Una corte federal de apelaciones confirmó la sentencia de una corte inferior que bloquea una parte de una nueva ley de Alabama que limita el tipo de asistencia que pueden recibir los votantes al cumplimentar las solicitudes de voto por correo.
Los partidarios de la ley afirman que reforzará la integridad de las elecciones al limitar las oportunidades de recolección de boletas mientras que los detractores afirman que afecta injustamente a los votantes ciegos, discapacitados o que no saben leer ni escribir.
El 11 de octubre, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito emitió una orden que deniega la petición de Alabama de anular la orden judicial de una corte inferior emitida en septiembre, impidiendo así que el estado aplique las partes de la Ley del Senado 1 (SB1) que prohibían a los votantes ciegos, discapacitados o analfabetos obtener ayuda para solicitar el voto por correo a cambio de una compensación. El fallo de la corte de apelaciones también confirma la decisión de la corte inferior de bloquear las sanciones penales contra las personas que ayuden a estos votantes rellenando previamente o presentando sus solicitudes de voto por correo.
La corte de apelación, compuesta por tres jueces, dictaminó que levantar la medida cautelar de la corte inferior «perjudicaría» el acceso a las urnas de los votantes vulnerables e iría en contra del interés público.
«Llegamos a la conclusión de que el apelante no ha hecho una fuerte demostración de que es probable que tenga éxito en los méritos, el apelante (y por lo tanto el estado) no será irreparablemente perjudicado si se niega una suspensión, la emisión de una suspensión perjudicaría a los demandantes (y otros votantes de la Sección 208)», escribieron los jueces de la corte de apelaciones.
Sin embargo, el fallo deja intacta la mayor parte de la SB1, lo que permite a Alabama seguir aplicando otras disposiciones que, según sus partidarios, ayudan a prevenir el fraude electoral.
La ley SB1, promulgada a principios de 2024, tipifica como delito el pago o la entrega de regalos a personas que distribuyan, encarguen, soliciten, recojan, rellenen previamente, rellenen, obtengan o entreguen solicitudes de voto en ausencia. La ley también prohíbe a las personas presentar solicitudes de voto por correo cumplimentadas en nombre de otras, incluso si no hay pagos ni regalos de por medio.
Una coalición de grupos de defensa de los derechos de los votantes, entre ellos la NAACP de Alabama, la Liga de Mujeres Votantes de Alabama y el Programa de Defensa de los Discapacitados de Alabama (ADAP), demandó al fiscal general de Alabama, Steve Marshall, y a otros funcionarios para que bloquearan la ley. Los demandantes argumentaron en su demanda que la SB1 penaliza la expresión protegida por la Constitución y perjudica desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables que dependen de la asistencia para votar, como los votantes discapacitados y con bajo nivel de alfabetización.
Los demandantes sostuvieron que las restricciones de la SB1 tendrían un efecto amedrentador sobre la participación de los votantes al convertir actos rutinarios de participación cívica, como ayudar a un vecino o familiar a presentar una papeleta de voto por correo, en graves delitos penales. También argumentaron que la SB1 viola las protecciones federales en virtud de la Sección 208 de la Ley de Derecho al Voto (VRA), que garantiza que los votantes ciegos, discapacitados o analfabetos puedan recibir asistencia de una persona de su elección, excluyendo solo a su empleador o representante sindical.
En septiembre, una corte de primera instancia dio la razón a algunos de los demandantes, dictaminando que la SB1 imponía nuevas restricciones que iban más allá de lo permitido por el artículo 208 de la VRA. La corte determinó que prohibir la compensación por asistencia y prohibir la cumplimentación previa y la presentación de solicitudes de voto en ausencia en nombre de terceros contravenía la ley federal cuando se aplicaba a votantes discapacitados, ciegos o analfabetos. La corte de apelaciones confirmó esta sentencia, manteniendo la medida cautelar para estos votantes, al mismo tiempo que permitía que el resto de la SB1 siguiera siendo aplicable.
La Liga de Mujeres Votantes elogió la sentencia, declarando: «La decisión de la corte reconoce que muchos votantes vulnerables no podrían votar si se permitiera a Alabama aplicar la ley bloqueada (Proyecto de Ley del Senado 1 o SB 1), que impone importantes sanciones penales a grupos cívicos, como los demandantes, a los que los votantes de la Sección 208 acuden en busca de ayuda. Gracias a esta decisión, los votantes discapacitados y con bajo nivel de alfabetización son libres de recibir ayuda de cualquier persona de su elección durante todo el proceso de votación».
No se devolvió inmediatamente una solicitud de comentarios enviada a la oficina del Fiscal General de Alabama.
En una moción previa que buscaba levantar la medida cautelar, la oficina de Marshall argumentó que la decisión de la corte desafía el «sentido común» y dijo que los votantes discapacitados aún podían recibir ayuda, «solo que no a cambio de dinero en efectivo o regalos».
La oficina también declaró que «las elecciones de Alabama serán menos seguras y los derechos de voto de los votantes más vulnerables del Estado estarán menos protegidos si la medida cautelar SB1 sigue en vigor».
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