El juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, John F. Heil, dictaminó que una ley del estado de Oklahoma que prohíbe los procedimientos de cambio de sexo en niños es constitucional y, por lo tanto, puede aplicarse.
La sentencia, dictada el 5 de octubre de 2023, se produjo a raíz de una petición de medidas cautelares para impedir que el estado aplicase la ley.
Cinco jóvenes que se identifican como transgéneros y se encuentran en algún grado de transición de género, sus padres o tutores legales y un proveedor de atención sanitaria son los demandantes en el caso.
El demandado es el fiscal general de Oklahoma, el republicano Gentner Drummond.
En un correo electrónico enviado a The Epoch Times, la secretaria de prensa del Sr. Drummond, Leslie Berger, declaró que «la Oficina del fiscal general sigue cumpliendo con su deber de defender la Ley 613 del Senado, y ha obtenido una sentencia que da lugar a la plena aplicación de dicha ley».
La demanda se presentó el 2 de mayo de 2023, un día después de que la Asamblea Legislativa del Estado de Oklahoma, controlada por los republicanos, aprobara rotundamente el proyecto de ley 613 del Senado por el que se promulgaba la prohibición.
El gobernador Kevin Stitt, republicano, promulgó la ley pocas horas después de su aprobación. A continuación, el estado acordó aplazar su aplicación hasta que la corte se pronunciara sobre la moción.
La corte decidió que los padres de un niño no tienen derecho a obtener servicios médicos para cambiar el sexo de su hijo o hija menor de edad, como sostenían los demandantes.
Sin embargo, en la sentencia se reconoce que, desde hace mucho tiempo, los estadounidenses tienen derecho a negarse a recibir un tratamiento médico.
La ley no impide a los mayores de 18 años de Oklahoma someterse a tales procedimientos.
El juez Heil, designado por Trump, escribió que hay una distinción entre los adultos que están listos para tomar decisiones que alteran la vida y «los menores, que, al menos a los ojos de la legislatura, no lo son».
«De hecho, las cortes han confirmado restricciones diseñadas para proteger y evitar que los menores participen en comportamientos que son mucho menos riesgosos que los procedimientos prohibidos en el SB 613», escribió a continuación.
El juez Heil citó precedentes que reconocen un equilibrio entre «la verdad de que los padres generalmente saben lo que es mejor para sus hijos» y la realidad de que los gobiernos estatales tienen un interés permanente en proteger la salud pública, preservar y promover el bienestar de los niños y mantener la profesión médica ética y honesta.
«En el caso, ante esta corte, los demandantes no han demostrado un derecho fundamental de los padres a elegir que sus hijos utilicen bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas y cirugías con el fin de efectuar una transición de género», escribió el juez.
También citó un caso como respaldo, que en parte dice: «A falta de un derecho fundamental, el Estado puede regular un interés de conformidad con una ley estatal válidamente promulgada o un reglamento relacionado racionalmente con un interés estatal legítimo».
Un sincero desacuerdo
El fallo reconoció que algunas personas creen que someterse a una operación de cambio de sexo es una demostración de compasión por un niño, mientras que otras personas creen que salvar a un menor de edad de someterse a un procedimiento de cambio de sexo es un acto de compasión.
El juez Heil escribió que, dado que todo el concepto es relativamente nuevo para la sociedad y que aún se están adquiriendo pruebas médicas definitivas, no sería prudente que el poder judicial prohibiera a la legislatura elegida democráticamente hacer cumplir una ley debidamente aprobada que aborda el tema «sin una orden clara en la Constitución”.
El fallo también declaró que los demandantes no cumplieron con los estándares necesarios para probar cualquier discriminación por motivos de sexo y no pudieron probar ninguna violación del debido proceso de la Enmienda 14.
“Es bueno recordar que la tradición más profundamente arraigada en este país es que esperamos que la democracia responda preguntas pioneras de política pública, lo que significa que las cortes federales deben resistir la tentación de invocar garantías no enumeradas para ‘sustituir’ sus puntos de vista por los de las legislaturas», se lee en uno de los precedentes citados por el juez Heil.
Según la nueva ley, un proveedor de atención médica “no proporcionará, conscientemente, procedimientos de transición de género a ningún niño”, bajo posible pena de revocación de licencia y procesamiento por delitos graves.
Según el estatuto, los procedimientos de transición de género son servicios médicos o quirúrgicos realizados con el propósito de «intentar afirmar la percepción que tiene el menor de su género o sexo biológico, si esa percepción es inconsistente con el sexo biológico del menor».
Los procedimientos ilegales de transición de género incluyen cirugías que alteran o eliminan características o rasgos físicos o anatómicos que son típicos del sexo biológico del individuo, así como la prescripción de bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas «u otros medicamentos para suprimir o retrasar la pubertad normal» o para promover el desarrollo de rasgos feminizantes o masculinizantes consistentes con el sexo biológico opuesto”.
Las excepciones a la prohibición permiten que un menor que actualmente toma hormonas cruzadas abandone gradualmente las drogas.
También exime a los niños que necesitan tratamiento para el inicio de la pubertad antes de que el resto del cuerpo esté listo, junto con aquellos que padecen otros problemas físicos relacionados con los genitales.
Hay 22 estados de EE. UU. que han aprobado leyes que protegen a los niños de las prácticas de cambio de sexo, según un estudio realizado por Liberty Counsel, un bufete de abogados de carácter nacional, sin fines de lucro, que defiende la libertad religiosa y defiende los valores cristianos.
“La corte de distrito ha decidido justamente que Oklahoma sea libre de proteger a los niños de estos procedimientos dañinos que han devastado muchas vidas jóvenes», dijo el fundador y presidente de Liberty Counsel, Mat Staver, al referirse a la decisión de Oklahoma, en un comunicado de prensa reciente.
«Los niños no son experimentos sociales y las legislaturas estatales tienen considerable discreción para protegerlos».
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