Tras una audiencia celebrada el viernes, una corte de apelaciones concedió una suspensión, o pausa, a la orden de un juez de disolver los negocios del expresidente Donald Trump.
Esto fue sólo una victoria parcial para el presidente Trump, ya que la corte de apelaciones dijo que el juicio que comenzó esta semana podría continuar.
Los fiscales se habían opuesto a la petición de aplazamiento, acusando a los abogados defensores de intentar «sembrar el caos» y la perturbación.
La Organización Trump emitió un comunicado tras la pausa, calificando de «demasiado entusiasta» la orden del juez de cancelar los certificados comerciales de los Trump».
«La orden del juez Engoron buscó erróneamente adjudicar los derechos de las entidades comerciales que no son una de las partes que emplean a casi 1000 neoyorquinos trabajadores, nunca han sido acusados de ningún delito y, nunca se les dio su día en la corte –en clara violación de sus derechos constitucionales fundamentales y el debido proceso. Seguiremos defendiendo enérgicamente a nuestra empresa y a nuestros increíbles empleados de esta persecución por motivos políticos», dice el comunicado.
Apelación
Los abogados del presidente Trump apelaron el caso de fraude civil en su contra el 4 y 5 de octubre, presentando un documento de 1154 páginas en un intento de pausar el juicio actualmente en curso.
«La decisión de la Corte Suprema [de Nueva York] del 26 de septiembre y del 5 de octubre de 2023 impone un alivio no autorizado, no exigido y excesivo sin un fundamento fáctico o legal adecuado, lo que resultará en un daño significativo e irreparable», señala la razón para solicitar una suspensión, o pausa, en el caso.
El presidente Trump ya había intentado previamente retrasar el juicio, y el recurso había sido denegado pocos días antes de que comenzara.
La decisión del 26 de septiembre del juez de la Corte Suprema de Nueva York Arthur Engoron no sólo declaró al presidente Trump responsable de fraude, sino que ordenó la disolución de la Organización Trump y las LLC relacionadas, lo que significa que el 45º presidente perderá todo su imperio inmobiliario en cuestión de días a menos que se conceda la apelación. Además, argumentan los abogados, cientos de empleados se verán afectados.
«La Corte Suprema claramente no comprende el alcance del caos que su decisión ha provocado», dice la presentación, describiendo el juicio sumario como un «error judicial».
Caso y sanciones
Los certificados comerciales del presidente Trump ya han sido cancelados, y la orden del juez del 5 de octubre le obliga a notificarlo antes de solicitar uno nuevo, incluso fuera de Nueva York. Sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr, vicepresidentes ejecutivos en la Organización Trump, se enfrentan a sanciones similares.
Entre los edificios que pueden perder figuran la Torre Trump, el número 40 de Wall Street, la finca familiar de Seven Springs, al norte del estado, y las residencias privadas de Eric Trump y Donald Trump Jr.
El caso comenzó cuando el exabogado del presidente Trump, Michael Cohen, hizo afirmaciones de que su jefe infló su patrimonio neto. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, que declaró que demandaría al expresidente por fraude cuando estaba en campaña para su cargo, presentó una demanda civil en septiembre de 2022 en la que lo acusaba de defraudar al Estado inflando artificialmente su patrimonio para obtener condiciones más favorables de aseguradoras y bancos.
La demanda incluía siete reclamaciones, sobre una de las cuales se pronunció el juez Engoron una semana antes del juicio, declarando al presidente Trump responsable de fraude.
El juicio comenzó el 2 de octubre, durante el cual el presidente Trump hizo una aparición sorpresa y habló largo y tendido con la prensa. Volvió a asistir el segundo día y se quedó parte del tercero. El juicio se ocupará de la cantidad en multas que el presidente Trump debe, así como probar las seis reclamaciones restantes de fraude en la demanda del fiscal.
La apelación en sí tiene más de 30 páginas, las más de 1000 restantes son precedentes de casos citados.
Cientos de empleados se enfrentan a la pérdida de su empleo
La última apelación argumenta que el tribunal se excedió en su jurisdicción y «abusó de su discreción» en las penas ordenadas, señalando que los fiscales nunca pidieron la disolución de Trump Organization en su petición.
La Sra. James había pedido en cambio 250 millones de dólares en multas, y que se prohibiera al presidente Trump y a sus hijos ocupar cargos ejecutivos empresariales en el estado durante cinco años. Ella tampoco citó la ley que habría permitido al juez ordenar la disolución como medida de alivio, argumentan los abogados.
«Las consecuencias de hacer cumplir el fallo MSJ [fallo sumario del 26 de septiembre] son nefastas, y una vez hecho, no se puede deshacer», escribieron los abogados.
Señalaron que «no partes inocentes y empleados que dependen de las entidades afectadas para su subsistencia» están siendo arrastrados por la sentencia «demasiado amplia». La decisión fue sin proceso, autoridad estatutaria o juicio, y «hace imposible el funcionamiento legal de múltiples negocios y amenaza con el despido de cientos de empleados de Nueva York sin ninguna jurisdicción o debido proceso».
Cuando el juez Engoron tomó la decisión, admitió que no sabía cuál sería el alcance de las repercusiones cuando los abogados le preguntaron qué significaba para ciertas propiedades como la Torre Trump o la casa de Eric Trump.
Pero la orden del 26 de septiembre tendrá lugar de forma inminente, argumentan los abogados, y la orden del juez del 5 de octubre no abordaba ninguna de las cuestiones que los abogados habían planteado. Los abogados también argumentan que no tuvieron oportunidad de presentar su caso antes de la orden del 26 de septiembre.
Ley de prescripción
Los abogados también presentaron argumentos adicionales sobre la ampliación del plazo de la ley de prescripción por parte del juez durante el juicio.
Una decisión de la corte de apelaciones de junio había definido el plazo de prescripción a las alegaciones a partir de 2014. La demanda original de los fiscales abarcaba la década de 2011 a 2021.
Durante el juicio, el juez reconoció la prescripción, pero dijo que permitiría pruebas anteriores a 2014 si los fiscales podían conectarlas con delitos posteriores. Los fiscales habían argumentado a favor de aportar estas pruebas bajo la «doctrina de los agravios continuados».
En la apelación, los abogados del presidente Trump argumentan que la doctrina no retrasa ni amplía el período permitido, citando otras sentencias judiciales. Además, la corte está tratando ahora los estados financieros individuales como «reclamaciones procesables por separado», en lugar de «agravios continuos», argumentaron.
Si el plazo de prescripción se aplica correctamente, la mayoría de las reclamaciones del fiscal están «sujetas a desestimación por extemporáneas», argumentaron.
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