El Congreso de los Diputados español rechazó este martes investigar las presuntas comisiones irregulares recibidas por el rey emérito Juan Carlos, aunque el caso ya está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
La Mesa del Congreso, el órgano que regula la actividad parlamentaria y en la que están representados los partidos mayoritarios, votó este martes en contra de la formación de una comisión parlamentaria de investigación de las actividades financieras del exmonarca.
El Partido Socialista en el poder (PSOE) propició el rechazo, al unirse al conservador Partido Popular (PP) y a Vox en rechazar la comisión, mientras que Unidas Podemos (UP), socio de los socialistas en la coalición de Gobierno, fue el único miembro de la Mesa que votó a favor.
El argumento defendido por el PSOE, según fuentes parlamentarias consultadas, es el mismo que el esgrimido por los expertos legales del Congreso en un informe divulgado ayer lunes, y que considera que la inviolabilidad jurídica del rey es de efectos «permanentes».
La creación de la comisión de investigación había sido solicitada por UP y un grupo de pequeños partidos izquierdistas, nacionalistas e independentistas vascos y catalanes.
Tras la votación, el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello (Unidas Podemos), lamentó la posición de los socialistas, al señalar que habrá muchos votantes del PSOE «que no entenderán que el Parlamento no pueda discutir sobre esta cuestión».
Otras peticiones anteriores de investigar a la Casa Real o sus miembros fueron rechazadas por la Mesa del Congreso según el criterio de los servicios jurídicos: la inviolabilidad del rey es permanente.
Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo sí asumió la investigación sobre la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos de Borbón dejó de ser jefe del Estado en España y, con ello, según el criterio de Fiscalía, perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución.
Esa fiscalía asumió la pasada semana la investigación sobre el presunto pago de comisiones en la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí), adjudicada en 2011 a un consorcio de empresas españolas.
La decisión de la fiscalía llegó tras comprobar que una de las personas que podrían estar involucradas en los hechos sería el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, indicó la fiscalía en un comunicado.
En los últimos meses, Juan Carlos I, rey entre 1975 y 2014, ha sido objeto de informaciones en España y Suiza acerca de su relación con dos fundaciones en territorio suizo e investigadas por las fiscalías de ambos países por su posible relación con operaciones financieras sospechosas, una de ellas por esas supuestas comisiones ilegales.
La Casa Real anunció en marzo pasado que el rey Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre, al que también había decidido retirar su asignación presupuestaria.
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