Una corte federal de apelaciones emitió la noche del martes una orden que restablece la suspensión que impide a Texas aplicar una ley según la cual las fuerzas de seguridad locales pueden detener a presuntos inmigrantes ilegales.
Esta decisión procede de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito de EE. UU., que votó 2-1 para anular una sentencia anterior dictada por otro panel de la misma corte que concedía una suspensión administrativa a la aplicación de la ley.
La sentencia anterior del 5º Circuito había paralizado temporalmente una orden judicial de un juez federal de distrito de Austin, que había impedido a Texas aplicar la ley. El razonamiento del juez de Austin era que dicha ley podría allanar el camino para que otros estados promulgaran su propia legislación sobre inmigración.
Tras la orden dictada el martes por la noche, el 5º Circuito escuchará ahora el miércoles los argumentos sobre la suspensión de la medida cautelar pendiente de apelación, según la orden.
«La mayoría del panel ha llegado a la conclusión de que debe levantarse la suspensión administrativa introducida por un panel de mociones el 2 de marzo de 2024», dice la orden sin firmar de la corte.
El juez de circuito Andrew Oldham disintió el martes de la opinión mayoritaria, abogando por que la ley siguiera siendo aplicable.
Escribió en su opinión discrepante: «Yo dejaría la suspensión en espera de los argumentos orales de mañana sobre la cuestión».
Esto se produjo horas después de que la mayoría conservadora de la Corte Suprema rechazara una petición de emergencia del gobierno de Biden para revisar la suspensión administrativa ordenada por el panel anterior del 5º Circuito.
El Departamento de Justicia argumentó que la ley constituye una clara violación de la Cláusula de Supremacía de la Constitución y que los estados no tienen potestad para hacer cumplir las leyes de inmigración. La ley, argumentó, provocaría el caos en la legislación sobre inmigración.
En una victoria para Texas, la Corte Suprema emitió una orden a primera hora del martes que permitía efectivamente la aplicación de la ley, conocida como SB4, mientras deliberaban las cortes inferiores.
Los jueces Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh presentaron opiniones concurrentes.
La jueza Barrett escribió que el alto tribunal «nunca ha revisado la decisión de una corte de apelaciones de introducir —o no introducir— una suspensión administrativa».
Añadió que una suspensión administrativa debe ser un «preludio efímero del acontecimiento principal», que es una resolución sobre la petición de suspensión pendiente de apelación.
La jueza Barrett también opinó que «no es prudente invitar a un litigio de urgencia en esta corte sobre si una corte de apelación abusó de su discreción en este paso preliminar».
Los tres jueces demócratas de la Corte Suprema, Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, expresaron su preocupación por la ley en sus opiniones discrepantes.
La jueza Sotomayor dijo que la orden «invita a más caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración».
También escribió que la ley «altera el equilibrio de poder federal-estatal que ha existido durante más de un siglo, en el que el Gobierno Nacional ha tenido autoridad exclusiva sobre la entrada y expulsión de no ciudadanos».
En diciembre, el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó la ley SB4 tras su aprobación por la asamblea legislativa estatal, controlada por los republicanos.
La SB4 permite a la policía local y estatal detener a las personas que hayan entrado ilegalmente en Estados Unidos desde México y les impone sanciones penales. La ley también concede a los jueces estatales autoridad para ordenar la deportación de inmigrantes ilegales.
El martes, el gobierno de México declaró que no aceptaría la devolución de inmigrantes ilegales de Texas a su territorio bajo ninguna circunstancia. México no está obligado a aceptar las deportaciones de personas que no sean ciudadanos mexicanos.
Con información de Jack Phillips.
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