Dos comunidades indígenas en Perú entraron a su tercera semana de protesta para reclamar sus tierras tras haber sido reubicados en 2014 para dar lugar a la mina de cobre Las Bambas, propiedad de la empresa china MMG.
El pasado 14 de abril, más de un centenar de las personas de las comunidades de Fuerabamba y Huancuire irrumpieron en terrenos de Las Bambas para armar carpas cerca a la fosa abierta, en modo de protesta ante los presuntos compromisos incumplidos por la empresa china desde 2014, cuando vendieron sus tierras a la empresa.
Ahora, las comunidades buscan recuperar sus terrenos antiguos.
Las Bambas pertenece en un 62.5 % a MMG, unidad de la empresa estatal China Minmetals Corporation, con sede en Melbourne, Australia.
La mina proporciona el 2 por ciento del suministro de cobre a nivel mundial, con un valor USD 3000 millones anuales, informó Reuters. La protesta hizo que se detuviera la producción en la mina, y representa la crisis más grave a la que se ha enfrentado Las Bambas desde su apertura en 2016.
«Nosotros seguimos en la lucha (…) hemos enviado una carta a la empresa minera, igualmente a la [Presidencia del Consejo de Ministros], en donde [dijimos] que Las Bambas no puede mover ni un gramo de cobre de Las Bambas», dijo Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba a Reuters.
En 2014, la comunidad de Fuerabamba fue reubicada por Las Bambas, aunque la comunidad de Huancuire permaneció en el lugar. Sin embargo, ambos grupos formaron una alianza para negociar con el gobierno del presidente Pedro Castillo y la mina.
La minera de propiedad china solo habría cumplido 70 de los 171 compromisos que se establecieron en los acuerdos relacionados a los ejes de reasentamiento.
A fines de abril, un intento de la empresa china MMG de desalojar el campamento provocó enfrentamientos en los que al menos 14 personas resultaron heridas y no consiguió poner fin a la protesta.
Un residente de la comunidad Nueva Fuerabamba dijo a la agencia que la comunidad se sentía atrapada, ya que solo tenían una puerta de acceso y una puerta de salida.
«No teníamos movimiento. Toda la comunidad se sentía mareada. Como en una cárcel estábamos», dijo Rosalio Huachaco Mendoza a Reuters.
La empresa china dice que las protestas son ilegales. Sin embargo, rechazó las solicitudes de comentarios por parte de Reuters.
La comunidad respondió de que tenían derecho a la protesta tras el incumplimiento de compromisos, y condenaron a la empresa china por difamarlos y «acusarnos de crimen organizado».
Este martes, el presidente Castillo buscó la negociación entre las comunidades y la empresa china MMG para resolver el conflicto, y prometió corregir las decisiones del gobierno criticadas.
Tras la apertura de la mesa de diálogo, tanto los dirigentes y autoridades locales se quejaron de que no hayan acudido los ministros del sector, ni el primer ministro, Aníbal Torres.
Las autoridades regionales señalaron que la provincia de Apurímac pierde diariamente cerca de USD 2.6 millones por la paralización de actividades en Las Bambas, a raíz de las protestas de las comunidades vecinas.
Con información de EFE.
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