El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto a los ayuntamientos que se sumen a las investigaciones puestas en marcha por el departamento que dirige Pablo Bustinduy para detectar viviendas turísticas que operan en plataformas del alquiler sin licencia, una práctica fraudulenta y desleal que puede derivar en sanción.
En un comunicado, el ministerio recuerda que a comienzos de junio puso en marcha una investigación contra dicho fraude para detectar los pisos turísticos que no disponen de licencia para operar como alojamiento, una propuesta que ahora lo ha hecho llegar a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para que las ciudades recojan el testigo.
Esta acción llega después de que Consumo enviara requerimientos a plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre qué viviendas estarían incurriendo en esta infracción, «pesquisas que ahora se podrían intensificar con la información que puedan aportar los ayuntamientos», aclara.
«Consumo pone sus competencias a disposición de los consistorios para trabajar de formar conjunta en la identificación de viviendas no habilitadas para operar como turísticas», destaca en la nota.
La Dirección General de Consumo recuerda que dispone de capacidad sancionadora desde el año 2022 y que va a estudiar la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas que, según el precepto legal, pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se podría sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Consumo señala a la FEMP en el escrito el “importante impacto en el modelo de ciudad” que tienen las viviendas turística y “la necesaria colaboración que debe haber entre las distintas administraciones” para poder garantizar también que se cumplen los derechos de los consumidores y usuarios.
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