Corte de Apelaciones confirma condena de Steve Bannon por desacato al Congreso

Por Zachary Stieber
10 de mayo de 2024 4:58 PM Actualizado: 10 de mayo de 2024 4:58 PM

Una corte federal rechazó la apelación de Steve Bannon a su condena por desacato al Congreso.

Un panel de la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito del Distrito de Columbia dijo el 10 de mayo que la afirmación de Bannon de que fue condenado erróneamente por desacato al Congreso porque se basó en el asesoramiento de un abogado cuando desafió una citación iba en contra de sentencias anteriores.

La ley en cuestión prohíbe desafiar «deliberadamente» las citaciones del Congreso.

Robert Costello, uno de sus abogados, le aconsejó que no sería condenado si no cumplía con la citación del panel de la Cámara de Representantes, ya disuelto desde entonces, que investigaba la irrupción al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Esto significa que Bannon no actuó voluntariamente, según los escritos presentados ante la corte de apelación.

Los jueces del panel dijeron que eso no era cierto.

La Corte de circuito «sostuvo claramente que ‘deliberadamente’ en la Sección 192 solo significa que el acusado se negó deliberada e intencionadamente a cumplir con una citación del Congreso, y que esta defensa exacta de ‘consejo de abogado’ no es una defensa en absoluto», escribió en el fallo de 20 páginas el juez de circuito Bradley García, designado por el presidente Joe Biden.

«Como tanto esta corte, como la Corte Suprema ha explicado repetidamente, una norma contraria contravendría el texto del estatuto de desacato y obstaculizaría la autoridad investigadora del Congreso. Debido a que no tenemos ninguna base para apartarnos de ese precedente vinculante, y porque ninguno de los otros desafíos de Bannon a sus condenas tienen mérito, confirmamos» la condena, agregó el Sr. García.

El fallo confirmó una sentencia similar del juez de distrito Carl Nichols, quien concluyó que la ley en cuestión solo requiere que una persona deliberadamente e intencionadamente no responda a una citación.

«La aplicación efectiva de las citaciones del Congreso sería sumamente difícil si los cargos por desacato exigieran demostrar que la incomparecencia o la negativa a responder a las preguntas no solo fue deliberada e intencionada, sino que también se hizo de mala fe», según la nueva sentencia. «De lo contrario, cualquier testigo citado podría negarse a responder y alegar que tenía una creencia de buena fe, de que no necesitaba cumplir, independientemente de cuán idiosincrásica o equivocada pueda ser esa creencia».

Los jueces del Circuito de Estados Unidos, Cornelia Pillard, designada por el expresidente Barack Obama, y Justin Walker, designado por el expresidente Donald Trump, se unieron al fallo unánime.

Los abogados del señor Bannon y del gobierno no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El Sr. Bannon todavía puede pedir a la Corte Suprema de Estados Unidos que se pronuncie sobre el asunto, o que el pleno de la corte de apelaciones de Washington D.C. considere la apelación. Todavía no se ha dictado ninguna orden de ingreso en prisión en su contra.

El Sr. Bannon fue declarado culpable por un jurado y condenado en 2022 por el juez Nichols, designado por el presidente Trump, a cuatro meses de prisión. El juez Nichols suspendió la sentencia a la espera del resultado de la apelación del Sr. Bannon.

Peter Navarro, otro exasesor del presidente Trump, también fue condenado a cuatro meses de prisión tras ser declarado culpable de desacato al Congreso por no cumplir con una citación. El Sr. Navarro comenzó a cumplir su sentencia en marzo después de que el juez de distrito de Estados Unidos Amit Mehta, designado por el presidente Obama, denegara la solicitud del Sr. Navarro de posponer la sentencia pendiente de apelación, una decisión confirmada por la Corte de Apelaciones de Washington DC y la Corte Suprema.

Privilegio ejecutivo

Tanto el Sr. Bannon como el Sr. Navarro invocaron el privilegio ejecutivo para explicar por qué no cumplieron las citaciones del Comité Selecto de la Cámara de Representantes para investigar el atentado del 6 de enero contra el Capitolio de Estados Unidos.

El Sr. Costello basó su consejo al Sr. Bannon en que el presidente Trump invocó el privilegio ejecutivo en respuesta a la citación, o que invocó autoridad de un presidente para retener información confidencial, según los archivos judiciales.

«Costello le dijo a Bannon que, como se había invocado el privilegio ejecutivo, Bannon tenía las manos atadas y no podía cumplir legalmente con la citación, a menos o hasta que la cuestión del privilegio ejecutivo se resolviera entre la Cámara y el expresidente o una corte le ordenara cumplir. Costello dijo a Bannon que basaba sus consejos y directrices en su revisión de la jurisprudencia pertinente y en los dictámenes jurídicos vinculantes y autorizados de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia», dice un escrito de los abogados de Bannon.

Esto incluye una opinión que dice que las citaciones del Congreso que requieren que los empleados del gobierno comparezcan sin abogados del gobierno no son válidas. Los abogados del Sr. Bannon dijeron que se aplicaba al Sr. Bannon porque la Cámara no permitiría que los abogados del presidente Trump asistieran a la solicitada declaración por deposición.

El fallo de la corte de apelaciones indicó que ese argumento estaba mal aplicado porque el presidente Trump nunca hizo valer el privilegio ejecutivo y el Sr. Bannon no planteó la cuestión ante la corte inferior.

Eso significa que el caso «no proporciona ninguna ocasión para abordar cualquier cuestión relativa al alcance del privilegio ejecutivo o si podría haber excusado el incumplimiento de Bannon en estas circunstancias», escribió el juez García.

Los jueces también dijeron que las comunicaciones de un exabogado del presidente Trump ni las opiniones del Departamento de Justicia autorizaron la negativa del Sr. Bannon a cumplir en absoluto con la citación, que buscaba testimonio y documentos. Tales defensas «requieren que el acusado demuestre (además de otros elementos que no necesitamos abordar) que el gobierno autorizó afirmativamente la conducta del acusado», determinó el fallo.


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