La Corte de Apelaciones del 5to. Circuito unánimemente abofeteó la decisión de un juez federal que obligó a Texas a permitir que todos sus residentes votaran por correo, con la teoría de que hacerlo impediría la transmisión del COVID-19.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, un republicano, indicó que estaba satisfecho con la decisión.
«Permitir el voto universal por correo, que es particularmente vulnerable al fraude, solo conduciría a un mayor fraude electoral y privaría del derecho de voto a los votantes legales», dijo Paxton en una declaración a los medios de comunicación. «La decisión unánime del Quinto Circuito pone fin a esta flagrante violación de la ley de Texas».
Los 50 estados prevén la votación por correo. En Texas, un votante puede votar por correo si tiene 65 años o más, si está discapacitado o enfermo y si está en la cárcel o fuera del condado cuando es tiempo de votar.
Los demócratas han argumentado que la disposición sobre discapacidad podría interpretarse en sentido amplio para incluir la falta de inmunidad al virus, pero un magistrado ha refutado tal argumento.
El fallo, en el caso Partido Demócrata de Texas contra Abbott, una apelación del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Occidental de Texas, llegó el 4 de junio.
En el fallo que fue revocado, el juez de Distrito de EE.UU. Fred Biery había dado la razón a los demócratas, quienes argumentaron que no era razonable esperar que los votantes se presentaran en persona en los colegios electorales y se arriesgaran a exponerse al virus del PCCh. Berry había concedido un mandato temporal el 19 de mayo que permitía a todos los votantes del estado votar por correo en las próximas elecciones.
Biery, que fue nombrado por el entonces presidente Bill Clinton, determinó que todos los votantes de Texas debían ser considerados discapacitados y por lo tanto merecedores de adaptaciones especiales en la votación porque carecían de inmunidad al virus, y votar en persona era peligroso para ellos.
El Tribunal Supremo de Texas también rechazó esa línea de argumentación, sosteniendo que la falta de inmunidad no constituía una discapacidad. Dicho tribunal «interpretó que la ‘discapacidad’ no incluía la falta de inmunidad al virus», según señaló el panel del 5º Circuito en su decisión, añadiendo que «es un crimen alentar a los votantes a indicar que están discapacitados simplemente porque carecen de inmunidad».
Según el grupo, el país está «sumido en una pandemia de un virus que puede causar una enfermedad grave y a veces la muerte», y la Constitución confía la seguridad y la salud del pueblo «a los funcionarios políticamente responsables de los Estados ‘para vigilar y proteger'», citando un precedente de la Corte Suprema de 1905 (Jacobson contra Massachusetts).
Pero el juez de distrito ignoró en este caso a los funcionarios estatales y «resuelve tomar el asunto en sus propias manos».
El panel tomó nota y rechazó las críticas del juez a los funcionarios de Texas. El juez, según el panel, escribió: «‘Hay algunos entre nosotros que, si pudieran, anularían’ las promesas de la Declaración de Independencia y ‘perderían (…) la visión de América como una ciudad brillante sobre una colina'».
«En una orden que será recordada más por su audacia que por su razonamiento legal, el juez de distrito interviene justo semanas antes de unas elecciones, introduciendo una amplia orden preliminar que requiere que los funcionarios del estado (…) distribuyan boletas de voto por correo a cualquier votante elegible que quiera una».
El juez se equivocó, según razonó el panel, porque la presencia del virus del PCCh no le dio a los jueces federales «una comisión itinerante para reescribir los códigos electorales estatales».
Oregón, Washington, Colorado, Utah y Hawái llevan a cabo sus elecciones totalmente por correo.
Los republicanos han demandado al gobernador de California, Gavin Newsom, un demócrata, en un tribunal federal por su orden ejecutiva que exige que todos los votantes inscritos reciban boletas de voto por correo para las elecciones generales del 3 de noviembre, aparentemente para reducir la probabilidad de transmisión del virus entre los votantes.
Los demócratas por su parte han presentado demandas en al menos 13 estados para anular las restricciones del voto por correo, y el abogado Marc Elias, de la poderosa firma de abogados demócratas Perkins Coie, promete que vendrán más, como ha informado previamente The Epoch Times.
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