Según recientes informes, un tribunal federal de apelaciones rechazó los planes de la administración Trump de reanudar la pena de muerte a nivel federal después de una pausa de 16 años, aunque la Casa Blanca ha señalado que está preparada para llevar su lucha a la Corte Suprema.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, integrado por tres jueces, rechazó la solicitud del Departamento de Justicia (DOJ) de anular la decisión de un juez que detuvo temporalmente la ejecución de cuatro asesinos condenados a muerte. La primera ejecución estaba programada para el 9 de diciembre.
Los jueces de los tribunales de circuito que emitieron la orden fueron Judith W. Rogers, quien fue nombrada por el expresidente Bill Clinton; Thomas B. Griffith, nombrado por el expresidente George W. Bush; y Neomi Rao, quien había sido designado por el presidente Donald Trump, informó el Washington Post.
«Nos complace que el Tribunal de Apelaciones haya acordado con el Tribunal de Distrito que no hay base para anular el mandato judicial preliminar en este caso», dijo al periódico Shawn Nolan, uno de los abogados que representa a varios de los reclusos que iban a morir.
«Los tribunales han dejado en claro que el gobierno no puede apresurar las ejecuciones con el propósito evitar la revisión judicial de la legalidad y constitucionalidad de su nuevo procedimiento de ejecución», añadió Nolan.
El mes pasado, la jueza de distrito de Columbial, Tanya S. Chutkan, emitió una orden judicial para bloquear las ejecuciones federales. Ella dijo que los desafíos legales de los internos deben completarse primero.
No obstante, el fiscal general William Barr dijo el 22 de noviembre que está preparado para llevar la lucha a la Corte Suprema.
«Hay personas que dirían que este tipo de retrasos no son justos para las víctimas, por lo que podemos seguir adelante con nuestro primer grupo», dijo Barr a The Associated Press.
La última ejecución federal tuvo lugar en 2003. Desde entonces, los litigios prolongados sobre las drogas, históricamente utilizadas en las ejecuciones de inyección letal, impidieron que el gobierno continuara con la práctica.
Las demandas que impugnan las inyecciones letales federales, la primera de las cuales se presentó en 2005, desafiaron el protocolo alegando que violaba la prohibición de la Octava Enmienda de la Constitución de EE. UU., que habla sobre la imposición de castigos crueles e inusuales que conllevan un riesgo de dolor severo. Las demandas también apuntaron a que el protocolo violaba una ley federal llamada Ley de Procedimiento Administrativo, porque fue escrita en secreto sin aportes públicos.
Bajo el predecesor demócrata de Trump, Barack Obama, el Departamento de Justicia abandonó su anterior protocolo de tres medicamentos debido a la escasez de uno de ellos, un anestésico llamado tiopental sódico. La lucha legal quedó inactiva durante el mandato de Obama, pero fue revivida en julio.
Barr programó las ejecuciones de cinco reclusos para diciembre y enero, y dio a conocer un nuevo protocolo que implica el uso de un solo medicamento para inyecciones letales, el pentobarbital.
Reuters contribuyó a este informe.
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