Durante más de 70 años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido la norma de facto de los Derechos humanos para las naciones de todo el mundo. Sin embargo, el régimen chino en su afán de dominio mundial está trabajando duro para redefinir estos derechos a través del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, afirma un grupo de analistas militares franceses en su reciente informe.
El informe de 650 páginas sobre la influencia mundial del régimen chino ofrece un mapa exhaustivo de las tácticas de Beijing, incluido el modo en que el régimen «paralizó el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas». Las tácticas incluyen dejar de lado los derechos humanos en favor del desarrollo económico, colocar a funcionarios chinos en puestos de poder y negar la persecución que el régimen lleva a cabo contra los creyentes religiosos.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC, por sus siglas en inglés) está formado por 47 Estados miembros elegidos entre cinco grupos geográficos que incluyen los Estados africanos (13 escaños), los Estados de Asia-Pacífico (13 escaños), los Estados de América Latina y el Caribe (8 escaños), los Estados de Europa Occidental y otros Estados (7 escaños) y los Estados de Europa Oriental (6 escaños). China ha ocupado un puesto en el UNHRC durante cuatro mandatos, en total 12 años desde 2006.
El Comité Asesor del UNHRC está compuesto por 18 expertos independientes repartidos según los mismos grupos geográficos. El Comité funciona como un grupo de reflexión que elabora estudios sobre temas seleccionados por el Consejo.
El diplomático chino, Liu Xinsheng, forma parte del Comité Asesor desde 2016. Su actual mandato dura hasta 2022. Liu también ocupa puestos consultivos de alto nivel en universidades y organismos chinos. Suele dar charlas en universidades sobre derechos humanos y temas relacionados con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En 2019, Liu pronunció un discurso en la Universidad de Beijing sobre cómo el régimen está aplicando la diplomacia multilateral y salvaguardando sus propios intereses a través del sistema de la ONU.
Manipulación de consejos y comités
Un informe de 2019 del proyecto Sinopsis, con sede en la república Checa, titulado «El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos: Una nueva herramienta en la estrategia china contra los derechos humanos», describió los detalles de las resoluciones respaldadas por Beijing adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2017, 2018 y 2019, y los estudios posteriores realizados por el Comité Asesor. El informe esbozó varias resoluciones que sacrificaban los derechos humanos en nombre del desarrollo económico, todas las cuales pasaron por el Consejo de Derechos Humanos.
«La contribución al desarrollo para disfrutar de todos los derechos humanos», fue el tema de una resolución propuesta en 2017, y la primera resolución de China en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Según el informe de Sinopsis, Estados Unidos, Alemania y otras democracias plantearon objeciones, diciendo que la resolución «privilegiaba inapropiadamente el desarrollo por sobre los derechos humanos».
La resolución de 2018, «Promoción de la cooperación mutuamente beneficiosa en el ámbito de los derechos humanos», solo contó con la oposición de Estados Unidos, país que argumentó que «la cooperación mutuamente beneficiosa pretendía beneficiar a los Estados autocráticos a costa de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas». Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ese mismo año.
Luego, en 2019, otra resolución china privilegió el desarrollo por encima de los derechos humanos individuales, destacando la erradicación de la pobreza, que fue pregonada como un logro victorioso del régimen chino. Los miembros de la Unión Europea del Consejo y Japón se opusieron a la resolución. Las tres resoluciones se aprobaron con un apoyo mayoritario.
Se realizaron estudios sobre los temas de las dos primeras resoluciones. Liu presidió el grupo de redacción de ambos estudios, según el informe de Sinopsis.
La Declaración de Beijing de 2017, que dice que los derechos humanos deben «tener en cuenta los contextos regionales y nacionales y los antecedentes políticos, económicos, sociales, culturales, históricos y religiosos», fue una referencia para el estudio del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC) de 2017.
Andrea Worden, autora del informe de Sinopsis, declaró además que «Estos ‘estudios’ no son ejercicios académicos (…) sino un medio para afianzar aún más la agenda y el discurso de derechos humanos del Partido-Estado chino en el trabajo del HRC».
Worden subrayó que los estudios simplemente se hacían eco de la retórica del régimen de que «el desarrollo dirigido por el Estado es el derecho supremo» y que «la cooperación, el diálogo y el respeto a la soberanía del Estado es el medio principal para lograr los derechos humanos». En última instancia, Beijing quiere incorporar la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) a los trabajos del UNHRC.
