Una jueza federal desestimó este martes una demanda presentada en EE.UU. contra la empresa de cruceros Norwegian como parte de los procesos legales entablados por ciudadanos cubano-estadounidenses por el uso de propiedades que les fueron expropiadas a sus familias tras la revolución de 1959 en la isla.
Se trata de la segunda demanda de este tipo que desecha una corte estadounidense después de que la jueza Beth Bloom concediera el viernes pasado a la suiza MSC Cruceros una moción en la que solicitaba desestimar el caso.
Ambas demandas fueron presentadas por familiares de los antiguos dueños de Havana Docks Corporation, en el puerto de La Habana, una de las empresas expropiadas por el régimen de Fidel Castro.
Las demandas fueron presentadas en agosto de 2019 después de que el Gobierno estadounidenses activara el Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 que ha permitido que ciudadanos estadounidenses presenten demandas en busca de compensación monetaria por el usufructo de propiedades confiscadas a sus familias.
En ambos casos, la jueza Bloom falló a favor de sendas mociones presentadas por la defensa de las compañías de cruceros al considerar que la aplicación del Título III viola el debido proceso, según documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe.
Bloom determinó en ambos casos -que aún pueden ser apelados por los demandantes- que hubo «fallos» en la presentación de la reclamación.
Por los menos 72 cubano-estadounidenses han presentado una veintena de demandas en cortes de Estados Unidos en busca de indemnizaciones por sus bienes expropiados después del triunfo de la revolución en 1959.
Entre las propiedades objeto de las demandas hay puertos, aeropuertos y hoteles de cadenas europeas, principalmente españolas.
Trump activó la norma que ha permitido estos procesos legales y que sus antecesores, Obama, George W. Bush y Bill Clinton, nunca quisieron hacer por las implicaciones legales y comerciales con terceros países.
Las dos demandas hacen parte de los procesos que han sido certificados por el gobierno estadounidense de ciudadanos estadounidenses.
Cuba tiene pendiente resolver 5913 reclamaciones certificadas en Estados Unidos de propiedades confiscadas en la isla, por un monto total de 1900 millones de dólares, según el Consejo Comercial y Económico EE.UU.
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