El representante Scott Perry (R-Pa.) demandó a la administración del presidente Joe Biden luego de que los funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) incautaran el teléfono del congresista, pero dice que se podría llegar a un acuerdo fuera de las cortes.
En una moción de emergencia presentada el 18 de agosto en una corte federal en Washington, Perry le pidió a la corte que detuviera la revisión de los datos incautados del teléfono y obligara a los funcionarios del gobierno a devolver los datos y cualquier otra propiedad que se incautó cuando ejecutó una orden judicial el 9 de agosto, y que prohibiera a los funcionarios la adquisición de cualquier otra información hasta que el asunto estuviera completamente litigado.
Perry afirma que los datos de su teléfono incluyen material protegido, incluso información protegida por el privilegio abogado-cliente.
Su abogado trató de plantear sus preocupaciones al gobierno, pero las preocupaciones fueron desestimadas, según la presentación de 16 páginas, que dice que el DOJ y/o el FBI tienen datos incautados del teléfono.
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios.
Perry dijo que le devolvieron el teléfono luego de que se lo quitaran.
La corte aún no se ha pronunciado sobre la demanda de Perry.
Nueva solicitud
El 24 de agosto, Perry presentó una nueva moción pidiéndole a la corte que suspendiera la moción de emergencia (suspensión temporal).
¿El motivo? La posibilidad de una resolución con el gobierno.
“El demandante hace esta solicitud a la luz de nuevas comunicaciones con el abogado del gobierno presentó su moción de emergencia sobre un proceso para evitar la divulgación de información que está protegida por la Cláusula de Discurso y Debate, el Privilegio Abogado-Cliente, y otros privilegios y protecciones aplicables», dijo John Irving, un abogado que representa a Perry, en la solicitud.
La Cláusula de Discurso y Debate de la Constitución de EE. UU. protege a los miembros del Congreso de alguna acción de aplicación de la ley.
«Conceder esta solicitud permitirá a las partes seguir discutiendo la posibilidad de resolver la moción de urgencia mediante un acuerdo. El demandante se reserva el derecho de renovar su Moción en caso de que dicha resolución no sea posible», añadió Irving.
A Perry, un aliado del expresidente Donald Trump, le incautaron el teléfono un día después de que agentes del FBI allanaran la residencia de Trump en Mar-a-Lago.
Perry dijo a The Epoch Times que tres agentes del FBI le incautaron el teléfono. Los agentes no intentaron ponerse en contacto con su abogado.
“Mi teléfono contiene información sobre mis actividades legislativas y políticas, y discusiones personales/privadas con mi esposa, familia, electores y amigos. Nada de esto es asunto del gobierno”, dijo Perry anteriormente.
El congresista dijo posteriormente que se enteró de que no era el objetivo de la investigación para la que se requisó el teléfono, pero los detalles de la investigación siguen sin estar claros.
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