Un consejo escolar de Virginia acordó pagar 575,000 dólares por concepto de daños y perjuicios, más honorarios de abogados para resolver una demanda interpuesta por el antiguo profesor de francés de secundaria Peter Vlaming, que fue despedido tras negarse a utilizar los pronombres preferidos de un alumno transgénero, alegando convicciones religiosas.
El acuerdo, anunciado el 30 de septiembre por el grupo de defensa legal Alliance Defending Freedom (ADF), resuelve el caso que Vlaming presentó contra el Consejo Escolar de West Point.
Vlaming alegó que su despido violaba sus derechos amparados por la Primera Enmienda tras negarse a cumplir la exigencia del superintendente de referirse a un alumno transgénero con pronombres incompatibles con su sexo biológico.
Tyson Langhofer, director del Centro para la Libertad Académica de la ADF y abogado principal de la ADF, que representó a Vlaming en su demanda, elogió el acuerdo.
«Peter no fue despedido por algo que dijo; fue despedido por algo que no podía decir», dijo Langhofer en un comunicado. «No podía decir a conciencia mensajes que sabía, eran falsos, y ninguna junta escolar o funcionario del gobierno puede castigar a alguien por ese motivo».
El caso de Vlaming, que comenzó en 2019, se convirtió en un punto focal en el debate nacional en curso sobre la libertad de expresión, la libertad religiosa y los derechos de los transgénero en la educación. El caso volvió a llamar la atención en diciembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Virginia restableció la demanda de Vlaming luego que una corte inferior la desestimara. La decisión condujo en última instancia a conciliar y archivar el caso.
Vlaming fue despedido en 2018 tras negarse a usar los pronombres masculinos preferidos del estudiante transgénero, citando creencias religiosas sinceras de que el género está determinado biológicamente y no se puede cambiar. Vlaming optó por usar el nombre preferido del estudiante evitando el uso de cualquier pronombre. Sin embargo, los administradores de la escuela insistieron en que debía utilizar los pronombres masculinos del estudiante de acuerdo con la política antidiscriminatoria del distrito. Cuando Vlaming se negó, el consejo escolar lo despidió.
«Fui despedido injustamente de mi trabajo como profesor porque mis creencias religiosas me pusieron en conflicto con los administradores de la escuela, que exigían que los profesores se adhirieran a una sola perspectiva sobre la identidad de género —su punto de vista preferido», dijo Vlaming en un comunicado. «Me encantaba enseñar francés e intentaba con gracia hacer sentir bien a todos los alumnos de mi clase, pero no podía decir algo que violaba directamente mi conciencia».
En respuesta a su despido, Vlaming demandó al Consejo Escolar de West Point, argumentando que la escuela violó sus derechos de la Primera Enmienda según la Constitución de Virginia. Alegó que se vulneraron sus derechos a la libertad de expresión y a la expresión religiosa cuando se le obligó a cumplir con lo que describió como «pronombres impuestos por el gobierno, además de utilizar el nombre preferido del estudiante», según la sentencia de la Corte Suprema del estado. En un principio, una corte inferior desestimó el caso al considerar que las reclamaciones de Vlaming no constituían causas de acción legalmente viables.
La Corte Suprema de Virginia anuló la desestimación de la demanda de Vlaming por parte de la corte inferior, argumentando que planteaba cuestiones constitucionales sustanciales, al tiempo que señalaba que, en su opinión, la Constitución de Virginia «trata de proteger la diversidad de pensamiento, la diversidad de expresión, la diversidad de religión y la diversidad de opinión».
«Nuestra República Constitucional, enmarcada en los principios del liberalismo clásico, no puede ser fiel a sí misma si separa a los que pueden y a los que no pueden participar en el mercado público de las ideas y retirarse, cuando es necesario, al santuario privado de la conciencia», reza la opinión mayoritaria de la Corte Suprema estatal. «En ausencia de una razón verdaderamente imperiosa para hacerlo, ningún gobierno comprometido con estos principios puede coaccionar legalmente a sus ciudadanos para que juren lealtad verbal a opiniones ideológicas que violan sus creencias religiosas sinceras».
Además de restituir el caso, la Corte Suprema de Virginia estimó dos demandas clave: La afirmación de Vlaming de que se violó su derecho a ejercer libremente su religión y su demanda por incumplimiento de contrato contra el consejo escolar. La sentencia allanó el camino para el acuerdo anunciado por la ADF el 30 de septiembre.
Según los términos del acuerdo, el Consejo Escolar de West Point pagará 575,000 dólares a Vlaming por concepto de daños y perjuicios más honorarios de abogados. El consejo también borró el despido de Vlaming de su expediente, permitiendo a Vlaming optar a puestos de enseñanza sin el estigma del despido.
El Superintendente de las Escuelas Públicas de West Point, Larry L. Frazier Jr., expresó su satisfacción por el acuerdo, haciendo hincapié en que no tendría un impacto negativo en la comunidad escolar.
«A medida que avanzamos, WPPS seguirá siendo un lugar donde todos los estudiantes se sientan seguros, respetados y bienvenidos a diario», dijo Frazier en una declaración a varios medios de comunicación. «Nuestro enfoque está en todos los estudiantes, y nuestro objetivo es continuar construyendo relaciones positivas en cada una de nuestras dependencias escolares y en general en toda la comunidad».
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