En una sentencia del 19 de diciembre, una corte de apelaciones bloqueó temporalmente una iniciativa de la administración Biden para desmantelar las vallas de alambre de púas a lo largo de la frontera entre Texas y México.
Texas había instalado estas vallas para impedir el cruce ilegal de la frontera.
La Corte de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, no estuvo de acuerdo con la decisión de un juez de primera instancia de que el gobierno de Estados Unidos era inmune a una demanda presentada por Texas.
La corte de apelaciones consideró que la política federal de retirar la valla era potencialmente violatoria de la ley.
También emitió una orden solicitando a las autoridades de inmigración estadounidenses que se abstuvieran de retirar las vallas mientras Texas está recurriendo la sentencia del juez. El juez de primera instancia se había negado anteriormente a detener la destrucción de la valla mientras la demanda del Estado seguía su curso.
La valla de alambre de púas fue instalada en terrenos de propiedad privada a lo largo del río Grande por la Guardia Nacional de Texas en el marco de la Operación Lone Star (Operación Estrella Solitaria).
El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, puso en marcha el programa en 2021 ante el aumento de los cruces ilegales de la frontera.
La iniciativa ha dado lugar a una serie de acciones legales, incluida una demanda presentada el 19 de diciembre.
Esa demanda cuestiona la legalidad de una nueva ley de Texas que otorga a los funcionarios estatales la autoridad para detener, llevar a juicio y potencialmente expulsar a las personas que han cruzado ilegalmente la frontera.
La demanda del estado en relación con el alambre de púas alega que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos han incrementado sus esfuerzos para modificar o dañar las vallas que el estado colocó en terrenos privados, con el consentimiento de los propietarios.
En noviembre, un juez federal expresó su preocupación por la eficacia de los esfuerzos del gobierno de Biden para hacer frente a la entrada ilegal en Estados Unidos.
Sin embargo, mencionó que Texas aún no había demostrado su capacidad jurídica para impugnar la conducta del gobierno federal.
El 5º Circuito expresó una interpretación diferente de la ley en relación con la inmunidad del gobierno estadounidense frente a ciertas reclamaciones legales de los estados. En su fallo de esta semana, sugirieron que la demanda de Texas podría tener muchas posibilidades de prosperar.
«El interés público apoya una clara protección de los derechos de propiedad frente a la intrusión y el control del gobierno», escribió el juez de circuito Kyle Duncan.
«Desastre continuo»
La acción fue interpuesta por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien aplaudió la orden judicial en un comunicado de prensa el día del fallo.
“Yo estoy muy contento de que la corte de apelaciones haya prohibido a los agentes federales enviados por la administración Biden destruir nuestras cercas de alambre de concertina”, dijo el fiscal.
“Dado el actual desastre en la frontera sur debido a las acciones intencionales del gobierno federal, más que nunca es necesario tomar todas las medidas que podamos para mantener la línea».
“Yo continuaré luchando contra las políticas radicales de la administración Biden y trabajaré para hacer de Texas un lugar más seguro para vivir”.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
La decisión de la corte se produjo un día después de que el gobernador Abbott promulgó un proyecto de ley de seguridad fronteriza que otorgará a las autoridades estatales amplia autoridad para arrestar a inmigrantes que hayan ingresado ilegalmente a Texas y permitirá a los jueces locales ordenar a dichos inmigrantes que abandonen el país.
La medida del 18 de diciembre adoptada por el gobernador republicano pone en vigor una de las leyes de inmigración más estrictas del país y establece un choque con el gobierno federal, que tiene autoridad sobre la política de inmigración.
Según las nuevas reglas, todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el estado de Texas, incluidos aquellos que se encuentran a cientos de millas de la frontera, tendrían autoridad para detener a inmigrantes sospechosos de ingresar ilegalmente al país.
Debido a que el delito se considera un delito menor, el juez tiene la autoridad para ordenar al acusado que abandone el país.
Con información de Reuters.
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