Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia afirmó una orden de silencio que la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Tanya Chutkan emitió originalmente, prohibiendo al expresidente Donald Trump hacer declaraciones que apunten a varios grupos de personas involucradas en un caso que lo acusa de interferir en las elecciones de 2020.
La opinión y orden de 68 páginas proporcionó algunas especificaciones adicionales a la orden original de la jueza Chutkan, reduciendo la orden de silencio.
El expresidente tiene prohibido «hacer o dirigir a otros a hacer declaraciones públicas sobre testigos conocidos o razonablemente previsibles en relación con su posible participación en la investigación o en este proceso penal». Anteriormente, la orden prohibía al presidente Trump hacer declaraciones que «apuntaran» a cualquier testigo potencial, o al contenido de sus posibles testimonios.
También se le permite hacer declaraciones sobre el abogado especial Jack Smith, a quien los jueces de la corte de apelaciones habían considerado una figura pública en una audiencia anterior.
Sin embargo, se le prohíbe hacer declaraciones sobre sus empleados, incluyendo otros abogados federales, sus familias, y cualquier personal de la corte y sus familias «si esas declaraciones se hacen con la intención de interferir materialmente con, o hacer que otros interfieran materialmente con, el trabajo del abogado o de los empleados en este caso penal, o con el conocimiento de que tal interferencia es muy probable que resulte».
Esto matiza la prohibición de la orden de silencio original de declaraciones que simplemente «se dirijan» a los empleados jurídicos y judiciales.
«Anulamos la Orden en la medida en que cubre el discurso más allá de esas categorías especificadas», se lee.
El panel de apelación adoptó el razonamiento de la jueza Chutkan, escribiendo que «algunos aspectos de las declaraciones públicas del Sr. Trump plantean una amenaza significativa e inminente a la adjudicación justa y ordenada del proceso penal en curso», y justificaron una orden de silencio.
«Sin embargo», señalaron, la orden de mordaza original «abarca más discurso protegido de lo necesario. Por esa razón, confirmamos la orden del tribunal de distrito en parte y la anulamos en parte».
La opinión tiene algunas tachaduras, y el tribunal ha dado a las partes un plazo hasta el 18 de diciembre para argumentar sobre si las tachaduras deben ser reveladas.
La nueva orden también reiteró la explicación de la jueza Chutkan de que el presidente Trump puede hacer declaraciones criticando a la Administración Biden, incluido el Departamento de Justicia, y declaraciones sobre su creencia de que la acusación tiene motivaciones políticas.
«No permitimos tal orden a la ligera», escribió la jueza Patricia Ann Millett para el panel. «El Sr. Trump es un expresidente y actual candidato a la presidencia, y hay un fuerte interés público en lo que tiene que decir. Pero el Sr. Trump también es un acusado penal, y debe ser juzgado en un tribunal bajo los mismos procedimientos que rigen a todos los demás acusados penales. Eso es lo que significa el Estado de Derecho».
El panel también incluyó a los jueces Cornelia Pillard y Bradley Garcia. Los jueces Millet y Pillard fueron nombrados por el presidente Barack Obama, y el juez Garcia fue nombrado por el presidente Joe Biden.
La campaña de Trump emitió un comunicado sobre la orden, alegando que la acusación ha sido políticamente motivada.
«Hoy, el panel de la Corte del Circuito de Washington, con cada juez designado por un presidente demócrata, determinó que una gran parte de la orden de silencio extraordinariamente excesiva de la jueza Chutkan era inconstitucional», declaró el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung. «El presidente Trump seguirá luchando por los derechos de la Primera Enmienda de decenas de millones de estadounidenses a escuchar al principal candidato presidencial en el apogeo de su campaña. La cacería de brujas liderada por Biden contra el presidente Trump y el pueblo estadounidense fracasará».
Equilibrio
Durante una audiencia anterior, el panel destacó que buscaban equilibrar las cuestiones de la Primera Enmienda con la necesidad de proteger la integridad de los procedimientos. A tal efecto, el juez Millet subrayó en el dictamen que la orden debe ser restringida.
La opinión cita varios posteos en redes sociales y citas en las que el presidente Trump señaló a individuos, incluidos «varios funcionarios estatales y locales».
La oficina del abogado especial había proporcionado el testimonio de algunos de estos funcionarios que dijeron que después de los posteos del presidente Trump en las redes sociales, recibieron amenazas que eran «gráficas» y «específicas» en la naturaleza, a veces incluyendo nombres y fotos de miembros de la familia y sus hogares.
Los fiscales habían tratado de establecer un patrón o dinámica de acoso como base para una orden de silencio. Los abogados defensores argumentaron que no habían aportado ninguna prueba de ese tipo vinculada específicamente a este caso.
El tribunal de apelaciones opinó que los acusados de delitos penales deben poder hablar «sobre asuntos específicos relacionados con el juicio penal».
El juez escribió que dieron un peso considerable a los derechos de la Primera Enmienda y concluyó que el derecho del presidente Trump a un juicio justo no le da derecho a «un juicio perjudicado a su favor».
La afirmación parcial de la orden de silencio está arraigada, legalmente, en el deber del tribunal de «proteger la integridad del proceso de justicia penal», explicó el juez Millet, señalando la naturaleza de alto perfil del caso y la «amplia cobertura e interés de los medios».
«Un tribunal no puede sentarse y esperar a que un ‘ambiente de carnaval’ descienda antes de actuar», escribió.
El caso sobre las elecciones entra en una nueva etapa
El presidente Trump fue acusado de cuatro cargos en el caso de las elecciones, que acaba de entrar en una nueva fase de litigios previos al juicio.
La jueza Chutkan rechazó recientemente dos de las cuatro mociones del presidente Trump para desestimar el caso, preparando el terreno para una apelación.
El 7 de diciembre, el equipo legal del presidente Trump presentó una notificación de apelación, y una moción para suspender todos los procedimientos mientras esto está en curso, con toda probabilidad poniendo en peligro la fecha del juicio del 4 de marzo de 2024 que la jueza ha reafirmado firmemente.
La oficina del abogado especial había reconocido que una suspensión era necesaria mientras el caso se dirigía al tribunal de apelaciones, pero había argumentado que las mociones previas al juicio debían continuar según lo previsto. La defensa argumentó en una moción de 11 páginas que los precedentes muestran que todos los procedimientos deben detenerse, dado que el caso no puede avanzar si la apelación prospera.
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