Una segunda corte de apelaciones levantó una orden judicial que bloquea a la administración Trump de implementar su regla de inmigración relacionada con «cargas públicas», reflejando una orden en la Corte del Noveno Circuito varios días antes.
«Carga pública» se refiere a un individuo que es probable que dependa principalmente del gobierno para su subsistencia, al recibir asistencia como cupones de alimentos o Medicaid.
Los casos se derivan de una nueva norma que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adoptó en agosto que amplió la definición de «cargas públicas» en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). La regla provee aclaraciones sobre qué factores se considerarían al determinar si es probable que alguien se convierta en una carga pública en cualquier momento en el futuro.
La regla fue impugnada en varios estados, lo que llevó a la adopción de medidas cautelares que impidieron que la regla entrara en vigor el 15 de octubre.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito dictaminó 2 contra 1 para conceder una suspensión de una orden judicial preliminar sobre una decisión de la corte inferior para detener la regla de la administración Trump. A pesar de este fallo, la regla del DHS todavía no podrá entrar en vigor debido a una orden judicial a nivel nacional ordenada por un tribunal de distrito en Nueva York sobre el mismo tema.
En la breve orden (pdf), el juez Harvie Wilkinson y el juez Paul Niemeyer, ambos designados por Reagan, votaron a favor de la moción, mientras que la jueza Pamela Harris, designada por Obama, votó en contra.
La Casa Blanca acogió con beneplácito el fallo diciendo que era un «gran paso adelante para el estado de derecho».
«Es nuestra esperanza que el Segundo Circuito, como ya lo han hecho el Noveno y Cuarto Circuito, levante la orden judicial nacional sin méritos que un Tribunal de Distrito de Nueva York ha impuesto contra la regla para que se pueda hacer cumplir, de conformidad con la letra simple de la ley, en beneficio de todos los ciudadanos y residentes legales de este país», dijo la Casa Blanca en una declaración.
En el fallo de la Corte del Noveno Circuito, los jueces encontraron que el Congreso no dio instrucciones sobre cómo debe interpretarse la frase «carga pública» y que el DHS tiene la discreción para hacerlo, dentro de su autoridad.
«Encontramos que la historia del uso de la ‘carga pública’ en la ley federal de inmigración demuestra que la ‘carga pública’ no tiene un significado fijo e inequívoco. Más bien, la frase está sujeta a múltiples interpretaciones, de hecho, ha sido interpretada de manera diferente, y al Poder Ejecutivo se le ha otorgado la discreción de interpretarla», escribieron los jueces Jay Bybee y Sandra Ikuta, ambos nombrados por George W. Bush, en la opinión mayoritaria (pdf).
«El Congreso decidió no definir la ‘carga pública’ y, en su lugar, describió varios factores a ser considerados ‘como mínimo’, sin siquiera definir esos factores. Es evidente que el Congreso dejó al DHS y a otras agencias que hacen cumplir nuestras leyes de inmigración la flexibilidad para adaptar la definición de ‘carga pública’ según sea necesario», agregaron.
La Casa Blanca ha acusado a jueces federales no electos de emitir mandatos judiciales a nivel nacional que bloquean acciones ejecutivas cruciales en disputas, impidiendo su aplicación en todo el país mientras los casos avanzan a través de la corte. Esto ha permitido a los jueces funcionar indirectamente como legisladores.
El antiguo Procurador General Jeff Sessions prometió luchar contra la invasión del poder judicial, comentando el año pasado que «demasiados jueces creen que es su derecho, su deber, actuar de acuerdo con sus simpatías y preferencias políticas».
«En efecto, los activistas quieren jueces que hagan por ellos lo que no han sido capaces de lograr en las urnas», dijo. «Es fundamentalmente antidemocrático».
Varios de estos mandatos judiciales son en detrimento de la agenda de inmigración de Trump, que ha visto algunas políticas migratorias cruciales ser puestas en suspenso.
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