Una corte federal de apelaciones falló a favor de una organización conservadora sin ánimo de lucro en un caso que cuestionaba la legitimidad del modo en que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) administra el Fondo de Servicio Universal (USF).
La corte sostuvo que, dado que la FCC se basó en empresas de telecomunicaciones con ánimo de lucro para determinar el recargo del USF, éste funciona como un impuesto que los votantes no han aprobado y, por tanto, es inconstitucional.
En una decisión dividida por 9 votos a favor y 7 en contra emitida por el pleno de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito el 24 de julio, la corte se puso del lado de la organización sin ánimo de lucro Consumers’ Research, con sede en Washington, al considerar que el recargo del USF es un impuesto ilegal porque, a pesar de que el Congreso delegó la potestad tributaria a la FCC, la agencia se basó en empresas privadas para fijar el recargo, en violación del Artículo I, Sección I de la Constitución de Estados Unidos.
«En la Ley de Telecomunicaciones de 1996, el Congreso delegó su potestad tributaria en la Comisión Federal de Comunicaciones», afirma la opinión mayoritaria. «A continuación, la FCC subdelegó la potestad tributaria en una empresa privada. Esa corporación privada, a su vez, se basó en empresas de telecomunicaciones con ánimo de lucro para determinar cuánto tendrían que pagar los ciudadanos estadounidenses por el impuesto de ‘servicio universal’ que aparece en las facturas de telefonía móvil en todo el país. Sostenemos que este impuesto erróneo viola el Artículo I, § 1 de la Constitución».
La doctrina de la no delegación es la teoría de que el Congreso, que está investido de «todos los poderes legislativos» por el Artículo I, Sección I de la Constitución, no puede delegar ese poder en nadie más.
Varios de los jueces disidentes argumentaron que la mayoría caracterizó erróneamente los precedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos para los casos de separación de poderes y que la decisión deja a los poderes políticos «impotentes para gobernar».
«Este juego de manos de la convergencia no sólo deshace el precedente de la Corte Suprema, sino que también deja a las ramas políticas impotentes para hacer frente a esta deficiencia constitucional percibida, ignorantes en cuanto a cómo legislar y regular de manera que sobrevivan a la revisión judicial», escribió el juez Carl Stewart en su disidencia.
Trent McCotter, socio de Boyden Gray PLLC, el bufete que representa a Consumers’ First, elogió la sentencia.
«El Quinto Circuito acaba de CONCEDER nuestra petición de revisión y ha declarado que el Fondo de Servicio Universal de la FCC VIOLA la doctrina de no delegación: una gran victoria», escribió el Sr. McCotter en un posteo en X.
La FCC no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la decisión.
A la luz de la sentencia, la FCC podría pedir al Congreso que financie el USF como una asignación directa, como han recomendado la Cámara de Comercio de EE. UU., AT&T y varias organizaciones del sector.
El USF es un programa financiado mediante tasas y recargos que destina miles de millones de dólares a subvencionar escuelas, bibliotecas, hogares con bajos ingresos, zonas rurales de servicio y áreas de alto costo. Cubre servicios de Internet con descuento para familias con bajos ingresos y escuelas y bibliotecas públicas, y se utiliza para completar la construcción de redes de banda ancha en zonas remotas.
Los defensores del USF sostienen que poner fin al programa ampliará la «brecha digital» para las comunidades infrarrepresentadas que tienen menos acceso a la tecnología.
Will Hild, director ejecutivo de Consumers’ Research, declaró a The Epoch Times en una entrevista anterior que la organización que dirige no se opone a la intención del programa, aunque tanto él como otros que apoyaron la demanda efectivamente se mostraron en desacuerdo con la forma en que se financia y la falta de transparencia.
«Es una delegación inconstitucional», declaró el Sr. Hild a The Epoch Times el 15 de mayo, «porque el Congreso tiene que fijar las tarifas».
El Sr. Hild añadió que las tarifas del USF, que solo se cobran a través del servicio telefónico aunque los ingresos se destinen a programas de Internet, han aumentado sustancialmente en los últimos años.
«Es una cuestión de responsabilidad», dijo el Sr. Hild. «El poder tiene que recaer en las personas que pueden ser sustituidas».
Con la contribución de Aaron Gifford
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