Conozca el sistema de crédito social estadounidense

Opinión

Desde la anulación de las redes sociales hasta las órdenes nacionales de vacunación, en Estados Unidos está surgiendo un sistema de crédito social implacable y punitivo.

Como ya escribí en mi anterior artículo, bajo el pretexto de la «seguridad médica» del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), Occidente se parece cada día más a China. Estamos, por mandato político o por orden judicial, renunciando a nuestros derechos en nombre de la seguridad médica.

Recordemos que el PCCh adquirió las capacidades tecnológicas —desde el reconocimiento facial, hasta las cámaras, los dispositivos de grabación, los localizadores GPS y otros elementos— para crear un sistema de vigilancia digital que permita controlar, rastrear, identificar, arrestar, detener y eliminar a aquellos individuos que puedan o pudieran suponer una amenaza para el Partido. El sistema de crédito social de China está avanzado y se afianza cada día más en todo el país.

El camino hacia la opresión

Como resultado, los ciudadanos de China son prácticamente prisioneros en su propio país. Bajo el ojo vigilante e iracundo del Estado comunista, la gente tiene sus cuentas bancarias bloqueadas, sus tarjetas de crédito congeladas, su empleo finiquitado… todo ello debido a un tuit descuidado, un posteo en las redes sociales sin vigilancia o incluso simplemente por leer algo incorrecto en internet.

Pero las consecuencias van incluso más allá. Aquellos con una puntuación de crédito social insuficiente pueden verse sacados de un andén de tren, o incluso de una esquina de la calle, y metidos en una furgoneta, cortesía de los esbirros de la seguridad del Estado, y enviados a un campo de prisioneros. Suena como una mala película, pero tristemente, es una realidad absoluta en China.

Eso nos lleva al emergente sistema de crédito social de Estados Unidos, donde pensar mal puede hacer que le cancelen.

Sistema de crédito social: la mayor exportación de China

Como estadounidenses, vemos la sociedad opresiva del PCCh con justa condena. Al menos, algunos de nosotros lo hacemos, y con razón.

Pero otros no lo ven así en absoluto. De hecho, muchos estadounidenses consideran normal, justa y buena la idea de anular a sus conciudadanos, aquellos que tienen ideas tradicionales de moralidad, patriotismo e ideologías políticas conservadoras.

Y eso es solo el principio del sistema de crédito social que parece estar desarrollándose rápidamente aquí en Estados Unidos. Hay muchos más aspectos de los que uno puede imaginar, pero la fuerza motriz es la pandemia del virus del PCCh y la campaña de vacunación que surgió de ella. Varias manifestaciones concurrentes se han unido a esa campaña.

Una de ellas es la ideología «woke» o «cultura de la cancelación» que se encuentra ahora en todos nuestros medios de comunicación, en el mundo académico e incluso en los sectores público y privado de nuestra economía. Este movimiento cultural omnipresente no tolera el debate ni la disidencia, sino que exige la uniformidad ideológica en todos los ámbitos de la sociedad. El tradicional valor estadounidense del libre intercambio de ideas ha sido consumido por la virtud de exhibición woke y por la condena moral del resto de nosotros.

Los principales medios de comunicación, por ejemplo, ya no parecen interesados en informar sobre las noticias, sino que prefieren mantener dividido al pueblo estadounidense. Para ello, avergüenzan públicamente a los ciudadanos no vacunados. Y, por supuesto, como mencioné en mi artículo anterior, los gigantes tecnológicos de las redes sociales impiden de forma rutinaria la libre expresión de ideas, en particular las que se oponen a la agenda política y cultural woke, a través de los «verificadores de hechos». La censura directa y el cierre de las cuentas que apoyan los valores tradicionales o las ideas conservadoras también se ha convertido en la norma.

Pero eso no es todo, ni mucho menos.

En lugar de apoyar el pensamiento independiente, algunas universidades están despidiendo a los profesores que ejercen su derecho constitucional a no tomar una vacuna experimental y posiblemente arriesgada. También están prohibiendo o multando a los estudiantes no vacunados.

Varios gobernadores y alcaldes están exigiendo pruebas de vacunación e incluso mascarillas para acceder a comercios y empresas dentro de sus jurisdicciones. Y en el ámbito de la sanidad, incluso los trabajadores de los hospitales —enfermeras y profesionales sanitarios que trabajaron durante lo peor de la pandemia— están siendo despedidos por negarse a ponerse la vacuna. Incluso las autoridades federales están sugiriendo suspender los derechos de viaje de los no vacunados, lo que, por supuesto, es inconstitucional.

¿Qué puede provocar un condicionamiento social tan amplio y consistente y la eliminación al por mayor de nuestros derechos constitucionales? ¿Es solo una coincidencia de coincidencias? ¿O un intento coordinado de transformar a Estados Unidos en una sociedad obediente y oprimida sin derechos ni libertades?

Realmente no importa.

Imposición de la conformidad con las vacunas por la puerta de atrás

Por ejemplo, hace unos meses, la posibilidad de la vacunación obligatoria no era una política oficial del gobierno federal. Tanto el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal asesor médico del presidente, como la Administración Biden, nos dijeron que no se estaba considerando tal política, ni que era viable, ni siquiera legal.

Y sin embargo, hoy está ocurriendo. El hecho de estar conforme con las vacunas se está imponiendo a través de la Casa Blanca, que ordena a los empleadores privados con 100 empleados o más que exijan la vacunación contra el virus del PCCh a todos los trabajadores o se enfrenten a la posibilidad de perder sus puestos de trabajo. En resumen, el gobierno federal está consiguiendo que el sector privado aplique una política inconstitucional que no tiene autoridad legal para aplicar.

Es probable que se exijan pasaportes de vacunación en un futuro muy próximo.

El resultado es que nuestros derechos inalienables enumerados en la Constitución de EE. UU. han sido degradados y redefinidos como privilegios que pueden ser quitados, y ciertamente están siendo diluidos en todos los ámbitos. Aunque las vacunas experimentales han demostrado ser menos seguras y menos eficaces de lo prometido, han proporcionado la cobertura política y moral para despojarnos de nuestros derechos.

¿Alguien puede argumentar que nuestros derechos a la intimidad, a la libertad de expresión, a la libre reunión, a realizar negocios lícitos y a ganarnos la vida siguen vivos e intactos?

¿Cree alguien que serán restaurados por las mismas fuerzas políticas y sociales que los están arrebatando?

La trágica ironía es que el PCCh creó su sistema de crédito social con tecnología de vigilancia comprada o robada a Estados Unidos y la comercializó como tecnología de «ciudad inteligente» a otros regímenes autoritarios de todo el mundo.

Al parecer, Estados Unidos compró el paquete completo.

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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times