El viernes, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito dijo que el uso de los poderes de emergencia del presidente Donald Trump para distribuir millones de dólares para financiar la construcción de un muro en la frontera sur es ilegal.
La corte confirmó un fallo del Tribunal de Distrito de diciembre de 2019 a favor de una solicitud del Sierra Club y la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur contra el secretario de Defensa Mark Esper, el secretario de Seguridad Nacional en funciones Chad Wolf, y otros.
Después que el Congreso brindó a Trump USD 1300 millones en lugar de los USD 5700 millones que él había solicitado para financiar el muro, Trump invocó la Ley Nacional de Emergencias y declaró una emergencia en la frontera sur.
El panel, en una decisión de 2 a 1, determinó que la asignación de fondos era ilegal e iba en contra de la cláusula de separación de poderes de la Constitución.
«Particularmente en el contexto de este caso, en el que el Congreso se negó a financiar los mismos proyectos en cuestión e intentó poner fin a la declaración de emergencia nacional (en dos ocasiones), no podemos interpretar que el estatuto otorgue al Poder Ejecutivo una discreción sin restricciones para desviar fondos a cualquier territorio que considere bajo jurisdicción militar», escribió en el fallo el juez principal del Circuito, Sidney Thomas, designado por Clinton.
«Como se demostró en este caso, esto permitiría a los acusados federales redirigir los fondos a voluntad sin consideración del proceso de asignaciones normal», escribió Thomas. «Aunque reconocemos que en tiempos de emergencia nacional generalmente debemos una gran deferencia a las decisiones del Ejecutivo, las circunstancias particulares de este caso nos obligan a considerar seriamente las limitaciones del texto de la Sección 2808 y a someter al Ejecutivo a las mismas», añadió.
Gloria Smith, abogada gerente del Sierra Club, uno de los grupos que participó en la demanda contra la construcción del muro fronterizo, dijo al medio Texas Tribune que hay otras opciones disponibles para el gobierno de Trump. Ella añadió que es probable que se produzcan futuras batallas legales, incluida una en la Corte Suprema.
«El gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional, tenía que identificar las disposiciones del Código de Estados Unidos en las que se basaría para tomar esos fondos», dijo Smith. «A medida que empezamos a enterarnos de eso, y a medida que comenzamos a identificar sitios específicos de los proyectos, enmendamos nuestra demanda con más precisiones. Así que hay ramificaciones de la demanda principal».
David Donatti, abogado de la American Civil Liberties Union (ACLU) de Texas, dijo al periódico que la Corte Suprema podría emitir un sobreseimiento de emergencia antes de las elecciones del 3 de noviembre.
«Podrían hacerlo, pero necesitarían una mayoría de la corte para hacerlo. Pero como por el momento solo tenemos ocho jueces, tenemos que ver qué pasaría», dijo.
En 2020, la administración Trump aceleró el ritmo de la construcción del muro fronterizo, casi duplicando el ritmo de construcción de principios de año. De acuerdo con las cifras recientes publicadas por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB), las autoridades están en camino de terminar unas 450 millas para fines de año. Hasta ahora, se construyeron alrededor de 341 millas.
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