Comentario
Cuando el entonces jefe del máximo tribunal electoral de Brasil, el juez de la Corte Suprema José Dias Toffoli, declaró oficialmente a Jair Bolsonaro como ganador de las elecciones presidenciales de 2018, hizo este insólito pronunciamiento: «El futuro presidente debe respetar las instituciones, debe respetar la democracia, el estado de derecho, el poder judicial, el Congreso Nacional y el poder legislativo». Estas declaraciones fueron tomadas como un reproche a las opiniones conservadoras del nuevo presidente.
Sin embargo, es irónico que una de las principales amenazas a la democracia provenga en realidad de un poder judicial altamente politizado.
Para dar un ejemplo, el 21 de febrero de 2021, el juez Gilmar Mendes, de la Corte Suprema, se reunió con el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y con otros diez diputados federales, para discutir lo que debían hacer respecto al presidente brasileño.
Les dijo a estos políticos que era urgente acabar con la «amabilidad» del Congreso y de la Corte hacia el mandatario elegido democráticamente. Mendes propuso «un ataque más duro» contra Bolsonaro: quería «tolerancia cero» con el presidente.
Para dar otro ejemplo, en mayo de 2021, Celso de Mello, entonces el miembro más antiguo de la Corte Suprema, envió un mensaje de texto a sus compañeros judiciales comparando al presidente brasileño con Adolf Hitler. Dijo a sus colegas del tribunal que era «necesario combatir» a Bolsonaro.
¿»Semipresidencialismo»?
Durante su intervención en el noveno Foro Jurídico de Lisboa, en Portugal, el 16 de noviembre, Dias Toffoli comentó que «presidir Brasil no es fácil» y que él y sus colegas de la Corte «han tomado medidas para mitigar los impactos de la pandemia en Brasil».
«Ya tenemos un semipresidencialismo con un control de poder moderador que actualmente es ejercido por la Corte Suprema», dijo.
Por supuesto, el sistema de gobierno en Brasil, según su Constitución, es presidencial. Este supuesto «semipresidencialismo» solo se encuentra en las mentes creativas de estos jueces activistas. En la práctica, equivale a una usurpación de los poderes ejecutivos por parte de la élite judicial no elegida.
El proceso de nombramiento de los jueces de la Corte Suprema en Brasil es prácticamente idéntico al de Estados Unidos. Estos altos jueces son propuestos al tribunal por el presidente y luego deben ser confirmados por la mayoría absoluta del Senado tras una audiencia de confirmación.
Sin embargo, los últimos cuatro años en Brasil se han caracterizado por un notable aumento del activismo judicial. Una cuestión que se plantea a menudo es si los jueces de Brasil se están convirtiendo en una oligarquía atrincherada y carente de toda responsabilidad.
Estamos viendo en Brasil la instalación de una élite judicial dotada de poderes extraordinarios que le permiten tomar decisiones avanzadas contra leyes que entran en conflicto con sus intereses personales. Algunos jueces brasileños creen, de hecho, que el proceso de adjudicación es totalmente subjetivo en su naturaleza.
Así es como el exjuez de la Corte Suprema Marco Aurélio Mello describió su propio método peculiar de decidir casos: «Siempre que me enfrento a un caso controvertido, no busco el dogma de la ley. Intento crear dentro de mi carácter humano una solución más adecuada».
Consecuencias en el mundo real
Los jueces activistas como él suelen interferir en los asuntos legislativos y en las políticas gubernamentales para poder avanzar en su agenda más «progresista». El 26 de junio de 2019, por ejemplo, el juez Luis Roberto Barroso ordenó que los presos transgénero que hayan nacido biológicamente como hombres vayan a cárceles de mujeres porque, en su opinión, «es la única medida que les permite tener un entorno social compatible con su identidad de género». Un año más tarde, también decidió que la homofobia y la transfobia debían clasificarse como delitos de racismo en el marco de la legislación vigente contra la discriminación.
Un problema grave en Brasil es la existencia de las llamadas «decisiones monocráticas», en las que un solo juez puede pronunciarse sobre una variedad de asuntos con amplias ramificaciones. Cada juez individual tiene el poder de suspender una audiencia sin más examen y de aplazar una audiencia indefinidamente, así como de dictar medidas cautelares en asuntos de impacto sustancial.
