Una corte federal de apelaciones reavivó una demanda que impugnaba el mandato de vacunación contra el COVID-19 impuesto por el distrito escolar de Los Ángeles, señalando que el expediente no demuestra claramente si las vacunas previenen la transmisión del COVID-19.
Health Freedom Defense Fund y otros impugnadores del mandato afirmaron que éste violaba los derechos al debido proceso y a la igualdad de protección de los empleados del distrito, en parte porque las vacunas, a diferencia de las tradicionales, «no son eficaces» para prevenir la infección.
El juez de distrito Dale Fischer no estuvo de acuerdo y desestimó el caso en 2022. Dictaminó que incluso si las vacunas contra el COVID-19 no previenen la infección, se pueden imponer mandatos en virtud de una sentencia de la Corte Suprema de EE. UU. de 1905 porque las vacunas reducen los síntomas y previenen enfermedades graves y la muerte.
El 7 de junio, un panel de la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Noveno Circuito revocó esa sentencia, al considerar que el juez Fischer amplió la sentencia de 1905 del caso Jacobson contra Massachusetts «más allá de su fundamento de salud pública —el poder del gobierno para imponer medidas profilácticas destinadas a evitar que el receptor contagie la enfermedad a otros— para regir también el ‘tratamiento médico forzado’ en beneficio del receptor».
El juez de circuito Ryan Nelson, que escribió para la mayoría de 2-1, añadió: «En esta fase, debemos aceptar como ciertas las alegaciones de los demandantes de que la vacuna no previene la propagación del COVID-19. Y, por ello, Jacobson no es aplicable». Se llegó a esa posición después de que los abogados de los demandados aportaran datos sobre las vacunas que «no contradicen las alegaciones de los demandantes», dijo.
Los abogados del distrito habían señalado que una publicación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. describe las vacunas contra el COVID-19 como «seguras y eficaces», pero la publicación no detalla la eficacia contra la transmisión.
La mayoría también concluyó que el caso no es discutible incluso después de que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) en 2023 anulara el mandato. Esa medida se tomó después de que la corte de apelaciones escuchara los argumentos del caso, y los comentarios de los miembros de la junta del distrito indicaron que el mandato podría volver a imponerse en el futuro. En 2021, el distrito añadió una opción para que los empleados se sometieran con frecuencia a pruebas de COVID-19 en lugar de una vacuna después de ser demandado, solo para eliminar la opción después de que una demanda diferente fuera rechazada.
«El patrón del LAUSD de retirar y luego restablecer sus políticas de vacunación es suficiente para mantener vivo este caso», dijo el juez Nelson.
A él se unió el juez de circuito Daniel Collins.
El fallo devolvió el caso al juez Fischer «para nuevos procedimientos bajo el estándar legal correcto».
En una opinión concurrente, el juez Collins dijo que las alegaciones del caso implican «el derecho fundamental a rechazar un tratamiento médico», señalando sentencias más recientes de la Corte Suprema, incluida una decisión de 1997 en la que la corte declaró que el «‘derecho de un individuo competente a rechazar un tratamiento médico’ era ‘totalmente coherente con la historia y las tradiciones constitucionales de esta nación’, a la luz de ‘la norma del derecho consuetudinario de que la medicación forzada era una agresión, y la larga tradición legal que protege la decisión de rechazar un tratamiento médico no deseado'».
En un voto disidente, el juez de circuito de EE. UU. Michael Daly Hawkins dijo que el distrito escolar «ha afirmado que, en ausencia de un muy improbable retorno al inicio de la pandemia de COVID-19, no restablecerá la política».
«Ni la posibilidad especulativa de una futura pandemia ni el poder del LAUSD para adoptar otra política de vacunación salvan este caso», dijo el juez.
Los jueces Nelson y Collins fueron nombrados bajo el mandato del presidente Donald Trump. El juez Hawkins fue nominado por el presidente Bill Clinton. El juez Fischer fue nominado por el presidente George W. Bush.
Leslie Manookian, presidente de Health Freedom Defense Fund, dijo en un comunicado que el fallo del Noveno Circuito «dejó claro que los preciados derechos de los estadounidenses a la autodeterminación, incluido el sagrado derecho a la autonomía corporal en materia de salud, no son negociables».
El LAUSD no respondió a una solicitud de comentarios.
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