Cecily Aguilar, la única persona acusada en el caso de la desaparición y la muerte de Vanessa Guillén, fue sentenciada este lunes a 30 años de cárcel por su participación en el asesinato de la soldado latina en 2020.
Aguilar, de 24 años, se declaró culpable en noviembre del año pasado de un cargo de complicidad y tres cargos de hacer declaraciones falsas en relación con el asesinato de Guillén, con lo que evitó ir a juicio.
El Fiscal para el Distrito Oeste de Texas, Jaime Esparza, dijo que espera que la sentencia de hoy traiga alivio y justicia a la familia de Guillén.
Antes de la sentencia emitida en una corte en Waco (Texas) se escucharon los testimonios de la familia de Guillén y de autoridades que relataron las contradicciones de Aguilar al encubrir a su pareja, el soldado Aaron Robinson, en el desmembramiento del cuerpo de Guillén y el entierro de sus restos.
Robinson asesinó a Guillén, de 20 años, al golpearla varias veces con un martillo en la cabeza el 22 de abril de 2020 en la base militar de Fort Hood (Texas), donde la soldado estaba estacionada.
Guillén fue vista por última vez en el estacionamiento del Cuartel General del Escuadrón de Ingenieros del Regimiento de Caballería de Fort Hood.
Las llaves de su auto y de su habitación, así como su tarjeta de identificación y billetera, fueron encontradas en la sala de armas donde había trabajado ese mismo día.
Tras una fuerte campaña de la familia de Guillén para llamar la atención sobre su desaparición, los restos de la soldado fueron hallados el 30 de junio de 2020 cerca del río León, a 20 millas (32 kilómetros) de la base militar.
Al día siguiente, Robinson se suicidó, dejando a Aguilar como la única acusada en el caso.
En la audiencia se reveló hoy que Aguilar ayudó a desmembrar y quemar el cuerpo de Guillen. También ayudó a Robinson a revolver los restos de la soldado con cemento.
El caso de Guillén acaparó la atención nacional, los esfuerzos de la familia de Guillén y activistas lograron convocar un movimiento nacional que derivó en la Ley Soy Vanessa Guillén, incluida en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2022.
La ley exige que se establezca el acoso sexual como un delito bajo el Código de Justicia Militar.
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