Las autoridades del departamento colombiano del Meta (centro) confirmaron quince casos del virus del PCCh en una cárcel de Villavicencio, la capital regional, donde la semana pasada se encendieron las alarmas por la muerte de dos reclusos por COVID-19 y la hospitalización de un tercero con síntomas.
«Tenemos quince nuevos casos positivos en nuestro departamento, más concretamente en Villavicencio y más concretamente en la cárcel de Villavicencio», dijo el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, en un video publicado en sus redes sociales.
Zuluaga aseguró que ya se puso en contacto con la dirección de la cárcel y con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para tomar «todas las medidas necesarias para estos pacientes que hoy están aislados».
El pasado 21 de marzo, una revuelta simultánea en trece cárceles colombianas, aparentemente para exigir protección contra el COVID-19, dejó 23 presos muertos y 83 heridos en la penitenciaría La Modelo, de Bogotá, en la peor matanza de reclusos que se recuerde en Colombia.
Ante esta situación, el Gobierno declaró la emergencia carcelaria y en los últimos días el Inpec ha organizado jornadas de limpieza y descontaminación en diferentes establecimientos del país en las que participan conjuntamente guardianes y reclusos.
Prisión en emergencia
El viernes de la semana anterior fue activado el protocolo de emergencia en salud en la cárcel de Villavicencio por la muerte por COVID-19 de un hombre de 63 años que estuvo recluido allí y había sido puesto en libertad el pasado 1 de abril.
El Inpec detalló que el hombre, condenado a 75 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir y porte de armas de fuego, fue ingresado en el Hospital Departamental de Villavicencio donde falleció por el virus del PCCh el 5 de abril.
La situación empeoró cuando el Inpec informó de que un segundo recluso, de 78 años, que compartió pabellón con el primer fallecido, murió en ese mismo centro penitenciario, y de que otro está hospitalizado con síntomas del virus del PCCh.
Al respecto, el procurador colombiano, Fernando Carrillo, dijo en Twitter que esa entidad insiste en «la urgencia de contener la propagación del coronavirus en las cárceles» del país, pues el caso de «Villavicencio es el comienzo de una tragedia anunciada».
Denuncia de «abandono total»
Trabajadores de la cárcel de Villavicencio publicaron este miércoles en las redes sociales un video en el que informan del «abandono total para enfrentar la crisis» causada por la pandemia.
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«Debido a la indolencia para la designación de los recursos, nuestro establecimiento enfrenta una crisis que puede cobrar muchas vidas», denunciaron los trabajadores.
Según dijeron, la entidad encargada de la administración de los recursos, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), «no ha garantizado prestación de servicios esenciales como la salud de los privados de libertad».
Agregaron que esa cárcel solo cuenta con «una enfermera jefe y un auxiliar de enfermería durante el día para una población de 1.780 privados de la libertad, quienes quedan sin la asistencia médica en horas de la noche».
«Esto deja ver que la Uspec no tiene un plan de contingencia frente a lo que estamos viviendo, lo que se vive por parte del cuerpo de custodia y vigilancia y los privados de la libertad», señalaron.
Prisión domiciliaria para los vulnerables
El presidente colombiano, Iván Duque, firmó en las últimas horas un decreto para enviar a prisión domiciliaria a cerca de 4000 presos que son más vulnerables al virus del PCCh, del que ya hay 2979 casos confirmados y 127 víctimas mortales en el país.
El beneficio durará seis meses y «previo concepto de las autoridades sanitarias competentes en lo relativo al COVID-19» podrá ser prorrogado.
«Cuando hayan transcurrido los seis meses, la persona deberá presentarse directamente en el establecimiento penitenciario en el que se encontraba antes de ser beneficiada por la medida», detalló el Ministerio de Justicia en un comunicado.
En ese sentido, precisó que la excarcelación incluye a presos mayores de 60 años; madres gestantes o con hijos menores de 3 años y a quienes padezcan cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica, diabetes insulinodependiente, trastorno pulmonar, hipertensión, anticoagulación y hepatitis C, entre otras enfermedades.
De igual forma beneficia a personas con movilidad reducida por discapacidad, a quienes estén condenados a penas de hasta cinco años de prisión, a aquellos condenados con «medida de aseguramiento por delitos culposos» y a los que hayan cumplido el 40 % de su pena.
Sin embargo, el Gobierno aclaró que no se beneficiarán los condenados por delitos de lesa humanidad o de guerra, ni por crímenes en contra de niños y adolescentes o por corrupción.
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