Corte Suprema da primacía a la decisión del jurado en casos sobre ley de armas de tres strikes

Por Sam Dorman
22 de junio de 2024 1:44 PM Actualizado: 22 de junio de 2024 1:44 PM

La Corte Suprema dictaminó el 21 de junio que los jurados, y no los jueces, son los responsables de determinar los hechos que apoyan el aumento de las penas para los delincuentes que poseen armas de fuego.

El caso que analizaron es Erlinger vs. Estados Unidos, centrado en la aplicación de la Ley de Tres Strikes conocida como Ley de Criminales de Carrera en las Armas. Esta ley federal impone una condena mínima de 15 años a las personas que hayan sido condenadas anteriormente en tres ocasiones distintas por delitos violentos o delitos «graves» relacionados con las drogas.

Paul Erlinger había pedido a la corte que anulara la sentencia de un juez de primera instancia, quien determinó que había suficientes ocasiones separadas de los tipos de delitos necesarios para alcanzar el mínimo de 15 años.

Según el Sr. Erlinger, la corte contó indebidamente cuatro robos que cometió como ocurridos en ocasiones separadas. En su lugar, argumentó que todos formaban parte de un único episodio delictivo y que era el jurado, y no el juez, quien debía tomar esa decisión.

Una mayoría de la corte, con 6-3 votos, estuvo de acuerdo con el Sr. Erlinger, citando la Quinta y Sexta Enmiendas a la Constitución de Estados Unidos. El juez Neil Gorsuch escribió la opinión mayoritaria, a la que se unieron el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y los jueces Clarence Thomas, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Amy Coney Barrett.

Al hacerlo, ellos rompieron con 12 cortes de apelaciones que dijeron que los jueces podían hacer determinaciones en diferentes ocasiones.

«Los derechos de juicio por jurado de la Quinta y Sexta Enmiendas proporcionan a un acusado protecciones totalmente complementarias en una etapa diferente de los procedimientos al garantizar que, una vez que un jurado está legalmente constituido, el gobierno debe probar más allá de toda duda razonable a un jurado unánime los hechos necesarios para sostener el castigo que busca», escribió el juez Gorsuch en su opinión mayoritaria.

Los jueces Brett Kavanaugh, Samuel Alito y Ketanji Brown-Jackson disintieron.

Limitación del Poder Judicial

La opinión del juez Gorsuch enfatizó la importancia de los jurados durante la época fundacional y argumentó que su papel ayudó a contrarrestar la extralimitación judicial.

«Al requerir un jurado unánime para encontrar todos los hechos esenciales para el castigo de un delincuente, esas enmiendas buscan de manera similar limitar el Poder Judicial, asegurando que los castigos que las cortes emiten no son el resultado de una ‘inquisición’ judicial, sino que se basan en las leyes adoptadas por los representantes elegidos por el pueblo y los hechos encontrados por los miembros de la comunidad», escribió a continuación.

El Sr. Gorsuch añadió que los jueces «no pueden asumir por sí mismos la función de investigación del jurado, y mucho menos pretender llevarla a cabo utilizando un mero estándar de preponderancia de la evidencia».

En una opinión concurrente, el juez Roberts dijo que estaba de acuerdo con la conclusión del juez Gorsuch sobre los jurados, pero instó a la corte inferior a considerar si el error en este caso era «inofensivo». Él se refirió a un concepto legal conocido como «revisión de error inofensivo» en el que las cortes de apelaciones disciernen si un error fue lo suficientemente significativo como para justificar un nuevo juicio o la revocación de la sentencia.

En su disidencia, el juez Kavanaugh escribió que no era necesario devolver el caso a la corte inferior, ya que, en su opinión, ésta acabaría aceptando que el error fue inofensivo.

«Aquí, los hechos relevantes son simples e indiscutibles: Erlinger cometió tres robos en tres negocios diferentes en tres días diferentes, con varios días de separación entre cada robo», escribió el juez Kavanaugh en su opinión, a la que se unió en su totalidad el juez Alito y parcialmente la jueza Jackson.

La juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Ketanji Brown Jackson posa para un retrato oficial en Washington el 7 de octubre de 2022. (Alex Wong/Getty Images)

«Yo resolvería la cuestión del error inofensivo en este caso ahora, en lugar de someter a las partes a una devolución sin sentido a la Corte de Apelaciones y a otra ronda de informes y argumentos, cuando la decisión de la Corte de Apelaciones es una conclusión inevitable».

Tanto el juez Kavanaugh como la jueza Jackson argumentaron en sus disidencias que los jueces gozaban de más poder del que sugería la mayoría en su dictamen.

La mayoría, en opinión del juez Kavanaugh, no aplicó una decisión anterior de la Corte Suprema conocida como Almendarez-Torres vs. Estados Unidos, que sostuvo que la Sexta Enmienda no requiere un jurado unánime para el aumento de la pena por una condena por delito grave anterior. La mayoría sugirió que ese caso era una estrecha excepción a la regla impuesta por la Sexta Enmienda.

Gorsuch y Jackson difieren

La opinión del juez Gorsuch se apoyó en gran medida en otro precedente —Apprendi vs. Nueva Jersey— en el que la Corte Suprema anuló la decisión de un juez de imponer una sentencia más allá del máximo permitido por la ley estatal. La corte inferior de ese caso había aumentado la condena basándose en la determinación del juez de que el delincuente estaba motivado por los prejuicios raciales.

La Corte Suprema sostuvo en ese caso que los aumentos más allá del máximo legal solo pueden provenir de determinaciones de hecho realizadas por un jurado. El juez Stephen Breyer, del que fue secretario el juez Jackson, escribió la opinión disidente y también la opinión mayoritaria en Almendarez-Torres.

En su voto particular del 21 de junio, la jueza Jackson criticó la decisión del caso Apprendi, afirmando que creaba una norma «defectuosa», y argumentó que la mayoría «estableció un requisito procesal que probablemente sea imposible de aplicar en la vida real».

Ella añadió que «siempre se ha esperado que un juez sentenciador considere una amplia gama de información —en realidad, cualquier cosa relevante para evaluar la pena apropiada— al determinar una sentencia».

Citando la disidencia del juez Breyer en el caso Apprendi, ella sugirió que consideraciones prácticas como la administrabilidad formaban parte de la exigencia constitucional de imparcialidad en el sistema judicial.

Una larga nota en el pie de página del juez Gorsuch explicó que, en su opinión, la jueza Jackson daba demasiada prioridad a la eficiencia del sistema judicial. «¿La jueza Jackson realmente cree que es demasiado pedir al gobierno que pruebe su caso (…) con evidencias fiables antes de buscar penas mayores en virtud de un estatuto como ACCA [Armed Career Criminal Act] cuando la [realidad] para los acusados como el Sr. Erlinger es la exposición a una década adicional (o más) en prisión?».

«El juicio con jurado puede haber ‘nunca sido eficiente’ … [p]ero el derecho a un juicio con jurado ‘siempre ha sido’ una parte importante de lo que mantiene a esta Nación ‘libre'», agregó a continuación, citando al exjuez Antonin Scalia.


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