Una juez federal ordenó el 2 de agosto a un colegio comunitario de California que no aplicara una política de carteles que se utilizó contra tres estudiantes cuyos carteles anticomunistas fueron retirados.
La juez de distrito Jennifer Thurston consideró que la política de carteles del Clovis Community College, con sede en Fresno, violaba los derechos de los estudiantes a la Primera Enmienda y a la 14ª Enmienda.
La política prohibía a los estudiantes exhibir material en la escuela financiada por los contribuyentes que contuviera lenguaje o temas considerados «inapropiados» u «ofensivos.»
La nueva orden también se aplica al State Center Community College District (SCCCD), el distrito estatal donde se encuentra la universidad. El distrito alberga cuatro colegios comunitarios, incluido el de Clovis.
La juez emitió una orden judicial permanente que impide al colegio y al distrito «aplicar, mediante políticas o prácticas, cualquier regulación ilegal discriminatoria de puntos de vista, excesiva o vaga, o restricción previa, sobre el contenido del discurso de los clubes de estudiantes reconocidos, incluyendo pero no limitándose a prohibiciones sobre lenguaje ‘inapropiado’ u ‘ofensivo'».
Todas las partes en la demanda, incluidos Clovis y el distrito, dieron su consentimiento a la orden.
La universidad y el distrito accedieron en un acuerdo separado a cubrir USD 250,000 de los gastos legales de los estudiantes y a pagar a cada uno de los tres estudiantes USD 20,000 por daños y perjuicios. El acuerdo también exige el pago de USD 20,000 a su grupo, la sección universitaria de Young Americans for Freedom (YAF).
Además, el acuerdo obliga al distrito a realizar sesiones anuales de formación sobre la Primera Enmienda para todos los administradores.
La nueva orden llega después de que la juez emitiera una orden preliminar contra la escuela en octubre de 2022 bloqueando la política de carteles.
«La mera amenaza de aplicación de una restricción inconstitucional a la libertad de expresión puede crear un efecto amedrentador suficiente para demostrar un daño irreparable», escribió Thurston en ese momento.
La política «socava el propio interés de la escuela en fomentar una diversidad de puntos de vista en el campus, frustrando así, en lugar de promover, la misión educativa básica del Colegio».
El caso se remonta a noviembre de 2021, cuando los estudiantes querían criticar el autoritarismo.
Alejandro Flores, Daniel Flores y Juliette Colunga dijeron que obtuvieron el permiso de los administradores del campus para colgar tres carteles en tablones de anuncios dentro de los edificios académicos en Clovis, como lo exigía la política de la universidad en ese momento.
Los carteles promovían la libertad y enumeraban las víctimas mortales de los regímenes comunistas, asociando el comunismo con la «ciega arrogancia de la izquierda».
Pero el colegio prohibió más tarde la exhibición pública de los carteles y denegó el permiso a los miembros del club para exhibir carteles provida, dijeron los estudiantes.
Los estudiantes demandaron y en octubre de 2022 se les concedió la orden de bloquear temporalmente la política de carteles. La otra parte apeló, y el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Noveno Circuito confirmó la orden del tribunal inferior en agosto de 2023, encontrando que la política era inconstitucional porque daba a los administradores discreción ilimitada para suprimir el discurso que no aprobaban.
El Noveno Circuito confirmó la conclusión de Thurston de que la política era demasiado amplia y vaga para sobrevivir al escrutinio constitucional. El tribunal de circuito también rechazó el argumento de Clovis de que, dado que la universidad «anuló posteriormente la política original sobre octavillas», el tribunal carecía de autoridad legal para conocer del caso.
«Hemos ganado. Demostramos a la escuela que estaban equivocados», dijo el fundador de YAF-Clovis, Alejandro Flores, en una declaración proporcionada por la Fundación para los Derechos Individuales y Expresión (FIRE), que representó a los estudiantes en la demanda.
«Si crees que tu expresión está siendo sofocada, no te quedes callado, porque cuando te quedas callado, nada cambia».
El abogado de FIRE, Daniel Ortner, dijo a The Epoch Times que el nuevo fallo del juez era una «enorme victoria para más de 50,000 estudiantes de colegios comunitarios en California y para la Primera Enmienda».
«No se pueden retirar carteles porque sean ofensivos», dijo.
Jill Wagner, portavoz del distrito, y Stephanie Babb, portavoz de la universidad, confirmaron que los administradores habían hecho cambios en sus políticas de carteles a raíz del caso.
«El tribunal determinó que era necesario cambiar algunas palabras del procedimiento anterior de publicación de folletos del Clovis Community College. En respuesta, SCCCD actualizó su política para aplicarla a todos los campus», dijeron a The Epoch Times por correo electrónico.
«Se llegó a un acuerdo para evitar el costo, la incertidumbre y las distracciones que vienen con cualquier litigio», dijeron.
«SCCCD se compromete a defender los valores de la Primera Enmienda y esperamos asegurar que todos los miembros de nuestra comunidad reconozcan las virtudes y beneficios de la libertad de expresión».
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