Un panel de tres jueces de la corte de apelaciones del Distrito de Columbia se mostró dividido sobre si intervenir en el caso del exasesor de Trump, el teniente general Michael Flynn.
Flynn y el Departamento de Justicia (DOJ) están pidiendo a la corte de apelaciones un mandamiento judicial, una orden para el juez de distrito Emmet Sullivan, quien ha presidido el caso Flynn, para aceptar la moción del DOJ para archivar el caso.
Flynn, exjefe de la Agencia de Inteligencia de la Defensa durante la administración Obama y exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, se declaró culpable en 2017 por mentir durante una entrevista con el FBI. En enero, rechazó la declaración y solicitó al tribunal que le permitiera retirarla.
El Departamento de Justicia procedió a archivar el caso de Flynn el 7 de mayo, diciendo que el FBI no tenía una razón adecuada para entrevistar a Flynn en primer lugar y parecía que solo lo hacía «para obtener esas declaraciones muy falsas y por lo tanto criminalizar al Sr. Flynn».
Sullivan no solo no aceptó el retiro, sino que también nombró a un amicus curiae (amigo de la corte) para argumentar en contra. También ha indicado, a través de su abogado, que quiere investigar al DOJ sobre sus motivos para archivar el caso y considerar si Flynn debería ser retenido por desacato al tribunal por retirar su declaración.
«Los desarrollos inusuales en este caso brindan al menos una creíble ‘razón para cuestionar’ la ‘buena fe’ de la moción del gobierno», dijo Beth Wilkinson, abogada de Sullivan, en una respuesta al tribunal el 1 de junio.
Sidney Powell, abogada de Flynn y exfiscal federal, argumentó en una audiencia de teleconferencia el 12 de junio que Sullivan no tiene autoridad para retrasar su decisión, ya que obligaría a Flynn a sufrir más daños.
Ella dijo que el juez es libre de revisar el expediente del caso antes de emitir un fallo, pero no debe investigar más porque la Constitución deja las decisiones de enjuiciamiento exclusivamente al poder ejecutivo.
El Departamento de Justicia, representado por el principal procurador general adjunto Jeffrey Wall, estuvo de acuerdo, y señaló que también incurriría en daño porque Sullivan indicó que preguntará sobre los «procesos deliberativos» del gobierno, lo cual se debería permitir que el poder ejecutivo mantenga en reserva.
La abogada de Sullivan argumentó que el juez solo quiere hacer algunas preguntas para determinar cuáles son los límites de su autoridad para impugnar la moción del Departamento de Justicia de desestimar el caso. Él todavía no ha examinado inadmisiblemente la moción y, en cualquier caso, «el gobierno ciertamente sabe cómo negarse a responder o negarse a proporcionar información si lo considera apropiado».
El DOJ no estuvo de acuerdo.
Wall dijo que el tribunal debería considerar la «forma» en que el Departamento de Justicia se vería obligado a responder a las preguntas de Sullivan, y expresó la preocupación de que «si no lo es aún, amenaza con convertirse y se convertirá en el tipo de espectáculo público que yo creo que el mandamiento judicial garantiza obstaculizar en este momento».
“Tienes todas estas acusaciones lanzadas al poder ejecutivo. Nosotros tendremos que responderlas en un foro público, en un entorno politizado», dijo, y agregó, «esto invade nuestro proceso deliberativo, enfría la aplicación de la ley, crea un conflicto entre las ramas».
El caso fue escuchado por los jueces Karen Henderson, una persona designada por G.W. Bush; Robert Wilkins, designado por Obama; y Neomi Rao, una persona designada por Trump.
Henderson parecía no estar convencida de que es necesario que la corte de apelaciones intervenga ahora, ya que todavía existe la posibilidad de que Sullivan otorgue la moción y no haga lo que ha indicado que hará.
Wall no estuvo de acuerdo.
El tren de la investigación de Sullivan «solo ha abandonado parcialmente la estación», reconoció, pero agregó que un caso similar hace unos años sentó un precedente de que «en primer lugar, el tren nunca debe partir para respetar la división de las autoridades constitucionales entre el ejecutivo y el poder judicial».
Wilkins cuestionó la idea de que no se debería permitir al juez de distrito investigar más allá de lo que el gobierno puso en su moción para desestimar. ¿Qué pasaría si los fiscales actuaran por prejuicios raciales? Preguntó, evocando un escenario en el que el Departamento de Justicia retira el procesamiento de un oficial de policía blanco por «golpear» a una persona negra.
Wall le recordó al juez que, antes que nada, el gobierno necesitaría declarar abiertamente tal razón. En circunstancias normales, el gobierno tiene derecho a una «presunción de regularidad», lo que significa que, a menos que haya «pruebas claras» de lo contrario, el juez no debe teorizar sobre los motivos ocultos del gobierno.
Incluso si el gobierno declarara abiertamente tal razón, el tribunal puede estar en desacuerdo, pero aún tiene que otorgar la desestimación del caso, porque solo el gobierno puede iniciar acciones judiciales, argumentó Wall.
Finalmente, señaló que el prejuicio racial es una cuestión constitucional, que va más allá de todo lo relacionado con el caso Flynn.
Rao preguntó por qué Sullivan designó un amicus para argumentar en contra de la moción del gobierno de desestimar el caso. Ella preguntó en nombre de quién está argumentando el amicus.
Wilkinson respondió que el amicus representa al tribunal, pero que el juez se está aprovechando de la posición de confrontación del amicus para comprender «cuál es el alcance de la autoridad» del juez en esta situación.
Rao no insistió más en el punto.
Tanto Powell como Wall señalaron que el amicus, el exjuez federal John Gleeson, acusó abiertamente al DOJ de desestimar el caso por favoritismo, acusaciones de nivelación de facto contra el fiscal general William Barr y el presidente Donald Trump.
Ellos argumentaron que la designación arroja luz sobre dónde Sullivan está tratando de dirigir su investigación. De hecho, Gleeson dio a conocer sus puntos de vista en un artículo de opinión del Washington Post dos días antes de que Sullivan lo nombrara.
Henderson respondió que nombrar amicus «desaforado» no necesariamente significa que Sullivan lo va a escuchar.
«Por lo que sabemos, él dirá, ‘este informe amicus es exagerado, se concede la moción de despido'», dijo.
Wilkinson aludió a esa noción.
«Bien puede ser que el tribunal [inferior] lea a ambos lados, los informes de ambos [lados], haga preguntas al gobierno y conceda la moción para desestimar», dijo.
Incluso en ese caso, la corte de apelaciones debería prohibir de manera preventiva a Sullivan de buscar pruebas e investigar los motivos del gobierno, dijo Wall.
«Me parece que quieren un proceso de descubrimiento probatorio que claramente debería estar descartado y el desacato debería estar descartado», dijo.
De hecho, Sullivan también le encargó a Gleeson que argumentara por qué Flynn debería verse obligado a defenderse de una acusación de desacato al tribunal.
Los jueces parecían eludir principalmente ese tema.
Rao expresó su preocupación de que emitir un mandamiento judicial parcial haría que los jueces especifiquen qué es «exactamente lo que está o no descartado» en la situación de Sullivan, lo cual le pareció «como una gran cantidad de ley que se está haciendo en un mandamiento judicial».
Wall estuvo de acuerdo en que «la forma más limpia de hacerlo» es simplemente otorgar el mandamiento judicial.
Los jueces no establecieron una fecha para tomar una decisión.
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