El Congreso de Perú censuró este miércoles al ministro del Interior, Vicente Romero, por su «manifiesta incapacidad técnica de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo», por lo que deberá presentar en las próximas horas su renuncia ante la presidenta Dina Boluarte.
La decisión fue tomada con 75 votos a favor, 28 en contra y 14 abstenciones del pleno legislativo, que decidió debatir el tema mientras Boluarte participa en Estados Unidos en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC).
Romero se convirtió en el primer miembro del gabinete de Boluarte, que asumió la jefatura del Estado el 7 de diciembre pasado, que es censurado por el Congreso.
Antes de la votación, se desarrolló un debate durante dos horas en el que la mayoría de los representantes de distintas bancadas criticaron la gestión de Romero por el aparente fracaso de las políticas de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
Tras el debate se redactó un texto único de las mociones 8911 y 8927, que fueron suscritas por congresistas de varias bancadas para pedir que se apruebe la censura para que Romero sea obligado a dejar su cargo en el Ejecutivo.
El reglamento del Congreso peruano señala que la aprobación de una moción de censura «requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros» del Parlamento nacional, que suma 130 legisladores.
Tras su aprobación, «el Consejo de Ministros o los ministros censurados deben renunciar» y el presidente de la República «debe aceptar la dimisión dentro de las setenta y dos horas siguientes».
En ese sentido, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, informó que de inmediato se informara de la decisión del pleno a la presidenta para que cumpla con lo que ordena la Constitución y el reglamento del Legislativo.
Este debate y votación se realizó mientras Boluarte participa en la reunión del APEC en la ciudad estadounidense de San Francisco, donde Perú recibirá la Presidencia pro tempore del organismo, cuya cumbre de líderes organizará en 2024.
La decisión se tomó a pesar de que el Gobierno anunció este miércoles que iba a extender el estado de emergencia que dictó en tres distritos de Lima, entre ellos el populoso San Juan de Lurigancho, para enfrentar a la inseguridad ciudadana.
En ese sentido, gran parte de los legisladores aseguraron que esa medida de emergencia ha fracasado porque diariamente se siguen produciendo robos, asaltos, secuestros, extorsiones y asesinatos en esas jurisdicciones.
Este martes, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, había respaldado el trabajo de Romero y pedido al Congreso que haga «una reflexión adicional» y tome «una decisión que no signifique la censura contra el ministro».
Romero también aseguró el martes que las mociones de censura presentadas en su contra «no le han quitado el sueño», pero dijo que sí le preocupa «la seguridad del país».
Además, su permanencia en el cargo fue apoyada por 35 alcaldes de distritos de Lima, que suscribieron un comunicado en el que señalaron que censurarlo «no resolverá la problemática tan aguda en inseguridad ciudadana» en la capital peruana y otras ciudades del país.
Entre los firmantes de ese comunicado estuvieron los alcaldes de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, y de la provincia portuaria del Callao, Pedro Spadaro.
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