Los jueces de apelación de Nueva York formularon múltiples preguntas a la Fiscalía General de Nueva York el 26 de septiembre, indicando que se mostraban escépticos sobre su aplicación de una ley antifraude a las prácticas empresariales del expresidente Donald Trump.
Las preguntas se produjeron durante el debate oral sobre las alegaciones de Trump de que la Corte Suprema del estado se equivocó en la tramitación del caso de fraude civil, que se saldó con una multa de 489 millones de dólares para el expresidente.
El abogado de Trump en el caso, D. John Sauer, dijo a un panel de cinco jueces de la división de apelaciones de la corte que el juez y los fiscales se saltaron los plazos de las demandas en cuestión. Agregó que la oficina de la fiscal general Letitia James presionó con una interpretación demasiado amplia del fraude legalmente punible y que, independientemente de eso, el expresidente no había cometido fraude en sus tratos con bancos y otros.
Algunos de los jueces cuestionaron si el estado estaba actuando dentro de los límites de su autoridad o tenía un interés legítimo en presentar la demanda.
El juez David Friedman preguntó a la procuradora general adjunta de Nueva York, Judith Vale, si existía algún precedente de que el fiscal general demandara por transacciones entre partes sofisticadas en las que ninguna «perdía dinero».
«Todos los casos que cita implican daños a los consumidores, daños al mercado. … Aquí no tenemos nada parecido», dijo Friedman.
Vale argumentó que «había absolutamente un impacto público y un interés público aquí. Hay al menos cuatro daños públicos diferentes por el tipo de mala conducta aquí».
También dijo que «cuando se inyecta riesgo en el mercado, eso perjudica a las contrapartes y perjudica al mercado en su conjunto».
El juez Peter Moulton preguntó: «¿Cómo trazamos una línea, o al menos [ponemos] algunas salvaguardas para saber cuándo la AG está operando bien dentro de su amplio, reconocidamente amplio ámbito del 63(12)?».
Moulton se refería a la Ley Ejecutiva 63(12) de Nueva York, que es el estatuto que James utilizó para demandar a Trump. El estatuto permite al fiscal general solicitar la intervención judicial cuando «cualquier persona incurra en repetidos actos fraudulentos o ilegales o demuestre de otro modo la persistencia del fraude o la ilegalidad en el ejercicio, la dirección o la transacción de negocios».
Parte del argumento de Sauer fue que el concepto de fraude del fiscal general era demasiado laxo y señaló que nadie había sido víctima de la conducta de Trump.
En un momento dado, le dijo al tribunal que, según los precedentes existentes, «tiene que haber una capacidad o tendencia a engañar, o una atmósfera que conduzca al fraude».
«Y lo que hemos señalado es que usted tiene una situación en la que no hubo víctimas, ni quejas», dijo, y agregó que los socios comerciales de Trump hicieron su debida diligencia.
La presidenta de la corte, Dianne Renwick, se mostró escéptica ante la posibilidad de que la ley exija algún tipo de perjuicio para demostrar una actividad fraudulenta. Leyó la parte pertinente del estatuto y dijo a Vale: «Yo no leo daño o amenaza de daño en ella, pero la otra parte está diciendo que eso es lo que debe leerse en este estatuto».
«¿Existe algún caso en el que la expresión daño o amenaza de daño limite el ámbito de actuación del fiscal general?».
Vale dijo que no, «en cuanto a la responsabilidad y no en casos como éste, en los que lo que el fiscal general busca es una medida cautelar y la restitución».
Trump se enfrenta actualmente a una restitución de 489 millones de dólares con intereses que se acumulan día a día.
Durante la audiencia oral, Vale se enfrentó a múltiples preguntas sobre la idoneidad de la restitución. Moulton dijo a Vale que el importe de la restitución era «preocupante» y le preguntó: «¿Cómo se vincula la cantidad que fue evaluada por la Corte Suprema al daño que se causó aquí, donde las partes salieron de estas transacciones contentas de cómo fueron las cosas?».
Vale respondió que «la restitución busca quitar la ganancia al malhechor». Aunque la cantidad era elevada, dijo, «hubo mucho fraude… e ilegalidad».
Con información de Reuters.
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