El Congreso de Perú decidirá este martes si admite a trámite una moción de destitución de la presidenta Dina Boluarte, que fue presentada por parlamentarios de izquierda por las decenas de muertes en la represión de las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado.
La recepción de la moción, que en principio no cuenta con el apoyo de las bancadas mayoritarias de derecha, fue formalizada el pasado jueves ante el pleno, tras lo cual el presidente del Congreso, el conservador José Williams, anunció que sería sometida al voto para su posible aceptación a debate en la siguiente plenaria, que luego se convocó para este martes.
Williams añadió que su despacho ya había informado a la presidenta sobre el pedido de destitución, que fue presentado por las muertes de 49 manifestantes en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en las protestas ciudadanas.
Sin embargo, el presidente del Legislativo adelantó el viernes pasado su rechazo a la eventual destitución de Boluarte, al afirmar que en estos momentos «no es apropiado» y «no es adecuado».
«Lo que es importante es que haya tranquilidad en el Estado, tranquilidad en la población, y que las cosas se comiencen a ver hacia el futuro» sostuvo antes de remarcar que «toda fricción en el Estado» crea problemas mayores en el país.
Además de esta moción de destitución, Boluarte fue incluida la semana pasada en una investigación de la Fiscalía, junto al expresidente Pedro Castillo, por la presunta financiación ilegal del partido Perú Libre en las elecciones generales de 2021, con base en unas declaraciones del empresario Henry Shimabukuro.
Esa investigación ha sido esgrimida por la oposición como un argumento adicional para la destitución de la gobernante.
La situación de Boluarte
Boluarte, que sucedió a Castillo el 7 de diciembre del año pasado luego de que este fuera destituido por su fallido autogolpe, rechaza las acusaciones en su contra y las considera una «oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas».
La semana anterior, Maritza Sánchez, una profesora allegada a Castillo, denunció que Shimabukuro, un asesor de Castillo, y Eduvigis Beltrán aportaron fuertes sumas de dinero a la campaña de Boluarte para acceder a programas de ayuda con el Estado y colocar a personas cercanas en altos cargos públicos.
Sobre estas acusaciones, la Presidencia comentó que «si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno».
Mientras que Castillo permanece en prisión preventiva mientras es investigado por organización criminal y rebelión, Boluarte lo es por las muertes en las protestas, además de denuncias de presunta corrupción entre sus excolaboradores.
Al respecto, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, declaró este martes al Canal N que las muertes producidas durante las protestas «no pueden establecerse que es un genocidio», aunque remarcó que esos casos «merecen investigación, sanción y reparación».
«Acá no ha habido una orden de eliminar a los protestantes. Lo que ha ocurrido es una orden de establecer el orden en la ciudad», dijo.
Este lunes, el Ministerio Público informó que ha formado un equipo especial de fiscales que se encargará «a dedicación exclusiva» de investigar los delitos y las vulneraciones a los derechos humanos cometidos en la represión de las protestas.
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