Una corte federal de apelaciones confirmó una ley de Texas que prohíbe a las clínicas de todo el estado administrar a las adolescentes píldoras o dispositivos anticonceptivos sin una prueba de que sus padres están de acuerdo.
En un dictamen emitido el martes, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. consideró unánimemente que el requisito de consentimiento paterno del estado no viola lo que se conoce como Título X, una ley federal que proporciona financiación para los servicios de control de la natalidad.
«Sostenemos que el Título X no prevalece sobre la ley de Texas», escribió el juez Kyle Duncan para el tribunal, señalando que las dos leyes comparten el objetivo común de «fomentar la participación de la familia» en las decisiones médicas de sus hijos.
«Así pues, lejos de socavar los fines del Título X, la ley de Texas los fomenta concretamente», escribió el juez Duncan, nombrado por el presidente Donald Trump.
El caso fue presentado en 2020 por Alexander Deanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS, por sus siglas en inglés), que supervisa el programa del Título X. Según la normativa federal, las clínicas financiadas por el Título X están obligadas a proporcionar anticonceptivos confidenciales a todos los pacientes, independientemente de su edad.
En la demanda, la Sra. Deanda afirma que las normas del Título X le impiden educar a sus hijas «de acuerdo con las enseñanzas cristianas en materia de sexualidad, que exigen que los hijos solteros practiquen la abstinencia y se abstengan de mantener relaciones sexuales hasta el matrimonio», y que quiere que se le notifique si alguna de sus hijas accede o intenta acceder a métodos anticonceptivos, según The Texas Tribune.
Sostuvo además que el Código de Familia de Texas, que establece que los padres tienen «derecho a consentir… la atención médica y dental» de sus hijos, le garantiza el derecho a decidir si se prescriben anticonceptivos a sus hijas, incluso por un proveedor del Título X.
En 2022, el juez de distrito Matthew Kacsmaryk falló a favor del Sr. Deanda, declarando que la administración del Título X por parte del HHS violaba no solo sus derechos según la ley de Texas, sino también su derecho constitucional a dirigir la educación de sus hijas.
La sentencia no concedió una medida cautelar, que habría prohibido inmediatamente a las clínicas del Título X proporcionar anticonceptivos a menores sin el consentimiento paterno. En cambio, anuló una parte de la normativa federal, que prohíbe a los proveedores del Título X notificar a los padres u obtener su consentimiento.
Derechos de los padres
En el dictamen del martes, el Quinto Circuito se mostró parcialmente de acuerdo con la sentencia del juez Kacsmaryk, sosteniendo que el gobierno federal había violado el derecho del Sr. Deanda, garantizado por la ley estatal, a determinar qué tipo de servicio médico recibirán sus hijos.
Según los jueces, el Título X no prevalece sobre la ley de Texas que exige el consentimiento paterno antes de proporcionar tratamiento médico a un menor. La ley federal, argumentaron, simplemente exige a las entidades participantes que «fomenten la participación familiar» y que lo hagan «en la medida de lo posible».
«El texto federal transmite claramente el objetivo general de fomentar la participación de la familia en las decisiones de planificación familiar de los adolescentes», escribió el juez Duncan. «La ley de Texas persigue el mismo objetivo por medios más específicos: exigiendo el consentimiento paterno antes de que los menores obtengan anticonceptivos. Esos objetivos se refuerzan mutuamente».
En su defensa, el HHS argumentó que el significado llano del verbo «fomentar» sugiere que el Congreso solo quería que las clínicas «motivaran y aconsejaran» a los menores «para que incluyeran a su familia» en su toma de decisiones. El Quinto Circuito rechazó tal interpretación por considerarla distorsionada.
«Sería una forma extraña de anunciar la intención del Congreso de anular los requisitos estatales de que los padres consientan que sus hijas adolescentes reciban la píldora», escribió el juez Duncan, al que se unieron las juezas Priscilla Richman y Catharina Haynes, ambas nombradas por el presidente George W. Bush.
Sin embargo, la corte rechazó la decisión del juez Kacsmaryk de anular parcialmente el Título X en virtud de la Ley de Procedimientos Administrativos, ya que el Sr. Deanda no basó su impugnación en esa ley concreta.
La corte tampoco abordó la cuestión de si la Constitución de EE. UU. seguiría garantizándole el derecho al consentimiento, al margen de la legislación de Texas.
Every Body Texas, organización sin ánimo de lucro que administra fondos federales a más de 150 clínicas del Título X de todo el estado, declaró que la sentencia del martes no ofrecía «una declaración clara» sobre si las clínicas del Título X de Texas deben seguir cumpliendo la ley estatal de consentimiento paterno.
«Aunque estamos de acuerdo con la decisión de la corte de mantener en vigor la norma del Título X de 2021 que prohíbe a las clínicas exigir el consentimiento paterno, nos sigue preocupando que la ambigüedad de la sentencia siga imponiendo barreras a las jóvenes de Texas que intentan acceder a métodos anticonceptivos», declaró Stephanie LeBleu, de Every Body Texas.
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