Influir en los expertos
El régimen ha estado utilizando una narrativa antiterrorista para justificar su vasto campamento de uigures en Xinjiang, según el informe de los militares franceses.
En junio de 2019, el jefe de la lucha contra el terrorismo de la ONU, Vladimir Ivanovich Voronkov, visitó Xinjiang a pesar de la oposición de los defensores de los derechos humanos y de los gobiernos occidentales. Aprovechando la visita de Voronkov, China sugirió que los uigures eran terroristas, legitimando así su política represiva en la región, señala el informe.
En cambio, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, nunca ha visitado Xinjiang.
El 1 de abril de 2020, China fue nombrada miembro del influyente Grupo Consultivo del Comité de Derechos Humanos. Este comité de cinco miembros desempeña un papel fundamental en los nombramientos de expertos independientes en derechos humanos en el marco de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los otros cuatro miembros del Grupo Consultivo para el período 2020-2021 son Venezuela, Pakistán, Eritrea y Qatar.
Siete senadores estadounidenses del Partido Republicano enviaron una carta al secretario general de la ONU en la que expresaron su oposición al nombramiento de China para el Grupo Consultivo.
Según un informe de Bitter Winter, más de 100 organizaciones de derechos humanos y libertad religiosa presentaron peticiones en que solicitaban la cancelación del nombramiento de China. Las peticiones se enviaron al secretario general de la ONU, al presidente de la Tercera Comisión de la Asamblea General, al presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y a cada uno de los 55 Estados miembros del grupo regional de Asia-Pacífico que designaron a China.
Como informó Bitter Winter, las peticiones no obtuvieron una respuesta.
Ignorar la persecución
El grupo estadounidense de defensa de la ética médica, Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos (DAFOH), organizó una campaña mundial de recogida de firmas para una petición dirigida a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La petición apelaba a la comisionada para que pidiera a China que pusiera fin a la sustracción forzada de órganos de los practicantes de Falun Gong detenidos y de otros presos de conciencia; que investigue y lleve a los autores ante la justicia; y que pida al régimen chino que ponga fin inmediatamente a la persecución de Falun Gong en China.
Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una antigua práctica espiritual china que consiste en ejercicios de meditación y enseñanzas morales que promueven los valores de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Los datos oficiales chinos informan que entre 70 y 100 millones de personas lo practicaban en China en 1999. Sin embargo, el régimen se sintió amenazado por la popularidad e independencia de la práctica, por lo que comenzó a perseguir a Falun Gong en julio de 1999. Millones de personas han sido detenidas en prisiones, campos de trabajo y otras instalaciones, según el Centro de Información de Falun Dafa. El régimen chino ha estado asesinando a los practicantes de Falun Gong detenidos y a otros presos de conciencia mediante la sustracción forzada de órganos y la venta de sus órganos con fines de lucro, concluyó en marzo de 2018 un Tribunal independiente con sede en Londres.
Desde 2012 hasta 2018, la campaña de DAFOH recogió más de tres millones de firmas de más de 50 países y regiones. Los representantes de DAFOH también se reunieron con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU en tres ocasiones, entregando en sus manos las firmas.
«Por lo que sabemos, no hubo ningún reconocimiento formal de nuestra petición (aparte de reunirse con nosotros) y en una ocasión se nos dijo que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC) haría algo, pero no se observó ninguna acción verificable», dijo el Dr. Torsten Trey, fundador y director ejecutivo de DAFOH, a The Epoch Times en un correo electrónico.
«Tanto el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud son suborganizaciones de la ONU», dijo Trey. «Parecía que había motivos políticos que tenían mayor prioridad que abordar el crimen contra la humanidad más atroz del siglo XXI, es decir, la sustracción forzada de órganos, y parecía que China iba a obtener un pase libre por parte de la ONU. En ese momento decidimos poner fin a la campaña».
DAFOH puso fin a la campaña de peticiones en 2018 tras conocer que Huang Jiefu, el hombre clave de Beijing para promocionar su sistema de trasplantes y donaciones órganos en el mundo, fue nombrado miembro del grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir el tráfico de órganos.
«DAFOH puso fin a la campaña de peticiones, pero los tres millones de personas que firmaron la petición siguen esperando una respuesta responsable por parte del Consejo de Derechos Humanos», dijo Trey.
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