Tres congresistas republicanos instan a la Corte Suprema a excluir a los extranjeros ilegales del censo 2020 para que sus cifras no se puedan utilizar para asignar escaños en el Congreso y votos del Colegio Electoral que determinen la elección del presidente.
Hay suficientes extranjeros ilegales en Estados Unidos para abarcar entre 15 y 33 escaños en la Cámara de Representantes de EE. UU. y un número equivalente de votos del Colegio Electoral, argumentan los congresistas en un escrito.
La administración Trump quiere mantener a los extranjeros ilegales fuera del recuento del censo para evitar que tengan un impacto en la distribución del poder político entre los estados. El eventual fallo de la corte superior en el caso podría tener repercusiones nacionales generalizadas.
Los gobiernos estatales y locales, incluidas las denominadas jurisdicciones santuario que se niegan a cooperar con los funcionarios federales de inmigración, iniciaron demandas para evitar que el plan de la administración avance. Argumentaron que el presidente Donald Trump, un republicano, estaba intentando interferir con el conteo y evitar que las áreas de tendencia demócrata con grandes poblaciones de inmigrantes ilegales obtuvieran escaños en el Congreso.
El argumento oral en el caso, conocido como Trump vs. Nueva York, está programado para el 30 de noviembre.
Debido a que se acercan varias fechas límite relacionadas con el censo, el tiempo es esencial, los representantes de EE. UU., Mo Brooks, Bradley Byrne y Robert Aderholt, los cuales representan distritos de Alabama, argumentan en un escrito de amigo de la corte presentado ante la máxima Corte.
El litigio «es uno de los casos más importantes que se hayan presentado ante la Corte Suprema de EE. UU.», dijo Brooks en una declaración.
“Literalmente determinará el futuro de Estados Unidos en las próximas décadas. Incluir a los extranjeros ilegales (que, por definición, son transeúntes y no residentes de ningún estado) en el recuento de desglose del censo socava la protección igualitaria de la 14ª Enmienda, los principios de una persona, un voto».
“Hay entre 11 millones (estimación del censo de 2010) y 25 millones de extranjeros ilegales en Estados Unidos (nadie lo sabe con certeza)”, dijo.
«Esas cifras equivalen aproximadamente a entre 15 y 33 escaños en el Congreso y a votos de colegios electorales tomados inconstitucionalmente de estados con población extranjera respetuosa de la ley y con baja ilegalidad, como Alabama, y transferidos a una población extranjera con alta ilegalidad, estados santuarios como California», dijo Brooks.
“Los estados Santuario que violan la ley federal y, por lo tanto, tienen una alta población de extranjeros ilegales no deben ser recompensados por su ilegalidad”.
Brooks agregó: “La Corte Suprema de Estados Unidos tiene que tomar una decisión consecuente. ¿Apoyará la anarquía o apoyará los principios del Estado de Derecho y la Igualdad de Protección, los principios de una persona, un voto, que han sido la columna vertebral de la ley federal de redistribución durante muchas décadas?».
La ley federal establece que el secretario de Comercio debe enviar el censo al presidente antes del 31 de diciembre y que, a su vez, el presidente debe enviar al Congreso las cifras para la asignación de escaños en la Cámara antes del 10 de enero.
Un panel de tres jueces federales en el Distrito Sur de Nueva York, concluyó el 10 de septiembre que el Congreso nunca otorgó al presidente la autoridad para excluir a los extranjeros ilegales del conteo del censo. Un juez federal en el Distrito Norte de California también falló en contra de la administración Trump sobre el tema el 22 de octubre.
Los congresistas argumentan en el escrito que incluir a los extranjeros ilegales en el recuento recompensará a los estados con grandes poblaciones de extranjeros ilegales a expensas de aquellos estados con poblaciones de extranjeros ilegales más pequeñas.
«Si los extranjeros ilegales se cuentan en la base de distribución luego del censo de 2020, es probable que un asiento se reasigne fuera de Alabama para un estado con una población más grande de extranjeros ilegales», dice el escrito.
Esto dejaría a Alabama con “seis escaños en la Cámara y ocho votos en el Colegio Electoral. En contraste, si los extranjeros ilegales no se cuentan con la base de distribución, es probable que Alabama retenga sus siete escaños en la Cámara y nueve votos en el Colegio Electoral».
Han surgido una gran cantidad de litigios presentados sobre el Censo 2020, y este no es el primer caso relacionado con el Censo que llega a la Corte Suprema en la época Trump.
El 27 de junio de 2019, en el caso del Departamento de Comercio vs. Nueva York, la corte rechazó por 5 contra 4 votos el fundamento de la administración para preguntar a las personas que respondieron al Censo de 2020 si eran ciudadanos estadounidenses, a pesar de que la pregunta se había hecho muchas veces previamente en el recuento decenal.
Respaldado por los cuatro jueces liberales, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, rechazó la demanda del secretario de Comercio, Wilbur Ross, de que la pregunta de la ciudadanía era necesaria para recopilar datos para ayudar a hacer cumplir la Ley de Derechos Electorales, y escribió que el fundamento «parece haber sido inventado».
Una de esas juezas, Ruth Bader Ginsburg, una liberal, murió el 18 de septiembre y fue reemplazada por Amy Coney Barrett, una conservadora constitucional.
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