Peter Navarro, exasesor de la Casa Blanca de Trump, ha sido condenado a penas simultáneas de cuatro meses de prisión y al pago de 9500 dólares de multa por negarse a cumplir con las citaciones del Congreso que, según él, estaban cubiertas por el privilegio ejecutivo.
«No he oído ni una palabra de arrepentimiento por parte del Dr. Navarro desde que comenzó este caso», dijo el juez de distrito Amit Mehta durante la audiencia de sentencia del Sr. Navarro el 25 de enero. Al dictar la sentencia, el juez Mehta destacó los logros académicos de Navarro y dijo que «no era un hombre de recursos» y que «superó dificultades económicas» en su vida.
Añadió que el país «tiene una deuda de gratitud» con Navarro por su trabajo sobre el coronavirus.
La audiencia de sentencia comenzó cuando el juez Mehta revisó las objeciones de la defensa a las declaraciones hechas en los archivos legales que alegan la falta de comunicación con el comité selecto de la Cámara que investigaba el 6 de enero después de su citación del 9 de febrero de 2022.
El Sr. Navarro había recibido citaciones del comité y, en septiembre, un jurado lo declaró culpable de dos cargos relacionados con el desacato al Congreso: incumplimiento deliberado de la obligación de proporcionar registros e incumplimiento deliberado de la obligación de comparecer para prestar testimonio. Cada cargo conllevaba la posibilidad de una multa de 100,000 dólares y de 30 días a un año de prisión.
La defensa y el juez Mehta hablaron de la necesidad de que el Sr. Navarro reconociera haber actuado mal. Dijo que el Dr. Navarro no expresó una clara aceptación de responsabilidad y señaló que su memorando de sentencia acusaba al DOJ de una persecución politizada. Eso «me parece lo contrario de aceptar la responsabilidad», dijo el juez Mehta.
El 16 de enero, el juez Mehta negó la moción del Sr. Navarro para un nuevo juicio por preocupaciones de que el grupo de jurados había sido perjudicado por los manifestantes presentes cuando los miembros del jurado tomaron un descanso para almorzar.
“Sólo otro día tranquilo con carteles de poner a Peter en prisión y liberar al prisionero [del 6 de enero] afuera de la sala del tribunal mientras los jurados en medio de las deliberaciones vagan libres inexplicablemente”, dijo Navarro a The Epoch Times en ese momento. «Aparentemente no hay nada que ver aquí».
Su memorando de sentencia solicitaba no más de seis meses de libertad condicional y una multa de 100 dólares por cada cargo. También solicitó a la corte que concediera al Sr. Navarro la libertad en espera de apelación.
Antes de la audiencia, el Sr. Navarro habló fuera de la corte donde dijo que sus facturas legales superaban el millón de dólares.
El Sr. Navarro ha prometido apelat el caso y criticó el juicio. Su equipo legal argumentó que no desobedeció voluntariamente las citaciones porque el expresidente Donald Trump había invocado el privilegio ejecutivo.
«Las acciones del Dr. Navarro no se derivan de una falta de respeto por la ley, ni se derivan de ninguna creencia de que está por encima de la ley», decía su memorando de sentencia. «Más bien, el Dr. Navarro actuó porque creía razonablemente que tenía el deber de hacer valer el privilegio ejecutivo en nombre del expresidente Trump».
Navarro habla
El Sr. Navarro habló durante el discurso del juez a pesar de que su abogado dijo que se le había aconsejado no hacerlo.
El juez Mehta había dicho al abogado del Sr. Navarro, Stan Woodward, que tenía un «gran respeto» por el Sr. Navarro, lo que hizo que la situación fuera aún más «decepcionante para él». El juez Mehta dijo que el Sr. Navarro sabía que no debía hacer ciertas declaraciones públicas, que contribuyen a «por qué nuestra política es tan corrosiva».
El Sr. Navarro dio las gracias al juez y afirmó que se le había hecho creer que se había invocado y aceptado el privilegio ejecutivo. En un momento dado, dijo al juez Mehta que «mens rea», o el concepto legal de que un acusado sabía que su conducta era ilegal, «aparentemente no importa en esta sala».
El juez Mehta interrumpió y argumentó que él mismo no impidió que el Sr. Navarro utilizara mens rea, sino que su lectura de la ley lo llevó a creer que debía excluirse.
