El representante Tony Gonzales (R-Texas) ha dicho que la desfinanciación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) podría ser una opción si el gobierno de Biden desestima una sentencia judicial que suspendió la aprobación de la píldora abortiva mifepristona.
Gonzales, que forma parte del Comité de Asignaciones, dijo que los republicanos de la Cámara de Representantes podrían decidir utilizar el «poder del presupuesto» para exigir responsabilidades a la administración.
«Es muy peligroso que la Administración, la Administración Biden, salga a decir que puede que no mantenga una decisión», dijo Gonzales durante una entrevista para el programa «State of the Union» de la CNN el 9 de abril.
«Como representante del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, los republicanos tienen el poder del presupuesto».
«Y si la administración quiere no liderar este fallo, no estar a la altura de este fallo, entonces vamos a tener un problema. Y puede llegar un punto en el que los republicanos de la Cámara de Representantes, por el lado de las asignaciones, tengan que desfinanciar programas de la FDA que no tienen sentido».
Gonzales, padre de seis hijos que se define a sí mismo como «prolífico provida», subrayó que es importante no socavar las decisiones judiciales.
«Creo que es importante que retrocedamos y permitamos que nuestras instituciones dirijan. No podemos socavarlas cuando no estamos de acuerdo con las cosas que están ahí, ya sea a nivel estatal», explicó.
Como ejemplo, señaló que la marihuana es legal en California y otros lugares, pero no en Texas.
«Si esas son las cosas que quiere tu comunidad, hazlo a nivel estatal o federal», añadió. «Pero tenemos que defender nuestras instituciones. Es peligroso cuando las erosionamos».
Sentencias
El 7 de abril, el juez de distrito de Estados Unidos Matthew Kacsmaryk, nominado por Trump en Texas, firmó una orden judicial que ordena a la FDA suspender la aprobación de la mifepristona.
«La corte no secunda la toma de decisiones de la FDA a la ligera», dice en la decisión del juez el viernes. «Pero en este caso, la FDA consintió en sus preocupaciones legítimas de seguridad —en violación de su deber estatutario— basándose en un razonamiento claramente infundado y en estudios que no apoyaban sus conclusiones».
El mismo día, el presidente Joe Biden emitió un comunicado diciendo que su administración «luchará contra este fallo».
«Si este fallo se mantuviera, entonces no habrá prácticamente ninguna receta, aprobada por la FDA, que esté a salvo de este tipo de ataques políticos e ideológicos», añadió Biden.
El fiscal general Merrick Garland también emitió un comunicado en el que afirmaba estar «en total desacuerdo» con el fallo judicial y que el Departamento de Justicia seguirá «defendiendo la decisión de la FDA».
La FDA apeló la decisión judicial el sábado, insistiendo en que el medicamento abortivo era «seguro y eficaz».
«La FDA aprobó Mifeprex hace más de 20 años en base a una revisión exhaustiva de la evidencia científica disponible y determinó que era seguro y eficaz», dijo la agencia en un comunicado. «La FDA respalda su determinación».
El domingo, el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Xavier Becerra, dijo a CNN que «todo está sobre la mesa», lo que sugiere que la administración podría desafiar la orden judicial del juez.
El viernes, en otra sentencia, el juez Thomas Rice, nominado por Obama en Spokane (Washington), ordenó a la FDA que no introdujera cambios que restringieran el acceso a la mifepristona. El fallo se aplicó en 17 estados y en el Distrito de Columbia, donde los demócratas demandaron en un esfuerzo por ampliar el acceso al fármaco abortivo.
Reacciones
La sentencia de Kacsmaryk ha suscitado las críticas de muchos demócratas.
La senadora Dianne Feinstein (D-Calif.) emitió un comunicado en el que calificaba el fallo de «atroz».
«Pero este fallo no se refería a la seguridad del medicamento ni a la protección de los pacientes», escribió. «Se trataba claramente de anular los procesos y la experiencia de la FDA para atacar los derechos reproductivos de las mujeres. La ciencia, no una ideología de extrema derecha, debe determinar qué medicamentos están disponibles para las mujeres que quieren abortar».
La senadora demócrata Elizabeth Warren calificó el fallo de «ilegal» y advirtió de que las mujeres de Estados Unidos «podrían perder el acceso a una medicación segura y legal», según un comunicado.
«Insto al gobierno de Biden a que utilice todas las herramientas legales y reglamentarias a su alcance para mantener disponible este medicamento», declaró Warren.
Sin embargo, algunos grupos de defensa de los derechos humanos han recibido con satisfacción la decisión del juez de Texas.
La presidenta de Marcha por la Vida, Jeanne Mancini, calificó la sentencia de «gran paso adelante para las mujeres y niñas cuya salud y seguridad han estado en peligro durante décadas por la aprobación precipitada, defectuosa y politizada de estos peligrosos medicamentos por parte de la FDA».
El presidente de CatholicVote, Brian Burch, afirmó en un comunicado que la sentencia era necesaria desde hace mucho tiempo.
«Durante décadas, la FDA ha abdicado de su solemne deber de proteger a las mujeres y las niñas, poniendo la política por encima de la salud y la seguridad», declaró Burch.
«Numerosos estudios revisados por expertos e importantes estudios internacionales han documentado los graves peligros que conlleva el consumo de estos fármacos», añadió Burch. «Es hora de responsabilizar a la FDA por ignorar el abrumador conjunto de pruebas, y exigirle que haga lo que más conviene a las mujeres y niñas de todo el país».
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