Una corte federal de apelaciones emitió un fallo clave que prohíbe a los ciudadanos y entidades privadas presentar demandas en virtud de una sección de la Ley de Derecho al Voto que se utilizó ampliamente para presentar desafíos legales a los procesos de redistribución de distritos bajo la premisa de que son racistas.
En una decisión por 2-1, la Corte de Apelación de EE.UU. para el 8º Circuito dictaminó el 20 de noviembre que sólo el gobierno federal puede interponer recursos legales en virtud del artículo 2 de la Ley del Derecho al Voto, confirmando una sentencia anterior de un juez de Arkansas según la cual los ciudadanos particulares o los grupos de derechos civiles no pueden interponer demandas en virtud de dicho artículo.
La gran mayoría de las demandas presentadas en virtud de la Sección 2 de la Ley del Derecho al Voto —que prohíbe la discriminación por motivos de raza— fueron interpuestas por particulares y grupos que no representaban al gobierno de los EE.UU.
En términos jurídicos, la capacidad de entidades no gubernamentales para interponer demandas se denomina «derecho de acción privado», también conocido como «causa de acción privada».
En febrero del 2022, el juez de distrito de Estados Unidos Lee Rudofsky, designado por el expresidente Donald Trump, dictaminó que solo el Departamento de Justicia (DOJ) puede presentar demandas de la Sección 2, que las entidades privadas presentaron durante décadas bajo la premisa de que movimientos como la redistribución de distritos u otros procesos electorales privaron de derechos a los votantes de color.
La sentencia del Sr. Rudofsky fue recurrida, lo que dio lugar a la decisión del 20 de noviembre que prohíbe el «derecho de acción privado» en relación con la Sección 2 de la Ley del Derecho al Voto en los siete estados bajo la jurisdicción de la corte de apelaciones del 8º Circuito.
«Durante gran parte del último medio siglo, las cortes dieron por sentado que el artículo 2 es de aplicación privada. Una mirada más profunda reveló que esta suposición descansa sobre una base endeble», escribió el juez de circuito David Stras, designado por Trump, en la opinión mayoritaria en la que estuvo acompañado por el juez Raymond Gruender, designado por el ex presidente George W. Bush.
El juez jefe del circuito Lavenski Smith, otro designado por Bush, emitió una opinión disidente.
«Hasta que la Corte Suprema se pronuncie o el Congreso modifique la ley, yo seguiría el precedente existente que permite a los ciudadanos interponer un recurso judicial.
Derechos tan fundamentales para el autogobierno y la ciudadanía no deben depender únicamente de la discreción o disponibilidad de los agentes del gobierno para su protección», escribió Smith.
Aunque podría pedirse al pleno del 8º circuito que revisara la decisión de los tres jueces, varios observadores jurídicos esperan que el caso se lleve ante la Corte Suprema de EE.UU.
Más detalles
El caso tiene su origen en un recurso interpuesto en 2021 por la sección de Arkansas de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) y el Panel de Políticas Públicas de Arkansas sobre el mapa de la Cámara de Representantes del estado de Arkansas, en el que los demandantes argumentaban que un plan de redistribución de distritos presentado por los republicanos diluía el poder de voto de la población negra.
Las demandas por dilución del voto racial suelen basarse en la premisa de que los elaboradores de los mapas electorales «empaquetaron» a los votantes de las minorías de un determinado estado en un número menor de distritos y los «repartieron» entre otros distritos con el fin de debilitar el poder de voto global del bloque.
En la demanda de Arkansas, los demandantes alegaron que se podrían trazar cinco distritos adicionales de mayoría negra en la Cámara de Representantes estatal en todo el estado para reflejar con mayor precisión la población negra del estado.
En concreto, la demanda citaba datos del censo del 2020 que mostraban que el 16,5 por ciento de la población de Arkansas es negra, pero sólo 11 de los 100 distritos de la Cámara de Representantes del estado en el plan de redistribución de distritos liderado por el Partido Republicano eran distritos de mayoría negra.
El artículo 2 de la Ley del Derecho al Voto, destinado a proteger contra la dilución del voto por motivos raciales, fue ampliamente utilizado por particulares y grupos contra los mapas electorales federales, estatales y locales.
Pero con la decisión del 20 de noviembre, la corte del 8º Circuito dictaminó que no existe un «derecho de acción privado» para la Sección 2 de la Ley del Derecho al Voto.
El fallo suscitó reacciones encontradas, y algunos conservadores tomaron X para pedir la abolición total de la Sección 2 de la Ley del Derecho al Voto. Algunos argumentaron que la disposición se aplica en beneficio de todas las razas, excepto los blancos.
Otros, entre ellos Democracy Docket, de tendencia izquierdista, expresaron su oposición al fallo del 20 de noviembre contra el «derecho de acción privado».
«Esta es una decisión catastrófica que afectará a la capacidad de las organizaciones para utilizar la Sección 2 para proteger a los votantes de la discriminación racial en el voto en todos los estados bajo la jurisdicción del 8º Circuito: Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur», escribió la cuenta Democracy Docket en un post en X.
Nicholas Stephanopoulos, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, también planteó objeciones.
«La desfachatez de esta decisión es otra cosa», escribió en un post en X . «¿Los miles de litigantes que presentaron demandas de la Sección 2? ¿Las miles de cortes que resolvieron estos casos? De alguna manera todos ellos no vieron lo que estos dos jueces, en su infinita sabiduría, finalmente vieron».
Se espera que el caso llegue a la Corte Suprema de EE.UU., que recientemente falló a favor de una demanda de la Sección 2 presentada por entidades privadas en un desafío legal al mapa del Congreso de Alabama.
El 8 de junio, la Corte Suprema decidió confirmar la sentencia de una corte de distrito según la cual el mapa del Congreso de Alabama elaborado en 2021 viola probablemente la Sección 2 de la Ley del Derecho al Voto, lo que obliga al estado a redibujar su mapa del Congreso para incluir un distrito adicional de mayoría negra.
Al mismo tiempo, la Corte Suprema rechazó el enfoque «neutral desde el punto de vista racial» de Alabama en el litigio sobre la Sección 2, afirmando esencialmente que la raza puede tenerse en cuenta en el proceso de redistribución de distritos.
En todo el país hay numerosas impugnaciones de los mapas de los distritos del Congreso, como en Kentucky, Luisiana, Nuevo México, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Utah.
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