La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes un intento del estado de Missouri de retrasar hasta después de las elecciones de noviembre la fecha de una sentencia contra el expresidente Donald Trump por una condena en Nueva York.
El alto tribunal, en una orden de un párrafo y sin firma, también dejó intacta una orden de silencio que fue impuesta por el juez del caso. Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito indicaron que habrían atendido el caso.
El fiscal general republicano de Missouri presentó hace semanas una petición ante la Corte Suprema argumentando que el caso de Nueva York vulneraba los derechos de los votantes y electores de su estado de cara a las elecciones. El Sr. Trump es el candidato del Partido Republicano a la presidencia en las elecciones generales.
En mayo, el expresidente fue declarado culpable por un jurado de falsificar registros comerciales para encubrir un pago de 130,000 dólares al final de las elecciones de 2016. Los fiscales dijeron que el pago estaba destinado a reforzar su campaña presidencial durante ese año.
Semanas antes, el juez Juan Merchan impuso una orden de silencio que impedía a Trump hacer comentarios públicos sobre los testigos, el personal del tribunal, miembros del jurado y otras personas relacionadas con el juicio que no fueran el propio Merchan y el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg, que llevó el caso.
El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, escribió en su demanda que cree que el caso contra Trump es un ataque al proceso democrático de cara a las elecciones de 2024 y que fue presentado para desprestigiar al expresidente.
El Sr. Bailey también sostuvo que la condena probablemente será revocada en apelación, pero que las restricciones que Nueva York impuso al expresidente Trump «limitan su capacidad de hacer campaña».
Missouri «tiene un interés fuerte y judicialmente exigible en que sus ciudadanos y electores puedan escuchar la campaña de Trump, libre de cualquier orden de silencio u otra interferencia impuesta por el estado de Nueva York», agregó el fiscal, según la petición.
«Permitir que las medidas de Nueva York se mantengan durante esta temporada electoral socava los derechos de los votantes y electores y sirve como un precedente peligroso que cualquiera de los miles de fiscales electos en otros estados puede seguir en el futuro», escribió el Sr. Bailey. «El interés público está firmemente con Missouri y la protección del proceso electoral de este tipo de intromisión partidista».
En respuesta a la demanda del fiscal general Bailey. el 2 de julio, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, escribió que Missouri no tiene capacidad legal para impugnar el caso contra Donald Trump.
«Aceptar la teoría ilimitada de Missouri sobre la legitimación, amenaza con inundar las cortes con una ola de agravios generalizados», escribió su oficina, diciendo que una persona o estado podría demandar «para impedir cualquier sentencia penal u orden que restrinja las declaraciones extrajudiciales afirmando un interés en escuchar o asociarse con el acusado penal».
La orden de silencio tampoco debería ser un obstáculo para el expresidente en su campaña, argumentó la Sra. James, porque «ya puede hablar de todos los temas que los declarantes de Missouri han atestiguado que quieren oír, incluidas sus opiniones sobre el fiscal de Manhattan, los testigos, los miembros del jurado y el juez del tribunal de primera instancia».
En el caso de Nueva York, el expresidente se declaró inocente y negó una serie de acusaciones que se hicieron contra él durante el juicio, que duró seis semanas. También ha prometido recurrir la condena.
La orden de silencio impuesta a Trump se mantendrá hasta que se dicte sentencia, dictaminó una corte de apelaciones de Nueva York a finales de la semana pasada.
La División de Apelaciones del Primer Departamento Judicial de Nueva York escribió que los argumentos del abogado del expresidente de que «la conclusión del juicio constituye un cambio en las circunstancias que justifica la terminación de la disposición de la Orden de Restricción restante es infructuosa».
«La justa administración de justicia incluye necesariamente la sentencia, que es ‘una fase crítica del proceso penal'», escribieron los jueces.
En un principio, el juez Merchan fijó la sentencia para mediados de julio, pero la aplazó hasta el 18 de septiembre.
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