El Sr. Navarro también se refirió a los acontecimientos del 6 de enero de 2021. «No quiero meter la política, pero podemos discrepar respetuosamente sobre el ambiente político que rodea todo esto», dijo.
Añadió que «en el momento» en que estalló la violencia en el Capitolio, el 6 de enero se convirtió en uno de los peores días de su vida.
El juez Mehta también dijo a Woodward que «cualquier abogado que se precie» le habría dicho a Navarro que trabajara con el Congreso. Cuando el Sr. Navarro habló directamente con el juez Mehta, dijo que esa podría ser una «lección» extraída del juicio.
Privilegio ejecutivo
Los abogados del Sr. Navarro argumentaron que «la condena del Dr. Navarro refleja la aplicación de un precedente anticuado y cuestionable en este distrito. La historia está repleta [de] aquellos que [sic] se han negado a cumplir las citaciones del Congreso, y la condena del Dr. Navarro no debería ser desproporcionada respecto a la de aquellos individuos en situación similar».
El Sr. Navarro es sólo uno de los muchos allegados de Trump que se enfrentan a juicios relacionados con el 6 de enero y la posterior investigación del Congreso.
Señalaron cómo el Circuito de Washington estaba considerando una apelación de Steve Bannon, un exasesor de la Casa Blanca de Trump, quien afirmó que siguió el consejo de su abogado al no cumplir con una citación del Congreso porque el presidente Trump había invocado el privilegio ejecutivo. El Sr. Bannon fue condenado a cuatro meses de prisión, pero su sentencia ha sido suspendida a la espera de la apelación.
Los abogados del Sr. Navarro argumentaron que el caso de su cliente era diferente al del Sr. Bannon dado que la «citación de este último apenas buscaba información relacionada con el breve periodo del Sr. Bannon en la Casa Blanca, y el gobierno adoptó la posición de que el estatus del Sr. Bannon como ciudadano privado y que los materiales buscados estaban relacionados con asuntos que tomó como ciudadano privado le impedían invocar el privilegio ejecutivo».
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), por su parte, calificó la defensa del privilegio ejecutivo del Sr. Navarro de «sin mérito».
El Sr. Navarro, dijo, «consistentemente escudó su desafío detrás de alegaciones de privilegio ejecutivo que sabía que no tenían mérito, y lo hizo debido a su desprecio por el Comité y su misión».
«La sentencia impuesta al acusado debe reivindicar la autoridad del Congreso para investigar asuntos de importancia nacional y demostrar que no se tolerarán los ataques a la autoridad legítima del Congreso como poder co-igual del gobierno», decía el memorando de sentencia.
También señaló cómo la corte consideró que el Sr. Navarro no había proporcionado pruebas suficientes para demostrar que el presidente Trump había invocado el privilegio ejecutivo.
«No mostró respeto»
El DOJ pidió al juez Mehta el 18 de enero que Navarro recibiera una sentencia de seis meses de prisión. Los fiscales alegaron que el Sr. Navarro «no mostró respeto a la autoridad del Congreso» con su negativa a cumplir con la citación.
En lugar de acatar la petición del Congreso sobre un asunto de «importancia nacional», el Sr. Navarro «al igual que los alborotadores del Capitolio, antepuso la política, no el país, y obstaculizó la investigación del Congreso», decía el memorando de sentencia del DOJ.
«El acusado eligió la lealtad al expresidente Donald Trump sobre el estado de derecho, incluso después de ser informado de que el privilegio ejecutivo no excusaría su incumplimiento. Por su desacato sostenido y deliberado al Congreso, el Acusado debe ser condenado a seis meses de prisión por cada cargo —el extremo superior del rango aplicable de las Directrices de Sentencia de Estados Unidos— y multado con 200,000 dólares».
El escrito señalaba que las penas de prisión podrían imponerse simultáneamente. «La sentencia mínima obligatoria de un mes de prisión es insuficiente para justificar, castigar y disuadir los delitos del acusado», decía. «Por cada cargo, la corte debe imponer en su lugar una pena de seis meses de prisión».
Los abogados del Sr. Navarro acusaron al Departamento de Justicia de traicionar su deber de imparcialidad de múltiples maneras.
«La traición del gobierno pone de manifiesto su verdadero motivo: la persecución de un alto asesor presidencial de un principal oponente político», dice un escrito de su equipo legal.
Con información de Naveen Athrappully.
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