WASHINGTON —Se espera que en el próximo Congreso se emplee un mecanismo poderoso pero poco conocido para avanzar en partes significativas de la agenda legislativa del presidente electo Donald Trump.
El mecanismo de conciliación presupuestaria se puede utilizar para aprobar ciertos tipos de legislación sin tener que superar el umbral de 60 votos del obstruccionismo en el Senado. Al evitar el obstruccionismo, solo se necesita una mayoría simple en el Senado.
La conciliación, establecida por la Ley Presupuestaria del Congreso de 1974, puede utilizarse para aprobar medidas relacionadas con tres cuestiones: impuestos, gastos y deuda.
Técnicamente, se pueden aprobar varios proyectos de ley de conciliación por separado dentro de un mismo ejercicio fiscal, siempre que cada uno de ellos aborde solo uno de estos tres temas. Por ejemplo, puede haber un proyecto de ley de conciliación enfocado únicamente al gasto, sin incluir disposiciones relacionadas con la fiscalidad o la deuda. Sin embargo, los proyectos de ley de conciliación suelen abordar más de una de las tres cuestiones, lo que limita al Congreso a un único proyecto de ley de conciliación para el ejercicio fiscal.
¿Qué legislación se ha promulgado en virtud de la conciliación?
En 2022, los demócratas recurrieron a la conciliación para aprobar la Ley de Reducción de la Inflación, que incluía gastos en medidas de protección del medio ambiente y asistencia médica, así como el establecimiento de créditos fiscales y un impuesto del 15% para determinadas empresas. Así, el proyecto de ley abarcaba tanto la categoría de gastos como la de impuestos.
Según la Norma Byrd, llamada así por el difunto senador Robert Byrd (D-W.Va.), los proyectos de ley de conciliación no pueden aumentar el déficit más allá de una década y no se pueden utilizar para introducir cambios en la Seguridad Social. Las medidas deben emanar de comisiones con jurisdicción sobre el tema. Por ejemplo, la Comisión de Comercio del Senado puede proponer enmiendas relacionadas con el transporte, pero no con la seguridad nacional.
La norma también establece que la conciliación no se puede utilizar para aprobar medidas cuyos efectos sobre el gasto o los impuestos sean mínimos. Por ejemplo, los legisladores podrían intentar incluir una enmienda en un proyecto de ley fronteriza en el marco de la conciliación que obligue al presidente a cerrar la frontera si se producen 100 entradas ilegales en un día. Aunque una disposición de este tipo implica costos, como el pago a los agentes de la Patrulla Fronteriza, el gasto se consideraría secundario, por lo que la enmienda probablemente no sería admisible en el marco de la conciliación.
La decisión sobre la pertinencia de las enmiendas corresponde al parlamentario de la cámara en la que se presenta la enmienda.
El proceso de conciliación se utilizó en un intento fallido del Partido Republicano de derogar y reemplazar el Obamacare en 2017, pero tuvo éxito ese mismo año para aprobar la reforma fiscal de Trump y los recortes de impuestos para el año fiscal 2018, que comenzó el 1 de octubre. Debido a que los proyectos de ley de conciliación están vinculados al año fiscal, el plazo para su aprobación expira el 30 de septiembre.
Los demócratas usaron la conciliación en 2021 para aprobar el Plan de Rescate Americano, que proporcionaba cheques de estímulo a los estadounidenses y aumentaba la reducción fiscal por hijos en respuesta a la pandemia del COVID-19.
¿Qué es el proceso de conciliación?
El proceso de conciliación comienza cuando el Senado y la Cámara de Representantes aprueban una resolución presupuestaria idéntica con una cifra tope.
Por ejemplo, un proyecto de ley de conciliación para financiar la seguridad fronteriza podría tener una cifra máxima de 1 billón de dólares. Los costos totales del proyecto de ley no pueden superar esa cantidad, lo que conlleva la exclusión o reducción de algunas medidas. Un proyecto de ley de fronteras con esa cifra máxima podría asignar 50 millones de dólares a una barrera fronteriza, pero esto supondría 50 millones menos para otras prioridades, como las tecnologías fronterizas.
En el Senado se permiten hasta 20 horas de debate sobre la resolución presupuestaria. El proceso suele incluir lo que se conoce como «voto-a-rama», durante el cual los senadores proponen un número ilimitado de enmiendas, muchas de ellas simbólicas. Estas enmiendas son a menudo un intento de la oposición de retrasar o bloquear la resolución, a pesar de que solo requiere una mayoría simple para ser aprobada.
Algunas de las enmiendas no son vinculantes. Por ejemplo, los republicanos del Senado presentaron una enmienda al proyecto de presupuesto para retirar la financiación federal a las jurisdicciones que desfinancien sus departamentos de policía. Se trata de una respuesta al movimiento de desfinanciación de la policía, que cobró importancia tras la muerte de George Floyd en 2020.
Cuando ambas cámaras aprueban una resolución idéntica, se desbloquea la posibilidad de aprobar un proyecto de ley a través de la conciliación. Aunque la resolución de conciliación no requiere la firma del presidente, ya que no tiene fuerza de ley, el proyecto de ley final aprobado a través de la conciliación sí la tiene. Si el presidente veta la ley, se requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para anular el veto.
¿Cómo se podría utilizar la conciliación el próximo año?
En enero, el Partido Republicano controlará la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, lo que facilitará la aprobación y promulgación de proyectos de ley de conciliación.
Los líderes del Partido Republicano en la Cámara de Representantes han guardado silencio sobre lo que se aprobará mediante la conciliación. El presidente de la Cámara, Mike Johnson (R-La.), dijo que los detalles se revelarán «en las próximas semanas».
Sobre la base de las promesas de campaña de Trump, se espera que los republicanos usen el mecanismo para ampliar los recortes de impuestos de 2017 y derogar al menos partes de la Ley de Reducción de la Inflación.
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