La Corte de Apelaciones de California votó este lunes a favor de la administración Trump para revocar el bloqueo del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cuatro países, entre ellos El Salvador y Nicaragua.
En la demanda Ramos v. Wolf (pdf), un panel de tres jueces del Noveno Circuito votó 2-1 para bloquear la decisión de un tribunal inferior en San Francisco que había bloqueado la decisión de la administración Trump para terminar el TPS para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán.
Entre los 14 demandantes se encuentran beneficiarios del TPS y sus hijos, y están representados por la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California. Ellos alegan que la administración Trump «rechazó sin explicación» la política de la agencia de considerar a los «desastres naturales, conflictor y otros problemas sociales y económicos graves como factores relevantes» al decidir continuar o no con el TPS, asimismo, alegaron que la terminación del TPS está motivada por la «animadversión racial y de origen nacional contra los inmigrantes no blancos y no europeos evidenciado por numerosas declaraciones» hechas por Trump y otros funcionarios.
“Los demandantes no presentan ni siquiera ‘serias dudas’ sobre su afirmación de que la terminación del TPS de los secretarios estuvo influenciada indebidamente por la ‘animadversión del presidente contra los inmigrantes no blancos y no europeos’”, escribió en la opinión mayoritaria la jueza Consuelo Callahan–nombrada por el expresidente republicano George W. Bush–, junto con el juez Ryan Nelson–designado por el presidente Trump.
Callahan dijo también que la demanda carecía de «una flagrante falta de pruebas que vinculen la supuesta intención discriminatoria del presidente con las terminaciones específicas del TPS».
“Si bien no toleramos la naturaleza ofensiva y despectiva de los comentarios del presidente, nos parece instructivo que estas declaraciones ocurrieron principalmente en contextos alejados y no relacionados con las políticas o decisiones de TPS”, añadió.
El TPS permite que los inmigrantes originarios de países que están en conflicto armado, desastre natural u otro evento extraordinario, permanezcan en Estados Unidos y puedan trabajar. El estatus de la persona debe ser renovado constantemente por un periodo entre 6 a 18 meses.
El fallo de la corte significa que los inmigrantes deberán encontrar otra forma de permanecer en EE. UU. legalmente o tener que regresar a su país entre inicios de marzo, y un poco más de tiempo en el caso de los originarios de El Salvador, según Reuters.
En 1999, se asignó a Nicaragua como país beneficiario del TPS luego de que el huracán Mitch causó una gran daño en la nación; y El Salvador se volvió beneficiario en 2001, luego de dos terremotos de gran magnitud que acabaron con cientos de vidas.
Durante casi 20 años, los gobiernos anteriores han renovado el estatus del TPS, pero el presidente Trump terminó el programa por primera vez en noviembre de 2017, ya que argumentó que la mayoría de dichos países ya se habían recuperado de dichos desastres y que los estatus se han renovado más allá de lo necesario; dando como fecha límite el enero de 2019. Sin embargo, en febrero de ese año, lo renovó hasta enero de 2020 y luego en noviembre de ese mismo año, la administración confirmó una extensión más del beneficio migratorio hasta el 4 de enero de 2021 para dichos países.
El Salvador es el país con más beneficiarios del TPS, con un estimado de 195,000; y Nicaragua cuenta con 2550 beneficiarios, según las cifras del National Immigration Forum.
Durante todo su mandato, el presidente Trump ha tomado una postura muy firme sobre la inmigración, lo cual ha resaltado durante su campaña de reelección de 2020. Por otro lado, Joe Biden ha calificado las decisiones del TPS como “motivadas políticamente” y agregó que protegería a los indocumentados para que no tengan que regresar a sus países de origen.
De acuerdo con Reuters, se espera que este fallo también influya en una demanda que presentaron inmigrantes ilegales de Honduras y Nepal el año pasado.
Con información de EFE.
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