Una reciente política de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos que permite a los jueces ordenar la liberación anticipada de algunos presos fue más allá de una ley aprobada por el Congreso, dictaminó una corte federal de apelaciones.
En la Ley de Primer Paso, que el expresidente Donald Trump firmó en 2018, el Congreso permitió a los presos solicitar la liberación anticipada basada en razones extraordinarias y convincentes. En 2023, la Comisión de Sentencias aprobó por un estrecho margen un cambio de política que permitía a los jueces considerar un cambio en la ley al determinar si conceder peticiones de libertad anticipada.
Daniel Rutherford, condenado en 2003 a 42 años y cinco meses por dos robos a mano armada, pidió a un juez que redujera su condena, argumentando que los cambios en la ley harían que su sentencia fuera al menos 18 años más corta si fuera condenado hoy.
Un juez federal rechazó la petición en 2023, señalando que el Congreso había dicho que la disposición de la Ley del Primer Paso en cuestión no se aplicaba retroactivamente. El 1 de noviembre, la Corte de Apelación del Tercer Circuito de EE.UU. se mostró de acuerdo, considerando que el cambio de política de la comisión contradecía al Congreso.
«El Congreso hizo que el cambio no fuera retroactivo. Por bienintencionada que sea, la declaración de política no puede cambiar eso», escribió el juez de circuito Kent A. Jordan en la decisión unánime del 1 de noviembre.
A él se unieron el juez de circuito D. Brooks Smith y la juez de distrito Renée Marie Bumb.
La Comisión de Sentencias y un abogado que representa a Rutherford no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La decisión fue tomada a favor del Departamento de Justicia, cuyos abogados argumentaron en presentaciones judiciales que la Ley del Primer Paso «no autoriza reducciones de sentencia basadas en cambios no retroactivos en la ley de sentencias».
Los cambios en los estatutos no cumplen los criterios de extraordinario, dijeron los abogados.
Una ley anterior permitía a los jueces reducir las penas de los presos si «razones extraordinarias e imperiosas justifican dicha reducción». La Comisión de Sentencias definió las razones incluyendo condiciones médicas específicas y otros criterios.
La Ley del Primer Paso modificó la ley. Permitía a los presos, y no sólo a la Oficina de Prisiones, solicitar la libertad anticipada.
La comisión careció de quórum para emitir una declaración política tras la firma de la Ley del Primer Paso hasta 2023, cuando, en una votación de 4-3, aprobó una actualización.
La actualización decía que los jueces podían considerar los cambios no retroactivos de la ley como extraordinarios e imperiosos en casos de acusados que hubieran recibido «una sentencia inusualmente larga» y hubieran cumplido al menos 10 años de prisión, si los cambios de la ley «produjeran una gran disparidad entre la sentencia que se está cumpliendo y la sentencia que probablemente se imponga en el momento en que se presente la moción, y después de considerar plenamente las circunstancias individualizadas del acusado».
En una declaración discrepante, los tres miembros que votaron en contra de la política actualizada afirmaron que suponía «un cambio estructural sísmico en nuestro sistema de justicia penal sin autorización ni directrices del Congreso» y que suscitaba preocupación por la separación de poderes.
La corte de apelaciones dijo que la Ley del Primer Paso era clara al respecto.
«En lo que respecta a la modificación del artículo 924(c), el Congreso ya ha descartado la retroactividad, por lo que no podemos considerarla acertadamente», escribió Jordan para la corte.
Se refirió a la reciente sentencia de la Corte Suprema de EE.UU. que anuló una doctrina largamente sostenida que obligaba a los jueces a respetar las interpretaciones de la ley federal por parte de los funcionarios federales.
La sentencia no se aplica directamente a la Comisión de Sentencias porque el organismo no forma parte del poder ejecutivo. Jordan dijo que los fundamentos de la sentencia «siguen siendo instructivos a la hora de evaluar la afirmación de que la opinión de la Comisión sobre una ley debe prevalecer sobre la nuestra».
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