Una corte de apelaciones del régimen de Venezuela decretó la «nulidad absoluta» de la sentencia de un tribunal que absolvió al sargento de la Aviación Militar Arli Méndez, acusado de asesinar a David Vallenilla durante las protestas de 2017, informó este viernes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El 26 de agosto, el Juzgado Quince de Primera Instancia había decidido desistir la acusación contra el sargento Méndez por «homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía», además por el «uso indebido de un arma orgánica».
El militar presuntamente habría disparado a quemarropa contra Vallenilla en julio de 2017 durante una protesta frente a una base aérea de la capital.
Sin embargo, la Sala Ocho de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas dictaminó este viernes la «nulidad absoluta de la decisión dictada el 26 de agosto y mantiene la privativa de libertad» contra Méndez, según un comunicado del TSJ.
Señaló que la decisión fue debido a que «la representante legal de la víctima no tuvo derecho a actuar de manera continua en el juicio oral y hacer valer sus derechos como parte querellante», por lo cual ordenaron la celebración de un nuevo juicio oral y público.
El caso del joven Vallenilla está incluido en el expediente para investigar al régimen venezolano en la Corte Penal Internacional (CPI) y la decisión tomada por el Tribunal 15 generó una ola de indignación en el país.
La abogada defensora del padre de la víctima, Maria Alejandra Poleo, escribió una declaración a través de Twitter sobre el caso y dijo: «Aunque escéptica, nos hace falta un poco de justicia!!!».
«Esta apelación no fue por la sentencia del juicio, fue por la violación del derecho a la víctima denunciando, cuando el tribunal declaró el desistimiento de la acusación particular de la víctima! Seguimos», agregó.
Poleo también señaló a Efe que esta reciente decisión confirmaba «que en Venezuela no hay justicia».
A inicios de esta semana, el padre de Vallenilla se manifestó luego que la justicia chavista absolviera al acusado este lunes y dijo que ahora el caso tendría más fuerza en la Corte Penal Internacional.
“Tenemos suficientes elementos para demostrar que en Venezuela no hay administración de justicia y por lo tanto la CPI debe activar el principio de complementariedad para buscar los responsables”, dijo a un medio local.
Además indicó como responsable a la jueza encargada del caso, Kenia Carrillo Galvao. «La hago cómplice de la denegación de justicia, porque no solamente se negó el derecho de la vida de mi hijo, sino que se está violando el derecho a la justicia».
Al día siguiente, la Fiscalía del régimen venezolano anunció que se abrió una investigación penal contra Carrillo por absolver al sargento Méndez.
«Los venezolanos estamos cansados de show mediático!! Si la juez dictó la decisión que pronunció, no fue por convicción propia, mejor investigue de dónde salen las órdenes hacia los jueces!! La justicia en Venezuela está secuestrada, no hay justicia ciega! Las órdenes vienen de arriba», escribió la abogada Poleo por Twitter este martes.
El pasado 16 de septiembre, la Misión de la ONU en Venezuela determinó que las deficiencias del sistema de justicia del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha contribuido a perpetuar las violaciones a los derechos humanos a través de torturas, violaciones y persecuciones desde el 2014 hasta agosto del 2021.
Con información de EFE.
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