La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia dictaminó que la expansión de un gasoducto para entregar más gas a los clientes en Nueva York puede seguir adelante, argumentando que la agencia reguladora federal evaluó adecuadamente los efectos que tendría cuando se aprobó la línea.
En una decisión dictada el 14 de junio, un panel de tres jueces rechazó por unanimidad los argumentos del grupo ecologista de izquierda, Food & Water Watch, que presentó en 2022 una demanda en la que alega que la Comisión Federal Reguladora de la Energía de Estados Unidos (FERC, por sus siglas en inglés) no cuantificó adecuadamente las emisiones de las perforaciones previas para obtener el gas que se transportaría a través de la ampliación del gasoducto.
Food & Water Watch escribió que la FERC violó la Ley Nacional de Política Ambiental, una ley de 1970 que obliga a las agencias federales a considerar los impactos ambientales al hacer propuestas, y que tampoco tuvo en cuenta las leyes de la ciudad de Nueva York o del estado de Nueva York cuando aprobó el proyecto East 300 Upgrade de Tennessee Gas Pipeline LLC.
El proyecto pretende instalar nuevas estaciones de compresión de gas en Nueva Jersey, Pensilvania y Nueva York para bombear más gas de fracturación de los esquistos Marcellus y Utica.
El grupo argumentó que las estaciones de compresión «mantendrían o aumentarían la presión en las líneas de transmisión de gas natural, y los operadores regularmente ‘soplan’ las estaciones, liberando gas metano en la comunidad local cuando se acumula demasiada presión», según una declaración sobre la demanda.
«Estos nuevos compresores permitirían a la empresa transportar mayores volúmenes de gas, obtenido por fracturación hidráulica en Pensilvania, a mayor presión a través de un sistema de gasoductos anticuado hasta el condado de Westchester [en Nueva York]», añadieron los demandantes.
En respuesta, la corte de apelaciones del Distrito de Columbia afirmó que la FERC pudo determinar correctamente las emisiones generadas por el oleoducto y las incluyó en su evaluación medioambiental cuando aprobó el proyecto. También consideró que la FERC había abordado las principales preocupaciones sobre las emisiones del proyecto y cumplido sus normas reglamentarias.
El juez Gregory Katsas escribió para la corte que la FERC «concluyó razonablemente que había demasiada incertidumbre en cuanto al número y ubicación de los pozos adicionales aguas arriba» que el grupo ecologista había señalado en su demanda.
«Aunque hemos criticado a la FERC por no exigir más información sobre otros proyectos de oleoductos, nunca hemos anulado un certificado por ese motivo», escribió el juez.
También indicó que la agencia reguladora «se negó razonablemente a solicitar más información a Tennessee Gas porque no hay pruebas que sugieran que una petición hubiera producido información útil».
El gasoducto Tennessee Gas es una serie de gasoductos de gas natural que van desde las costas de Texas y Luisiana hasta Arkansas, Misisipi, Alabama, Tennessee, Kentucky, Ohio y Pensilvania y suministran gas natural a Nueva York, Nueva Jersey, Virginia Occidental y otros estados del noreste, según Kinder Morgan, que opera el sistema. Es uno de los mayores sistemas de gasoductos de Estados Unidos.
A principios de este año, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó por unanimidad las aprobaciones federales de otro proyecto de ampliación del sistema de gasoductos de Kinder Morgan en Luisiana y Misisipi, rechazando los argumentos de los grupos ecologistas de que el gobierno realizó una revisión insuficiente de sus daños al medio ambiente.
En ese caso, el Sierra Club y Healthy Gulf afirmaron en su demanda de 2022, que pretendían anular las aprobaciones de la FERC, ya que la ampliación y los proyectos relacionados —nuevos proyectos de infraestructura de gasoductos que conectan con la misma terminal de exportación y con la propia terminal— provocarían en conjunto una liberación masiva de emisiones.
Sin embargo, la Corte del Circuito del Distrito de Columbia declaró que la FERC no estaba obligada, en virtud de las leyes federales de revisión ambiental, a tener en cuenta sus emisiones colectivas a la hora de emitir las aprobaciones.
Todos estos proyectos forman parte de un importante aumento de la capacidad de exportación de gas natural licuado en el Golfo de México. El año pasado, Estados Unidos se convirtió en el mayor exportador de gas natural licuado del mundo, y se espera que esa capacidad se duplique antes de que acabe la década.
Food & Water Watch no ha emitido ninguna declaración pública desde la última sentencia de la Corte de Circuito de Washington. The Epoch Times se puso en contacto con el grupo el 17 de junio para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.
Con información de Reuters
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