Dieciocho miembros republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exigieron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realice una “investigación inmediata” sobre las posibles violaciones de la ley federal al disponer dinero de los contribuyentes en la compra de paneles solares fabricados en China.
“Nos preocupan los dólares de los contribuyentes federales que el Congreso asignó a FEMA desde 2017 para una ayuda suplementaria para desastres y cómo lo pueden estar usando”, escribieron los legisladores republicanos en una carta fechada el 7 de septiembre al inspector general del DHS, Joseph Cuffari. En particular sobre cómo se podrían estar utilizando los fondos del DHS para “enriquecer a China, un adversario con un historial de abusos de los derechos humanos y trabajo esclavo”.
FEMA es la abreviatura de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, una agencia del DHS.
En el centro de las preocupaciones está en cómo las Islas Vírgenes de Estados Unidos pudo haber utilizado los fondos del Departamento de Seguridad Nacional. Según la carta, el gobierno federal proporcionó al territorio USD 8000 millones en ayuda para el desastre luego de dos huracanes en 2017, con USD 5000 millones del dinero proveniente de FEMA.
A los legisladores les preocupa que las Islas Vírgenes de Estados Unidos hayan gastado el dinero del DHS en la compra de paneles solares chinos, ya que el territorio ha estado en una transición hacia la energía solar. Según la carta, el territorio recibió USD 4.4 millones de FEMA para un nuevo proyecto de microrred solar de 28 megavatios en St. Croix en 2021.
Además, Albert Bryan, gobernador de las Islas Vírgenes estadounidense, anunció planes para hacer que St. Croix funcione al 100 por ciento con energía solar.
En la carta, los legisladores advirtieron que los paneles solares chinos probablemente se construyan mediante trabajo forzado, dado que gran parte del suministro mundial de polisilicio se procesa en la región china de Xinjiang, donde el gobierno de EE. UU. ha calificado la persecución china de los uigures y otras minorías musulmanas como genocidio y crímenes contra la humanidad.
“Casi el 40 por ciento de la producción mundial de polisilicio, un componente clave de los paneles solares, proviene de la región de Xinjiang, y casi el 85 por ciento de los componentes solares del mundo se producen en China”, dice la carta, antes de agregar que la transición de las Islas Vírgenes de Estados Unidos a la energía solar “servirá potencialmente para enriquecer masivamente a China”.
La carta fue dirigida por el representante Bob Gibbs (R-Ohio) y el representante James Comer (R-Ky.), miembro de alto rango en el comité.
“Usar piezas fabricadas por mano de obra esclava no solo es ilegal, sino que ayuda a financiar a un importante rival geopolítico”, escribió Gibbs en Twitter. “Nosotros necesitamos asegurarnos de que estos proyectos solares no enriquezcan a las empresas chinas que se benefician del trabajo esclavo”.
El representante Jake LaTurner (R-Kan.) dijo que se unió en la carta enviada a Joseph Cuffari para “garantizar que los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilicen para financiar el genocidio y el abuso en la región china de Xinjiang”.
“Es ilegal que el DHS importe paneles solares de la China comunista fabricados con mano de obra esclava uigur”, escribió LaTurner en Twitter.
La Ley de prevención del trabajo forzado uigur (UFLPA), que el presidente Joe Biden promulgó en diciembre de 2021 y entró en vigor en junio y prohíbe las importaciones desde Xinjiang a menos que las empresas puedan demostrar que los productos no están producidos con trabajo forzado.
La legislación contó con el apoyo bipartidista. Fue aprobada en la Cámara por 428 -1 votos y por unanimidad en el Senado. En diciembre, justo antes de que se promulgara como ley, varios grupos de derechos emitieron comunicados aplaudiendo a los legisladores del Congreso por la aprobación del proyecto de ley.
“La aprobación de esta legislación es un paso gigantesco en la lucha para acabar con el trabajo forzado en la región uigur, y yo creo basado en ello que es la pieza de legislación más importante que el Congreso ha aprobado en años para responsabilizar a las corporaciones estadounidenses por beneficiarse de los abusos de los derechos laborales en el extranjero”, dijo Joanna Ewart-James, directora ejecutiva de Freedom United, en una declaración.
Los legisladores republicanos quieren que la investigación del DHS responda algunas preguntas.
“¿Ha habido o hay planes para usar fondos de FEMA para comprar paneles solares o componentes que han sido fabricados por empresas chinas en violación de la UFLPA?”, dice la carta. “¿Ha identificado el gobierno de Estados Unidos algún panel solar importado que viole la UFLPA, ahora procesable?”
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