Entre 1988 y 2018, se estima que el 72% de todos los casos decididos por la Corte Suprema se basaron en estas «decisiones monocráticas».
En Brasil, los jueces de la Corte Suprema tienen objetivos políticos muy ambiciosos y toman decisiones en consecuencia. En uno de sus artículos académicos (pdf), el juez Barroso intenta justificar su activismo afirmando que su tribunal «goza de una posición de supremacía» sobre los otros dos poderes del Estado, el ejecutivo y el legislativo. Esta «supremacía», argumenta, está relacionada con la interpretación de lo que debe ser la ley, por lo que «requiere un ejercicio de poder político por parte del tribunal con todas sus implicaciones para la legitimidad democrática».
Barroso aboga abiertamente por una mayor participación del tribunal en «la concreción de los fines y valores constitucionales», lo que se traduce en un mayor grado de injerencia en la esfera de actividades más frecuentemente asociadas a los poderes legislativo y ejecutivo.
En muchos casos, no habría un conflicto real de poderes porque, según él, solo habría una ocupación de los espacios vacíos dejados por los otros poderes del Estado, para que jueces no electos como él pudieran simplemente intervenir.
Los jueces no hacen la ley
En el corazón del método de Barroso está la noción de que, al decidir un caso, un juez debe mejorar la ley si esta área del derecho parece defectuosa. Esto puede justificarse por el aparente fracaso del legislador a la hora de reformar la ley, por lo que los jueces deberían asumir la tarea.
Lord Reid, uno de los jueces más destacados del siglo XX, respondió a la afirmación de que es tarea de los jueces hacer lo que el legislador debería haber hecho, pero no hizo, diciendo que «donde el parlamento ha temido pisar no es para que los tribunales se precipiten».
El papel constitucional de los jueces no es hacer la ley, sino impartir justicia de acuerdo con la ley. Los jueces juran aplicar la ley existente y no participar en debates controvertidos sobre ella, y ciertamente no crear «nuevas leyes».
Según Dyson Heydon QC, magistrado jubilado del Tribunal Superior de Australia (pdf), «un juez al que no le gusten las limitaciones de la pertenencia a la judicatura porque le impiden cumplir un programa o una agenda particular, debería abandonar el grupo, unirse a un partido político o fundarlo, y tratar de entrar en una legislatura».
Afirmar que los jueces no elegidos tienen algún papel en la mejora de la ley es, en palabras del expresidente del Tribunal Supremo de Australia, Murray Gleeson, que «los jueces no tienen derecho a basar sus decisiones sobre la validez de la legislación en su aprobación o desaprobación personal de la política de la misma. Cuando lo hacen, pierden su legitimidad».
Poder sin responsabilidad
Una reciente encuesta realizada por DataPoder360, publicada el 15 de junio, revela que el 26% de los brasileños considera que la actuación de los jueces de la Corte Suprema es mala u horrible. Solo el 23% de la población los percibe positivamente. Estos resultados indican una grave falta de confianza en los miembros de la Corte Suprema.
El 7 de septiembre de 2021, cientos de miles de brasileños inundaron las calles de las principales capitales para protestar contra el activismo judicial. «Nuestro país no puede seguir siendo rehén de unos pocos jueces individuales», dijo Bolsonaro.
Esa fue una aparente referencia a los jueces de la Corte Suprema, especialmente Alexandre de Moraes y Luís Roberto Barroso, a quienes Bolsonaro acusa de atacarlo constantemente y bloquear su capacidad de gobernar en nombre del pueblo. Han ordenado una investigación del presidente y de su círculo íntimo por falsas acusaciones de «difusión de noticias falsas» dentro del gobierno.
Según J.R. Guzzo, un conocido periodista de Brasil, «los once miembros de la Corte Suprema creen seriamente que pueden hacer lo que quieran. Pueden liberar a políticos corruptos y narcotraficantes …. Incluso pueden arrestar a congresistas y periodistas por delitos de opinión».
Lamentablemente, solo hay una cosa que estos miembros del más alto tribunal judicial de Brasil parecen ser irremediablemente incapaces de hacer: defender la Constitución brasileña. En consecuencia, la principal amenaza para la democracia y el Estado de Derecho en Brasil proviene de una oligarquía judicial no electa y carente de toda responsabilidad y legitimidad democrática.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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