de más de 1000 testigos, diez audiencias, así como millones de páginas de documentos, incluidos correos electrónicos, textos y registros telefónicos.
En el documento se enumeran 17 acusaciones específicas. Los autores indican que se formularon basándose en la información que recopilaron. También propone 11 recomendaciones legislativas en un esfuerzo por evitar otra irrupción.
«Este informe proporcionará más detalles sobre el esfuerzo de varios pasos ideado e impulsado por Donald Trump para anular las elecciones de 2020 y bloquear el traspaso de poderes», escribió el presidente del Comité del 6 de enero, el representante demócrata Bennie Thompson, en el prólogo del documento.
El Comité del 6 de enero se disolverá al final del actual Congreso, en enero de 2023, cuando los republicanos tomen el control de la Cámara.
Altamente partidista
Tras la publicación del informe final, Trump lo calificó en sus declaraciones de «altamente partidista» y de «caza de brujas». Ellos fallaron en «estudiar el motivo de la protesta [del 6 de enero], el fraude electoral», escribió el expresidente.
Esto marca la primera vez en que legisladores someterían a un expresidente a un proceso penal. Un cargo de insurrección impediría, en caso de condena, que Trump volviera a presentarse a las elecciones. Trump anunció en noviembre que aspira de nuevo a la presidencia.
Previamente, en febrero de 2021, Trump fue absuelto por el Senado en un juicio de impeachment por el cargo de incitación a la insurrección. Antes de eso, en febrero de 2020, fue absuelto por el Senado en su primer juicio de impeachment por dos cargos: abuso de poder y obstrucción al Congreso.
«Esta gente no entiende que cuando vienen por mí, la gente que ama la libertad se reúne a mi alrededor. Eso me fortalece. Lo que no me mata me hace más fuerte», escribió Trump en una declaración posteada en su plataforma Truth Social el 19 de diciembre, en respuesta a las acusaciones penales del panel.
«Los estadounidenses saben que presioné para que hubiera 20,000 soldados para evitar la violencia el 6 de enero y que salí en televisión y les dije a todos que se fueran a casa», añadió el exmandatario.
Contrainforme
El 21 de diciembre, antes de la publicación del informe final, el comité del 6 de enero dio a conocer una colección de 34 transcripciones con declaraciones de testigos de su investigación. La mayoría de los 34 testigos no respondieron a las preguntas durante todo o parte de su testimonio, sino que optaron por acogerse a su derecho a no autoinculparse, recogido en la Quinta Enmienda. Más tarde, a principios del 22 de diciembre, la comisión hizo públicas varias transcripciones más de las declaraciones de los testigos.
A la vez, cinco republicanos de la Cámara de Representantes publicaron el 21 de diciembre un contrainforme (pdf) centrado en las fallas de seguridad en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. El informe, dirigido por el presidente entrante del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R-Ohio), y el representante Jim Banks (R-Ind.), revela que el personal a las órdenes de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.), habría desempeñado un papel clave en la planificación de la seguridad que fracasó a la hora de proteger el Capitolio el 6 de enero de 2021.
Los cinco legisladores que publicaron el informe habían sido inicialmente propuestos por el líder republicano, Kevin McCarthy (R-Calif.), para formar parte del comité el 6 de enero. Pelosi se negó incluir a dos de los cinco, tras lo cual todos fueron retirados de la consideración. En respuesta, McCarthy calificó la decisión de Pelosi de «gravísimo abuso de poder».
El 6 de enero de 2021, la sesión conjunta del Congreso se interrumpió temporalmente cuando un grupo considerable de manifestantes entró en el edificio del Capitolio y sus alrededores. Fuera se encontraban otros miles de manifestantes, en su mayoría pacíficos, que se habían reunido ese día en Washington para expresar su preocupación por la integridad de las elecciones.
Inmediatamente después del incidente se registraron un total de cinco muertes. Tres de las muertes se determinaron finalmente como causas naturales, otra se consideró un homicidio debido a las acciones de un agente de la Policía del Capitolio, y la muerte restante se consideró un accidente, pero el vídeo revelado en diciembre de 2021 sugería que la persona había sido golpeada previamente por un agente de policía mientras yacía inconsciente cerca del edificio del Capitolio.
A finales de diciembre, el Departamento de Justicia presentó cargos en contra de más de 900 personas, acusándolas de que el 6 de enero de 2021 cometieron delitos federales. Más de 480 de ellos se han declarado culpables de uno o más cargos.
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