El hombre acusado de planear los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 no se declarará culpable este 10 de enero, como estaba previsto, después de que una corte de apelaciones acordara suspender temporalmente el proceso a petición del gobierno federal.
Estaba previsto que el acusado, Khalid Sheikh Mohammed, se declarara culpable ante la sala de audiencias de una comisión militar en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba.
La declaración de culpabilidad formaba parte de un acuerdo alcanzado el año pasado tras años de negociaciones entre el Departamento de Defensa (DOD) y los abogados de Mohammed, a quien se atribuye la autoría intelectual de los atentados, así como de otros dos acusados del 11-S: Walid Muhammad Salih Mubarak Bin’ Attash y Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi.
La declaración de culpabilidad habría garantizado que Mohammed y los coacusados evitaran un juicio con pena de muerte y recibieran en cambio condenas de hasta cadena perpetua sin libertad condicional.
El Departamento de Justicia argumentó en una moción presentada el martes ante la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia que la aplicación del acuerdo causaría un daño «irreparable» al gobierno y al público.
Una corte de apelaciones compuesta por tres jueces acordó el 9 de enero dejar en suspenso la declaración de culpabilidad de Mohammed mientras estudia los argumentos del gobierno, pero subrayó que el fallo no es definitivo.
La corte programó algunos de los próximos pasos para el 22 de enero.
Casi 3000 personas murieron y miles más resultaron heridas en los atentados terroristas contra el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono y un campo de Pensilvania, perpetrados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001.
Austin intenta retirar los acuerdos de culpabilidad
Mohammed y los coacusados fueron imputados con cargos de asesinato, conspiración, terrorismo, atentado contra civiles, atentado contra objetivos civiles, secuestro o puesta en peligro de un buque o aeronave y destrucción de bienes.
Sin embargo, el caso se encuentra estancado por problemas jurídicos y logísticos, en parte debido a las torturas a las que Mohammed y otros acusados fueron sometidos bajo custodia de la CIA, lo que suscita dudas sobre si sus declaraciones posteriores pueden utilizarse en juicio.
En su petición a la Corte de Apelaciones, el Departamento de Justicia destacó la gravedad de los delitos cometidos por los acusados.
El Departamento dijo que el Secretario de Defensa, Lloyd Austin, se opone a los acuerdos negociados por el Departamento de Defensa y ha intentado que sean revocados, afirmando que una decisión sobre la pena de muerte en un atentado tan grave como el del 11 de septiembre sólo debe ser tomada por él.
«Los demandados están acusados de perpetrar el acto criminal más atroz en suelo estadounidense de la historia moderna: los atentados terroristas del 11-S», escribió el departamento en la moción. «El juez de la comisión militar pretende hacer cumplir los acuerdos de culpabilidad previos al juicio que privarán al gobierno y al pueblo estadounidense de un juicio público sobre la culpabilidad de los demandados y la posibilidad de una pena capital, a pesar de que el Secretario de Defensa ha retirado legalmente esos acuerdos».
La intervención de Austin fue desestimada por un juez de Guantánamo y un grupo de revisión militar, lo que llevó al gobierno a presentar esta semana la moción ante la Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia.
Los abogados defensores de Mohammed y de los demás han alegado que los acuerdos ya están en vigor y que Austin carece de autoridad legal para anularlos a posteriori. Además, criticaron las dos décadas de gestión «irregular» y «negligente» del caso por parte del gobierno.
Aunque la corte de apelaciones acordó dejar en suspenso el proceso de declaración de culpabilidad de Mohammed, no se pronunció sobre si Austin tiene o no potestad para anular los acuerdos alcanzados con Mohammed y otros acusados.
Los acuerdos negociados por el Departamento de Defensa fueron aprobados por los fiscales militares y el alto funcionario del Pentágono para Guantánamo a finales de julio de 2024 y también obligan a los acusados a responder a cualquier pregunta pendiente que tengan las familias de las víctimas sobre los atentados.
Con información de The Associated Press
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