La representante federal republicana María Elvira Salazar urgió este miércoles al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a detener la deportación de 46 solicitantes de asilo cubanos cuya información fue revelada accidentalmente al público.
La solicitud se dio después que el DHS informó inadvertidamente al régimen cubano que algunos de los inmigrantes que iban a deportar estaban incluidos en una lista de más de 6000 inmigrantes que habían pedido protección a Estados Unidos contra la persecución o la tortura, y cuya información se hizo pública accidentalmente el mes pasado.
En una misiva fechada este miércoles y dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la congresista advierte que “Estados Unidos no puede continuar siendo un faro de libertad si ponemos en riesgo a quienes huyen de la persecución y la violencia”.
La filtración de los nombres de 6252 inmigrantes ocurrió el pasado 28 de noviembre por un error del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La información revelada incluye nombres, fechas de nacimiento, nacionalidades y ubicaciones. Todos los inmigrantes, que aseguraron ser víctimas de tortura y persecución en sus países de origen, se encontraban bajo custodia del ICE.
Luego de la filtración, funcionarios estadounidenses le dijeron al régimen cubano que retrasaría las deportaciones a la isla debido a la filtración, confirmando indirectamente a La Habana que los posibles deportados cubanos buscaban huir de la persecución o la tortura.
En su solicitud, Salazar calificó la filtración de “peligrosa para la vida, e inaceptable”, e instó a Mayorkas a tomar “las medidas necesarias para proteger a estas personas y reconsiderar sus solicitudes de asilo”.
La republicana subrayó que EE.UU. no tenía forma de garantizar la seguridad de los cubanos afectados por la filtración si eran deportados a la isla.
“La seguridad y el bienestar de los refugiados que huyen del régimen (cubano) debe ser el principio rector de nuestra política migratoria sobre Cuba”, indicó Salazar en su misiva.
Las regulaciones federales prohíben que se revele, sin aprobación del DHS, información personal de los solicitantes de asilo u otras protecciones migratorias.
Salazar no es la única que se ha despachado con críticas por la filtración. Robyn Barnard, directora de defensa de los refugiados en Human Rights First, calificó la filtración accidental como el «escenario de pesadilla» de cualquier solicitante de asilo, según dijo al periódico Los Angeles Times, que reportó por primera vez el incidente.
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