La prohibición de California a los centros de propiedad y operación privada para la detención de inmigrantes es inconstitucional porque interfiere y otorga al estado un veto sobre las operaciones del gobierno federal, dictaminó el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU., el 26 de septiembre.
En una votación de 8 a 3, un panel de 11 miembros del tribunal declaró que la ley AB 32 de California, que establece que «una persona no podrá operar un centro de detención privado dentro del estado», viola la Cláusula de Supremacía del Artículo VI de la Constitución de Estados Unidos.
La jueza Jacqueline Nguyen, designada por Obama, escribió en la opinión mayoritaria en el caso The Geo Group vs Newsom que “California no puede ejercer este nivel de control sobre las operaciones de detención del gobierno federal”.
The Geo Group Inc., un demandante, es una empresa de seguridad con sede en Boca Raton, Florida. El otro demandante es Estados Unidos.
“Debido a las fluctuaciones significativas en la población de no ciudadanos detenidos y otros desafíos exclusivos de California, ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] se basa casi exclusivamente en los centros de detención operados de forma privada en el estado para mantener la estabilidad”, escribió Nguyen.
“Prácticamente toda la capacidad de detención de ICE en California se encuentra en instalaciones de propiedad y operación privadas. Estados Unidos afirma que ICE tiene la intención de seguir dependiendo de los centros de detención privados”, escribió la juez.
“AB 32 evitaría que los contratistas de ICE continúen administrando los centros de detención, lo que requiere que ICE transforme por completo su enfoque de la detención en el estado o abandone sus instalaciones de California”, escribió.
AB 32 fue encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta, un demócrata, cuando era miembro de la Asamblea del Estado de California. La oficina de Bonta defendió la ley en los tribunales. El gobernador de California Gavin Newsom, demócrata, la firmó en 2019.
Entre otras cosas, la ley impidió que el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California celebrara o renovara contratos con una empresa privada de prisiones después del 1 de enero de 2020 y prohibió que el estado retuviera a los reclusos en instalaciones penitenciarias con fines de lucro a partir de 2028.
“Durante mi discurso inaugural, prometí poner fin a las prisiones privadas, porque contribuyen al encarcelamiento excesivo, incluidas las que encarcelan a los reclusos de California y las que detienen a inmigrantes y solicitantes de asilo”, dijo Newsom cuando firmó la ley.
“Estas prisiones con fines de lucro no reflejan nuestros valores”.
La izquierda se ha opuesto durante mucho tiempo a las prisiones privadas, alegando que son parte de un “complejo industrial de prisiones” que aumenta artificialmente, con fines de lucro, las tasas de encarcelamientos a personas pobres y minorías.
La oficina de Bonta reaccionó a la decisión de la corte y dijo en un comunicado: “El Proyecto de Ley 32 de la Asamblea se promulgó para proteger la salud y el bienestar de los californianos y reconoció las preocupaciones documentadas del propio gobierno federal con las prisiones privadas y los centros de detención con fines de lucro”.
No está claro si apelará el fallo ante la Corte Suprema.
La jueza principal Mary Murguia, nombrada por Obama, redactó una opinión disidente a la que se unieron otros dos jueces de circuito.
AB 32 es «válida» porque «no regula directamente ni discrimina al gobierno federal», escribió.
La ley estatal no se ve afectada por la ley federal, escribió. La AB 32 «tiene derecho a una presunción contra la preponderancia, y el Congreso no ha expresado una intención ‘clara y manifiesta’ de superar esa presunción, [por lo que] la ley no es preponderante». La mayoría se equivoca al no aplicar la presunción contra la preponderancia».
La hermana gemela de Murguia, Janet Murguia, es presidenta del grupo izquierdista de fronteras abiertas, UnidosUS, conocido antes como el Consejo Nacional de La Raza. Anteriormente, también fue asesora principal en la Casa Blanca de Clinton.
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