Un juez federal ha permitido que California haga cumplir su prohibición de celebrar servicios religiosos en persona en interés de la salud pública debido a la pandemia del virus del PCCh.
El juez John Mendez de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de California rechazó el martes la petición del Cross Culture Christian Center de exención de órdenes de permanencia en el hogar del estado y del condado que requieren que los residentes permanezcan en sus lugares de residencia y prohíben las reuniones consideradas no esenciales.
A principios de este año, la iglesia presentó una demanda contra el gobernador de California, Gavin Newsom, así como contra funcionarios del condado y de la ciudad para impugnar las órdenes, alegando que infringen los derechos constitucionales y estatutarios de los feligreses a hablar, reunirse y practicar su religión como deseen.
Esto ocurrió después de que el pastor Jonathan Duncan y la iglesia recibieron advertencias de que estaba en violación de las órdenes después de que Duncan continuara reuniéndose con los feligreses. A finales de marzo, los oficiales de policía colocaron un aviso en el edificio explicando que su uso «no esencial» de las instalaciones era una molestia pública. Los oficiales locales también advirtieron al propietario de la iglesia que se enfrentarían a sanciones si seguían dejando a su inquilino usar el edificio.
Duncan regresó al Cross Culture Christian Center el 5 de abril para descubrir que su casero había cambiado las cerraduras.
En la demanda, la iglesia pidió a la corte que detuviera la ejecución de las órdenes siempre y cuando Cross Culture Christian cumpliera con las pautas de distanciamiento social del Centro de Control y Prevención de Enfermedades mientras realizara los servicios.
Méndez falló a favor de Newsom y los funcionarios locales, diciendo que las órdenes «emanan de ejercicios válidos de los poderes de la policía de emergencia estatal y local» y por lo tanto no infringen los derechos constitucionales. También dijo que la iglesia no podía demostrar que los funcionarios estatales y locales los habían atacado en sus peticiones.
«Incluso en tiempos de salud, los funcionarios del gobierno con frecuencia deben encontrar el delicado equilibrio entre garantizar la seguridad pública y preservar las garantías fundamentales de la Constitución. El poder judicial desempeña un papel importante para asegurar que se logre ese equilibrio de manera permisible», escribió Méndez.
«Durante las crisis de salud pública, surgen nuevas consideraciones y los funcionarios gubernamentales deben preguntarse si incluso los derechos fundamentales deben ceder el paso a una necesidad más profunda de controlar la propagación de enfermedades infecciosas y proteger la vida de los más vulnerables de la sociedad».
«En estas condiciones poco frecuentes, el poder judicial debe conceder más deferencia a los esfuerzos informados de los funcionarios por promover la salud pública, incluso cuando esas medidas invaden una conducta que de otro modo estaría protegida; incluso cuando mentes reflexivas podrían discrepar sobre la mejor manera de equilibrar la balanza», añadió.
Duncan dijo a The Associated Press en un comunicado que estaba decepcionado por el fallo, pero que seguirá luchando por el derecho a la religión.
«Es hora de que los pastores y líderes religiosos de todo el estado se levanten y empiecen a rechazar estas órdenes draconianas de quedarse en casa que no tienen en cuenta la verdadera esencialidad de la religión en nuestra sociedad», dijo en el comunicado.
Esto llega en un momento en que muchos funcionarios locales y estatales de todo el país han tomado medidas para impedir que la gente de fe se reúna, en un esfuerzo por frenar la propagación de la pandemia del virus del PCCh. Esto ha alimentado la tensión entre los líderes políticos y religiosos en su intento de navegar por las incertidumbres de cómo operar durante la pandemia.
El fiscal General, William Barr, que se ha manifestado enérgicamente para garantizar que las medidas de cierre no violen los derechos constitucionales y las libertades civiles de los estadounidenses, había emitido anteriormente un memorandum en el que ordenaba a los fiscales federales que «estuvieran atentos» a las restricciones estatales y locales que podrían estar interfiriendo con la Constitución.
En su memorandum, Barr dijo que en caso de que una ordenanza «cruce la línea» entre los intentos de detener la propagación del virus y la violación de las garantías constitucionales y estatutarias, el Departamento de Justicia «podría tener la obligación de abordar ese exceso de alcance en una corte federal».
«Muchas políticas que serían impensables en tiempos normales se han convertido en algo común en las últimas semanas, y no queremos interferir indebidamente en los importantes esfuerzos de los funcionarios estatales y locales para proteger al pueblo», dijo Barr. «Pero la Constitución no se suspende en tiempos de crisis».
El Departamento de Justicia también ha presentado dos comunicados de interés por separado en apoyo a las iglesias que parecían ser objeto de restricciones estatales o locales que no parecían aplicarse de manera neutral.
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