La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley bipartidista que flexibilizaría las normas aplicadas al sector bancario luego de la crisis financiera de 2007-2009, en una importante victoria legislativa para el presidente Donald Trump.
La votación del martes atenúa algunas de las reglas de la ley Dodd-Frank del 2010 que han perjudicado a bancos pequeños y a prestamistas comunitarios, en el marco de la promesa del presidente republicano de tratar de impulsar el crecimiento económico mediante una disminución de las regulaciones, pero hace poco por Wall Street.
La iniciativa está muy lejos de la derogación que Trump ofreció durante su campaña electoral y deja en gran medida intactas las disposiciones centrales de la ley Dodd-Frank, diseñadas para garantizar la estabilidad financiera, y otras normas criticadas por bancos y republicanos conservadores.
El proyecto de ley, que fue aprobado por el Senado en marzo tras obtener el respaldo de 17 demócratas, marca el primer intento por revisar reglas que buscan evitar que se repita una crisis que obligó al Gobierno a rescatar a los prestamistas de Wall Street con unos 700.000 millones de dólares en dinero de los contribuyentes.
Los críticos republicanos dicen que la ley Dodd-Frank fue demasiado lejos y frenó la capacidad de los bancos para prestar, perjudicando el crecimiento económico, mientras que muchos demócratas dicen que otorga protecciones cruciales para los consumidores y los contribuyentes.
La noche del martes, funcionarios de la Casa Blanca aclamaron la legislación bipartidista como otro «hito» en la misión del Gobierno de Trump para «revitalizar la economía de Estados Unidos» al remover las barreras a los negocios.
Las autoridades dijeron que la Casa Blanca espera que Trump promulgue el proyecto de ley durante una ceremonia formal esta semana.
El proyecto de ley, aprobado en una votación 258-159, eleva de 50.000 millones de dólares a 250.000 millones de dólares el umbral para que un banco sea considerado como un riesgo para el sistema y quede sujeto a una supervisión más estricta.
También alivia las reglas de negociación, créditos y capital para los prestamistas con activos de menos de 10.000 millones de dólares.
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